No digo que sea el infierno mismo porque allí suele haber condenados inocentes. Lo que pasó en el penal de Las Cruces en Acapulco la semana pasada donde, según cifras oficiales, fueron asesinados 28 presos, como si fuera un evento cotidiano en el sistema penitenciario de este país, da una idea de lo que puede ser el infierno. Antes se le llamaba cárcel y hora se le llama Centro de Readaptación Social (Cereso). Este es un botón de muestra de lo que sucede en la mayoría de las cárceles del país. Lo que sucedió en el penal de Las Cruces es una consecuencia de los antecedentes que tiene el sistema penitenciario que tenemos en México. En penales de Nuevo León y de Tamaulipas se han dado hechos semejantes en los últimos años.
¿Por qué tenía que suceder una masacre como ésta? ¿Tenemos que sorprendernos de esa masacre en un sitio tan “cuidado” por las fuerzas de seguridad pública? ¿Cuáles son las condiciones que permitieron que sucediera este hecho tan doloroso para las familias de los asesinados y para toda la sociedad? ¿Es posible prevenir que estos acontecimientos tan trágicos se repitan? Quiero señalar tres condiciones que se dan en todo el sistema penitenciario del país, que favorecen que este tipo de eventos puedan suceder con relativa facilidad.
La primera condición tiene que ver con el modelo vigente en el sistema penitenciario en el que prevalece un interés por la justicia punitiva. El primer objetivo de los penales es castigar a los internos mediante la reclusión y la imposición de reglas, muchas de ellas, inhumanas que lesionan la dignidad de las personas. La supuesta “readaptación social” es sólo un eufemismo, pero no está previsto ni están puestos los medios para lograrlo. La clave de los penales está en el castigo, que es una especie de venganza con el aval de la ley y de las instituciones que procuran y administran la justicia. El carácter preponderantemente punitivo de los penales es una apuesta por la deshumanización de los internos, que ya no son considerados como personas con futuro.
Se va abriendo paso, poco a poco, el interés en un cambio de modelo penal, pasando de la justicia punitiva a la justicia restaurativa. En estos momentos Colombia tiene previsto un proceso de justicia restaurativa y transicional, para lo cual creó la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, con el objeto de juzgar, castigar y buscar la reconciliación incluyendo a ex guerrilleros y a militares que hayan cometido delitos durante el conflicto armado. Es una apuesta por la restauración de quienes cometieron delitos en el contexto del conflicto armado para transitar hacia la paz. La justicia pone el acento en la restauración de las personas, tanto de víctimas como de victimarios, teniendo en la mira una eventual restauración de sus relaciones y la reconciliación nacional.
Para la justicia restaurativa, el delincuente tiene que ser sometido a un estatuto específico que lo ponga en condiciones de ser restaurado como persona, y el castigo está previsto como parte de su restauración. Un caso cercano lo tenemos en los pueblos indígenas, como los que están organizados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que tienen un sistema de justicia que se ocupa de la reeducación mediante el servicio a la comunidad y la reinserción social. Con los defectos y debilidades que pueda tener este sistema de justicia restaurativa, es más humano y da resultados. Y no es tan costoso.
Un sistema penitenciario que sólo busca el castigo, refuerza la psicología criminal y convierte a las cárceles en escuelas o universidades del crimen. Eso es lo que ha pasado y seguirá pasando, mientras no se busque recuperar la humanidad del delincuente.
La segunda condición está relacionada con el carácter corrupto del sistema político mexicano. La anhelada “readaptación social” queda cancelada desde el momento en el que intereses bastardos controlan el sistema penitenciario mediante prácticas corruptas que constituyen su modus operandi. Lo corrupto del sistema lo pudre todo, como en este caso, pudre la administración de la justicia. Tantos criminales gozan de impunidad mientras que los penales albergan a inocentes que tienen que sufrir el escarnio público por no contar con los medios para defenderse. Es tan frecuente la venta de la justicia al mejor postor y el retorcer las leyes para salvaguardar a los poderosos de la política o de la economía. Un sistema político corrupto produce un sistema penitenciario corrupto, así de fácil. Se trafica con la justicia y se castiga la disidencia y la inconformidad.
La tercera condición que facilita masacres en los Ceresos está en los llamados autogobiernos que funcionan en dichos penales desde hace mucho tiempo, que en los últimos años están controlados por las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. Esta condición se desprende de la maldita corrupción, ya que las mafias tienen mucho dinero para comprar espacios en las instituciones públicas, como es el caso de las cárceles. La corrupción ha abierto las puertas a los cárteles para que se apoderen y controlen muchos reclusorios en el país, entre ellos el de Acapulco. Infinidad de historias se escuchan sobre este hecho que suena ilógico: son las bandas criminales las que gobiernan en estos lugares tan “seguros”. Desde las cárceles se sigue extorsionando y se controlan muchas actividades criminales que afectan a la población. Incluso, es cosa común que en ellas fluyan las drogas para el consumo de los internos. Tal parece que las autoridades de los penales y el personal de vigilancia y seguridad, en la práctica, están subordinados a las organizaciones criminales que imponen sus caprichos y sus intereses.
Así las cosas, no debieran extrañarnos masacres como la de la semana pasada. Tanto el modelo de justicia punitiva, como la corrupción del sistema penitenciario, y el poder de las mafias de narcotraficantes hacen posible este tipo de eventos. En la práctica, los internos de los penales están condenados a vivir en el mismo infierno donde el poder y el dinero gobiernan y en donde nadie tiene posibilidades de redención.