Consciente o no, la Cuarta Transformación de la República se acerca rápidamente al primer balance formal. El tiempo corre más de prisa que la proyección que la mente humana le da al tiempo. Al principio, un sexenio se ve un tiempo largo, muy largo, casi suficiente para instrumentar cualquier acción, cualquier cambio. Pasan los días y el plazo se achica y la velocidad pareciera aumentar, el tiempo vuela y la capacidad de hacer lo propuesto en campaña se reduce también vertiginosamente. Muy pocos gobernantes tienen plena consciencia del valor del día tras día, por acción u omisión dejan para después lo que debiera hacerse de inmediato, máxime cuando de cambios impostergables y urgentes, se trata.
La soberbia del triunfo electoral toma por sorpresa prácticamente a todos los políticos. Casi todos los miembros de sus equipos y quienes se acercan a ellos siempre por interés contribuyen a distorsionar y envenenar al funcionario público. Es la primera vez que tal o cual tarea se hace; o también: nunca antes, nadie había pensado o iniciado tal acción y así hasta el cansancio.
Las cámaras de Diputados y Senadores cumplen un año de haber tomado posesión de sus curules, aunque la nueva administración federal llega a los nueve meses, poco, pero a la vez mucho tiempo.
A unos días de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador presente su primer informe de gobierno, el tema ya está en el ambiente político, y tanto la campaña propagandística como las informaciones y opiniones en los medios y las redes sociales, hablan de lo logrado en estos meses, en realidad apenas nueve, y también de los muchos pendientes que su régimen afronta.
La economía no ha crecido (lo que desata la crítica furibunda de los enemigos de la 4T) pero tampoco se ha derrumbado, como vaticinaban pesimistas, adversarios y críticos; hay en cambio estabilidad y hasta reducción del ritmo inflacionario, y también en el abastecimiento y precios de los principales productos que la población requiere.
Y se mantiene sobre todo un ambiente social distinto; la gente tiene por primera vez en décadas confianza y cercanía con su gobierno, y hay la percepción de que la corrupción, si tal vez no se ha eliminado del todo, va en retroceso, y se advierte la voluntad persistente de eliminarla de la vida pública.
Por supuesto no se ha acabado con la pobreza y la desigualdad social, que en ello hasta los más escépticos conceden que no es una tarea fácil y mucho menos rápida. Veremos en los próximos años qué tanto efecto tiene el incremento a los salarios mínimos muy por encima de las cifras inflacionarias, y la distribución de recursos de los programas sociales destinados a los sectores más vulnerables de nuestro país.
Hay en contraste muchos pendientes, de los cuales el más relevante, en donde se advierte incluso un repunte en las cifras negativas, es el tema de la inseguridad y la violencia que azota prácticamente a todo el territorio nacional.
En este rubro apenas se empieza. La Guardia Nacional es un proyecto todavía inconcluso y la estrategia social para recomponer el tejido y la convivencia en nuestras comunidades tardará en dar buenos resultados.
Así van también las cosas en Guerrero. Con todos nuestros rezagos que nos colocan en los últimos lugares en muchos de los indicadores nacionales, en los tiempos recientes el estado se distingue en cambio contra algunas de las dificultades generalizadas.
Mientras por ejemplo la economía nacional no creció en el último trimestre, los datos apenas conocidos hablan de que Guerrero tuvo un incremento económico del 1.3 por ciento, cifra ciertamente modesta pero que sin embargo destaca a la entidad a nivel nacional.
No sólo es el turismo, en Guerrero factor fundamental de la economía y el ingreso, que pese a todo se ha mantenido recientemente, ha crecido bien. En la minería, el contraste es más notable, pues mientras a nivel nacional su producción se redujo en siete puntos porcentuales, Guerrero fue el único estado donde la actividad se incrementó, en ocho por ciento.
En materia de seguridad, la situación guerrerense continúa muy delicada, pero por ello es importante destacar estrategias como la anunciada hace unos días, de conformar una Fiscalía Interestatal de seguridad con el gobierno de Michoacán, en la región colindante entre ambos estados, lo que terminaría de facto con lo que en ambas entidades se sabe es tierra “de nadie”. Por cierto, es plausible el proyecto de instalar cámaras de vigilancia a lo largo de la autopista siglo XXI, que une Morelia con Ixtapa y el puerto de Lázaro Cárdenas.
Tarde o temprano, la pacificación en Guerrero y en todo el país, tendrá que abordar el asunto de los grupos armados que, bajo el esquema de autodefensas o policías comunitarias, han proliferado en los años pasados. También habrá de incluirse la despistolización en todo el país, ya que no es posible hablar de paz cuando el tráfico de armas de todo tipo campea a la luz del día por todo el territorio nacional.
Por lo pronto, el propio presidente de la República ha desautorizado eventuales conversaciones y negociaciones emprendidas por funcionarios federales con estos grupos. El gobernador Héctor Astudillo ha rechazado asimismo la posibilidad de ese diálogo, pues como señaló, han terminado por servir a los intereses de quienes les pagan y proveen.
Lo cierto es que, en algún momento en el gobierno, en el federal y en el estatal, deberá decidirse como actuar para recuperar la armonía, la paz, la tranquilidad y el progreso, en especial con los grupos, surgidos y tolerados en la crisis de seguridad que todavía vivimos, pero que no tienen cabida en un esquema de pacificación, como tampoco la tienen las bandas delincuenciales.
El tiempo corre rápido y los problemas son gigantes. Ojalá que los funcionarios gubernamentales todavía recién electos no vayan a perder lo que se conoce como “el bono democrático”, es decir ese lapso de tolerancia y de esperanza que, ante el fracaso gubernamental, se convierte en decepción, reclamo y enojo de la población.