Desde principios de los años noventa se intentó crear en México la cédula de identidad, documento ciertamente útil, pues, entre otras cosas, protege la nacionalidad del individuo y lo pone a salvo de una eventual usurpación de personalidad. En sentido opuesto, tal cédula tiene inevitablemente los riesgos inherentes a todo instrumento de control estatal.
El sexenio de Carlos Salinas de Gortari concluyó sin que se diera paso alguno para dotar a los mexicanos del citado documento. Durante el periodo de Ernesto Zedillo tampoco se procedió a hacer realidad la disposición legal. Menos todavía con el “gobierno” de Vicente Fox, que al parecer se creyó el reyecito de Disneylandia y no el presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Con Felipe Calderón el proyecto parecía que iba a cristalizar, pues se le asignaron tres mil 400 millones de pesos, lo que no pasó de hacer algún aporte a la Clave Única de Registro de Población (CURP), pues el interés mayor era convertir la cédula en un instrumento más de la malhadada “guerra al crimen organizado” que dejó al país cubierto con la sangre de cien mil mexicanos.
Con Enrique Peña Nieto el proyecto pareció resucitar, pero como tantas cosas de ese sexenio todo acabó en agua de borrajas, esto es, en nada. Pero eso sí, la erogación en favor del Registro Nacional de Población (Renapo), dependencia encargada del asunto, rebasó los dos mil 600 millones en esos años de dispendio.
Un argumento que se manejó contra la cédula de marras fue que ya existía la credencial que extendía el Registro Nacional de Electores, y que con el Renapo se incurría en duplicidad, pues la mica del IFE, hoy INE, era aceptada como documento de identidad para las más variadas funciones. Sin embargo, se omitía que la credencial de elector era únicamente para mayores de 18 años, y que la cédula de identidad debía acompañar a la persona desde su nacimiento, en el caso de los mexicanos, o desde su ingreso al país, si se trataba de extranjeros.
En diciembre pasado se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral “para hacer un esfuerzo interinstitucional que lleve a generar una cédula de identidad”, según palabras del subsecretario Alejandro Encinas, quien dijo que se puede avanzar en ese propósito “aprovechando la infraestructura del INE y otras instancias”.
En efecto, el Registro Nacional de Electores tiene acumulada una gran experiencia en la materia, pues atiende a una población estimada en más de 90 millones de ciudadanos y dispone de una capacidad subutilizada, pues puede expedir 32 millones de credenciales cada año, pero sólo emite entre 15 y 16 millones.
El acuerdo entre Gobernación y el INE, sin embargo, en este sexenio de austeridad tiene un aspecto criticable, pues se propone avanzar manteniendo con vida dos organismos, el Renapo y el Registro Nacional de Electores, cuando lo procedente sería unificarlos, lo que permitiría aprovechar la experiencia y la infraestructura del segundo para cumplir con las metas del primero.
Por supuesto, el organismo unificado deberá extender la cédula de identidad a todos los mexicanos, obligatoriamente desde su nacimiento a partir de la creación del documento, y en cualquier momento para quienes ya han caminado en la vida. La identificación tendría que contener ya no fotografía, sino huella digital e imagen del iris, además de nombre, CURP y otros datos.
En todos los lugares donde se requiera el documento de identidad se tendría que contar con un aparato para cotejar la huella digital o un lector óptico, lo que hoy resulta posible porque se trata de tecnología computarizada, la única que tiende a bajar de precio en todo el mundo y a popularizarse precisamente por barata y útil.
Otro aspecto a discutir es si conviene a la sociedad que el organismo encargado de guardar los datos personales y expedir la credencial sea una dependencia de Gobernación. No se olvide que la autonomía del IFE, hoy INE, fue una reiterada demanda de la oposición, pues un registro de esa importancia en manos del gobierno en turno propiciaba los fraudes electorales y otros abusos. Tampoco parece sensato dejar el registro como parte del INE, pues sus funciones rebasan a ese Instituto. En fin, que se trata de un asunto con aristas filosas, lo que obliga a discutirlo con calma y mucha responsabilidad. Si ya pasaron varias décadas, bien podemos esperar un poco más.