En un grosero acto de censura, la Secretaría de Gobernación prohibió a las radiodifusoras del país la transmisión de un programa en el cual Andrés Manuel López Obrador aparece asumiéndose como “presidente legítimo” de México. De este modo se expresa el miedo gubernamental a un acto de la oposición, mismo que en otras condiciones no pasaría de ser una mera forma de protesta.
Paralelamente, personeros de la vocería presidencial advierten que no habrá publicidad oficial ni facilidades informativas para medios y periodistas criticones. Incluso, un petimetre encargado de la “comunicación social” del gobierno ya empezó a vengarse de los medios que mantuvieron un perfil profesional y se negaron a participar en la guerra de lodo durante la campaña electoral del año pasado.
En más de un sentido, estamos frente a desplantes de inmensa torpeza en tanto que lesionan gravemente la convivencia democrática, si es que todavía existe algo así después del cochinero electoral del año pasado. Golpear a la prensa crítica o censurar a un opositor tendrá un alto costo para Felipe Calderón, pues las libertades de que ahora disfrutamos son el resultado de varias décadas de lucha social en la que cientos de mexicanos fueron asesinados y muchos más reprimidos sin que eso pudiera contener la formidable oleada democratizadora.
El actual gobierno tiene grandes similitudes con el de Carlos Salinas de Gortari. Ambos surgieron de procesos irregulares, carentes de credibilidad para una porción del electorado. Ambos gobiernos, también, comenzaron con una tremenda urgencia de legitimarse. Salinas, con todas las mañas del priísmo detrás, convirtió a la Quina en su perro del mal y lo encarceló, persiguió con más espectacularidad que certeza a dos o tres corruptos y supo alentar en la sociedad la ilusión de progreso, hasta que todo el teatrito se le cayó al comenzar 1994.
Calderón, con menos recursos de todo tipo, tiene varios caminos para ir hacia esa ansiada legitimidad. Uno es hacer la política que espera la gente común, ir a la solución de los problemas sociales y actuar con respeto por la oposición y el derecho; otro es el recorrido hasta ahora con la represión del movimiento popular de Oaxaca, la violación sistemática de los derechos humanos, los abusos contra los detenidos de la APPO y la abierta protección que se le brinda a Ulises Ruiz y ahora también, por si algo faltara, al góber precioso.
Como complemento se pretende vender la idea de que se combate al narcotráfico, lo que resulta más falso que un billete de tres pesos, pues contra lo dispuesto por la Constitución se emplea al Ejército en funciones policiacas y, en un desplante entre ingenuo y perverso, se anuncia a los narcos hacia dónde se dirige la fuerza pública para que se produzca el efecto cucaracha y sólo resulten aprehendidos gatilleros de poca monta.
La guerra contra el narcotráfico no requiere de paradas militares, sino de una paciente, amplia y decidida labor de inteligencia que por ahora está ausente, o al menos no es mayor que en otros momentos. Otra clave indispensable para el éxito es crear las condiciones para que miles de jóvenes no hallen en el ámbito del crimen el empleo que les niega una economía que tiene por dogma la contracción y que pretende disfrazar con cifras macroeconómicas la pobreza de las mayorías.
A la delincuencia no se le puede combatir con meros desplantes, con exhibicionismo estéril. El efecto que sí se logra es amagar a todos los ciudadanos con la represión descarnada, con la violencia sin soluciones. Se trata de amedrentar, de advertir a cualquier persona del riesgo que corre si se atreve a defender sus derechos. Para un gobierno sin presupuesto y sin ideas, la violencia antisocial es siempre la primera opción, y con frecuencia la única.
El movimiento social de Oaxaca levantó demandas y pedía respuestas, pero el gobierno federal, que le debe a Ulises Ruiz favores electorales, optó por defender la satrapía con las viejas fórmulas: coptación de los liderzuelos magisteriales, balas y macanas contra los que se atrevieron a protestar, violaciones y otros atropellos contra los detenidos, a quienes se les envió a cientos de kilómetros de Oaxaca, aunque ni así logró el gobierno acabar con la rebeldía social, pues la digna protesta de los oaxaqueños se mantiene en pie.
En estas condiciones, la presencia pública de López Obrador adquiere otra vez una fuerza de la que carecería dejado sólo a sus recursos. Incluso, dentro del PRD hay quien estimaba conveniente que AMLO bajara su perfil y administrara mejor su proyección pública, en la idea de que se trata de un activo que debe preservarse para que reaparezca sin desgaste cuando sea más útil a su causa. Tonterías como la censura de RTC y la incesante campaña de ataques contra el perredismo y su líder tienen un efecto contraproducente: no sirven para replegar la protesta ni para acallar la denuncia, sino que invisten de relevancia lo que empezaba a ser rutinario. Tal vez eso busque el gobierno.