Nacer en las hondonadas del olvido en la Montaña es un destino funesto contra el que tienen que luchar desde el vientre materno miles de niñas y niños que padecen los estragos de la desnutrición multigeneracional. La pobreza secular impuesta a bayoneta calada por los gobiernos caciquiles; la política nefasta del asistencialismo atroz que hace más cruento el sufrimiento de las y los olvidados; la persistente negativa de los gobiernos racistas que se niegan a garantizar el piso básico de la vida digna: alimentación suficiente y adecuada, agua de calidad y servicios efectivos de salud. Sobresale en la implementación de los programas clientelares la discriminación estructural y el uso faccioso de los recursos públicos. Se premia y se castiga a las familias pobres que no son leales al partido en el poder. Además de la violencia que se expande en la entidad, la desigualdad social está cavando tumbas a las generaciones futuras, que no cuentan con un lugar digno para vivir, un espacio seguro para estudiar ni un porvenir promisorio para contar con un trabajo seguro y bien remunerado. Desde niños tienen que luchar para sobrevivir: acompañando a sus padres y madres en los surcos del jitomate, deambulando en las calles para vender chicles o padeciendo las enfermedades de la pobreza en sus chozas de cartón con pisos de tierra. Desde la nada y contra todo un sistema racista las niñas y los niños se aferran a los brazos cariñosos y las manos callosas de sus mamás y papás. Desde ese lecho crecen y dan sus primeros pasos para escalar la montaña y tener el espíritu recio para enfrentar las adversidades.
De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Cochoapa El Grande es el municipio que ocupa el primer lugar en rezago social, marginación y pobreza extrema a nivel nacional y estatal. Tan sólo el 75. 81% de la población es analfabeta. Por su parte, el Consejo Nacional de Población (Conapo), ubica a Guerrero como la entidad federativa número uno de marginación en donde la falta de servicios básicos como luz, drenaje y agua potable es un común denominador; particularmente, en zonas donde la concentración indígena es mayor. Este bajo índice de desarrollo ha generado una inequitativa distribución de los recursos y una escandalosa desigualdad en la población, siendo un escenario propicio para la consumación de delitos y un terreno fértil para las violaciones a los derechos humanos.
Las adversidades a las que se enfrentan las niñas y niños de la Montaña les arrebata con violencia el derecho que tienen a la recreación, a disfrutar su infancia, como lo hacen los niños y niñas que cuentan con mejores condiciones socioeconómicas. Las grandes distancias que tienen que recorrer desde las 5 de la mañana decenas de niñas y niños indígenas para llegar a tiempo a su escuela, es un modo de estudiar que se ha normalizado. La niñez indígena que tiene el privilegio de asistir a la escuela no le queda otra opción que caminar más de una hora para llegar a estudiar y el mismo tiempo tiene que caminar diariamente para regresar a su casa. La mayoría lo hace con el estómago vacío y sin algún peso para comprar un antojo. Este esfuerzo se complica con el trabajo que tienen que realizar en sus casas al acarrear el agua, la leña y cargar al hermano pequeño. Los niños y niñas que van por los chivos son los que aprovechan para medio distraerse al cortar algún fruto o planta comestible cuando arrean los animales.
La falta de alimentos, de servicios básicos y de una revisión médica adecuada cobran la vida de alrededor de 18 mil 469 infantes en el estado, por año, según datos del 2013 del Inegi. Estas muertes no tienen ningún costo económico y político para los gobernantes. Nadie se entera de esta tragedia silenciosa, de las tumbas que cavan las familias para sus hijos e hijas que mueren por desnutrición, por falta de medicinas, por negligencia médica y falta de recursos económicos para trasladar a sus hijos enfermos a las ciudades. Morir en el piso de tierra o en el surco de Sinaloa o San Quintín es la cosecha de lágrimas que recolectan las familias jornaleras de la Montaña. Ninguna autoridad ha asumido la responsabilidad de atender a la población más vulnerable, la que está expuesta en todo momento a sufrir engaños, atropellos, agresiones, abusos, explotación y violencia de los capataces. Son los niños y niñas los que pagan con su vida ese trato criminal de las instituciones gubernamentales.
La descomposición del Estado de derecho y la violencia también los ha convertido en víctimas contantes de agresiones. Por ejemplo en los municipios de Tlapa y de Ciudad Altamirano se reporta un grave índice de maltrato infantil por parte de maestros y padres de familia, de acuerdo co la consulta infantil y juvenil nacional realizada por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).
La comunidad na savi de El Coyul es un ejemplo vivo de la indolencia de las autoridades educativas que han dejado en el abandono a los niños y niñas de preescolar y primaria. Los padres han decidido llevárselos a los campos agrícolas ante la nula respuesta de los funcionarios que no han enviado los maestros y maestras que necesitan.
En el Coyul únicamente se cuenta con el Centro de Educación Preescolar Indígena “30 de abril” y la Primaria Federal Bilingüe “Ignacio Manuel Altamirano”, pero ambos centros educativos se encuentran sobrepoblados. El personal docente es insuficiente y no cuentan con la infraestructura necesaria para que las niñas y los niños puedan recibir educación de calidad.
Desde su fundación en 1982 el Centro de Educación Preescolar Indígena “30 de abril” ha sido atendido por un solo docente, quien tuvo a su cargo la dirección, la administración, la intendencia, y además un número mayor de 80 niños y niñas a quienes les impartía clases.
A partir del 2012 llegó otro docente, pero la matrícula aumentó. En el ciclo escolar 2012-2013 se atendía a 90 alumnas/os; en 2013-2014 a 115 alumnos; en 2014-2015 a 138 alumnos.
Arbitrariamente, en el ciclo 2015-2016 la Secretaría de Educación Guerrero (SEG ) expidió una circular en el que especifica que si no contaba con suficientes docentes, no era necesario que se atendiera el primer grado, dejando un total de 50 niñas y niños sin el goce pleno al derecho a la educación.
Actualmente se atiende a un total de 93 alumnos del ciclo escolar 2016-2017, excluyendo a los del primer grado, cuyo número asciende a 30 alumnas/os.
En el caso de la Primaria Bilingüe “Ignacio Manuel Altamirano”, hay 12 grupos (279 alumnos) que son atendidos por siete docentes. Una de ellas funge como directora y maestra. A partir del año 2012 llegó otro docente, pero la matrícula aumentó. En el ciclo escolar 2012-2013 se atendía a 90 alumnas/os; en 2013-2014 a 115 alumnos; en 2014-2015 a 138 alumnos.
Ante la omisión de las autoridades locales y estatales, las madres y padres de familia de la comunidad se organizaron para interponer una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) la cual el sábado 29 de marzo de 2017 notificó a la SEG la recomendación 022/2017 en la que –por acciones y omisiones– reconoce la vulneración al derecho a la educación y de petición de la niñez indígena de El Coyul, por lo que pide al titular de la Secretaría de Educación de Guerrero, L
ic. José Luis González de la Vega que a la brevedad “se tomen las medidas pertinentes con la finalidad de proveer de forma permanente los docentes que sean necesarios para el Centro de Educación Preescolar 30
de abril y la escuela Primaria Federal Bilingüe Ignacio Manuel Altamirano a fin de restituir a los niños y niñas, el goce de su derecho a la educación”
Que se giren instrucciones a quien corresponda para que inicie y determine el procedimiento administrativo que establece la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y los municipios, en contra del delegado regional de Servicios Educativos Montaña Alta, con sede en Tlapa por vulnerar los derechos de petición, de educación e igualdad de los quejosos; debiendo informar a la Comisión del inicio hasta la resolución que se emita en el procedimiento citado.
Que se garantice a ambos planteles la infraestructura educativa que asegure a las niñas y niños una educación digna y de calidad en términos de lo previsto en el artículo tercero constitucional.
Pese a que ha pasado un mes de que el secretario José Luis González de la Vega recibiera dicha notificación, no ha resuelto ninguna de las peticiones y ha hecho caso omiso a la recomendación emitida. La omisión reiterada evidencia la falta de interés para garantizar los derechos básicos a las comunidades que menos tienen. La postura racista y discriminatoria no sólo se vive desde los grandes imperios sino desde quienes son de nuestro propia raza y color de piel, en el mismo estado.
Pese a ello, las madres y padres del pueblo de la lluvia, al igual que sus autoridades comunitarias, han decidido alzar la voz y defender los derechos de los niños y niñas. Están firmes para llevar su caso ante las instancias de derechos humanos que sean necesarias, porque como comunidad no permitirán que el gobierno siga cavando tumbas para la niñez pobre del estado y que continúe sepultando los sueños de justicia e igualdad para las futuras generaciones.