Para Felipe Torres Torres

Hemos expresado la tesis de que la corrupción es un factor que al entreverar todas las actividades de producción y comercio se refleja en los precios de las mercaderías con las que se solventa la vida diaria de las personas, convirtiéndose en un asunto que no alcanza a resolverse con la persecución de los delincuentes más visibles sino con el desarrollo que presupone crecimiento económico distributivo, convirtiéndose en una cuestión que escapa a las fuerzas de seguridad, pero también a los modelos de la econometría.
No es un asunto de policías y ladrones, pero tampoco un problema meramente técnico como lo sugiere la tecnocracia. El Consenso de Washington (1989) con el que se trazó el comportamiento a seguir por los gobiernos de los países no desarrollados bajo la órbita de Estados Unidos, filtró una política de acotamiento de la participación del Estado como si fuera un planteamiento técnico, cuando en sentido estricto se esgrime como un ordenamiento disciplinario con el que se cancela la determinación soberana de la vía del desarrollo.
Se trata de un imperativo político que, de suyo, desvela la ecuación sociopolítica con que se conforma la economía teniendo en el centro la participación del Estado, de manera que necesitamos definir las acciones del Estado para fincar la vía específica del desarrollo nacional. Esta es la ruta con la que podemos empatar la manoseada expresión de “cambiar el modelo” (que dicho a secas suena sugestivo, pero no dice nada) con las necesidades del desarrollo nacional distributivo.
En un país no desarrollado como el nuestro, la política social adquiere la condición de urgente y amplia, en ello no hay duda, empero, el problema de la capacidad de producción y comercio en un entorno glob@l de competencia tampoco se resuelve por esa vía. De manera que el combate a la corrupción y el robustecimiento de la política social son parte, pero no completan el cuadro de requerimientos para conformar la vía del desarrollo, que por supuesto no se completa con el acatamiento de las diez medidas del Consenso de Washington que se han acatado desde su establecimiento.
Los países desarrollados fuera de la órbita de Washington como son los países escandinavos o en un espectro más amplio, los países nórdicos, los países emergentes como los Tigres asiáticos y los BRICS (con excepción expresa de Brasil que ahora regresa al carril neoliberal) se distinguen fuera del criterio de disminución de la participación del Estado en su sentido más amplio, pues no sólo son partícipes de una elevada participación en la economía sino que también lo son en la política y la cultura.
Con una perspectiva acorde a su historia, circunstancia interna y de contexto mundial han asumido procesos de industrialización que les ha dotado de la capacidad de producción-ingreso y por ende márgenes de maniobra en la competencia glob@l, al hacerlo tras el reconocimiento de que el desarrollo interno se libra en correspondencia a los patrones socioproductivos que están en los principales circuitos de la demanda que tiene como parámetro la balanza comercial. Dime qué vendes y qué compras y te diré cuál es tu situación.
Y, sin embargo, la perspectiva de un país no queda resuelta sobre la base de lo que vende y compra por ahora, pues su sostenibilidad, cambio y progreso queda sujeto al fortalecimiento de las bases de incrementales de producción, comercio y empoderamiento. Y es aquí donde el papel del Estado precisa involucrarse en una ecuación perfectamente organizada de intervención que pasa en primer lugar por aparejar la educación, ciencia y tecnología al primer plano de las prioridades y apuntalar el desarrollo de capacidades donde se radican las perspectivas de la justicia que no depende del subsidio sino del trabajo-ingreso, y desde ahí la base de empoderamiento (de la que hablaremos en otra oportunidad).
Estados Unidos exporta principalmente aceites de petróleo, 61.9 mil millones de dólares (MMDD) y Microprocesadores referidos técnicamente como circuitos integrados monolíticos (33.6 MMDD), México importa principalmente aceites de petróleo (18.0 MMDD) y circuitos integrados monolíticos (14.9 MMDD), sin embargo, podemos reconocer que a cualquiera de nosotros podría parecer innecesario y poco aleccionador compararnos con la primer potencia mundial cuando en el Índice de Competitividad Global 2018 del Foro Económico Mundial (definido como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad) México ocupa el lugar 46. De manera que lo que resulta pertinente es reconocernos frente a lo que nos representan los países que hemos aludido fuera de la órbita de Washington.
Singapur exporta principalmente circuitos integrados monolíticos (52 MMDD) y aceites de petróleo (36.1 MMDD), Corea exporta principalmente circuitos integrados monolíticos (69.8 MMDD) y aceites de petróleo (25.5 MMDD), México exporta principalmente vehículos de turismo mil 500-3 mil cm3 (20.3MMDD) y vehículos para transporte de mercancías 5 ton. (16.1 MMDD) con una importante composición de piezas importadas y marcas extranjeras, no por ello se invalida, pero sin duda se demerita pues refleja una debilidad tecnoproductiva que nos coloca en gran medida bajo la condición de ensambladores o lo que se alude comúnmente como maquiladores. La deficiencia fundamental no es meramente financiera sino de tecnología, infraestructura y trabajo calificado. Sin reducirnos a ello, queda alguna duda sobre la puntual relevancia de estos factores estratégicos del desarrollo.
Cuando cruzamos la primera mitad del siglo, Corea enfrentó una guerra (1950-1953) al tiempo en que México se adentraba al milagro de su industrialización y crecimiento; Singapur se independiza de Malasia en la década de los 60 para emprender la marcha que lo lleva al desarrollo. Ambos países se reconocen como países desarrollados productores de manufacturas de alta tecnología con un ingreso per cápita (por persona) cercano a los 60 mil dólares/anuales en el caso de Singapur y de 30 mil dólares/anuales en el caso de Corea mientras que México se aproxima a los 10 mil dólares/anuales, lo que resulta de dividir su producto-ingreso nacional (PIB) sobre su población, es decir, que no se trata de un indicador de distribución del ingreso sino de productividad nacional, pues en materia distributiva, la desventaja de México es muy superior.
De manera que el desarrollo del mercado interior y el crecimiento son algo más que un porcentaje del PIB, la industrialización algo más que promover la inversión. La intervención del Estado precisa de una ingeniería socioeconómica que supone de esfuerzos adicionales a los del combate a la corrupción y la política social que, sin demerito de estos factores, implican el desarrollo de capacidades y más aún, pues el sector fuerte de las exportaciones nacionales no sólo padece la fragilidad del ensamble sino la amenaza de asumir los términos convenidos en el nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC) que podría ser la piedra de toque de un despeñadero. El camino es largo, lo importante es empezar.

[email protected]