La crisis de violencia que están atravesando los pueblos de Chiapas es indignante y exige un inmediato cese por parte de los gobiernos. La guerra desatada y tolerada en Chiapas sólo se compara en magnitud con los niveles de inoperancia, sordera y complicidad de los distintos niveles de malos gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación.
En su afán neoliberal y con tal de impulsar el despojo y los llamados megaproyectos –tal como hizo el ex presidente Carlos Salinas de Gortari–, estos recientes gobiernos han mantenido una guerra contrainsurgente a conveniencia y en simbiosis con el crimen organizado y grupos paramilitares financiados por ellos mismos en el sur.
En su comunicado “Chiapas al borde de la guerra civil” del 19 de septiembre del 2021, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ya advertía una vez más la situación crítica de asedio, incertidumbre y violencia contra los pueblos organizados por parte de grupos paramilitares auspiciados desde el Estado. En esa ocasión lanzaron el llamado y la denuncia por el secuestro de dos compañeros zapatistas: José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, autoridades autónomas de la junta de buen gobierno de Patria Nueva, Chiapas.
Pero el secuestro de las autoridades autónomas se sumó a la posterior agresión armada del 22 de mayo del 2023 contra la comunidad Moisés Gandhi y bases de apoyo del EZLN. En el ataque fue baleado Jorge López Santiz, base de apoyo zapatista. Los perpetradores, una vez más –como han reportado organizaciones de derechos humanos– fueron miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).
A decir del EZLN en su comunicado, “la ORCAO es una organización político-militar de corte paramilitar, tiene uniformes, equipos, armas y parque obtenidos con el dinero que reciben de los programas sociales. Se quedan con una parte y la otra la dan a los funcionarios para que publiquen que se está cumpliendo con el asistencialismo. Con esas armas disparan todas las noches contra la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi”.
En aquel episodio el EZLN agotó los canales posibles para la solución, en tanto que el gobierno estatal de Rutilio Escandón obstruía las negociaciones. Fueron organizaciones defensoras de derechos humanos y “la Iglesia católica progresista” las que valoraron con justeza lo que podría ocurrir. Si el conflicto no escaló hasta llegar a una tragedia, afirma el EZLN, fue por la intervención de los párrocos, las organizaciones, las movilizaciones y denuncias que hicieron eco en México y en Europa.
Desde entonces “el desgobierno de Rutilio Escandón está haciendo todo lo posible por que se desestabilice al suroriental estado mexicano de Chiapas. Sus alianzas con el narcotráfico provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa, porque el gobierno nada hace para preservar vida, libertad y bienes de los pobladores. El gobierno de Chiapas no sólo solapa a las bandas de narcotraficantes, también alienta, promueve y financia a grupos paramilitares como los que atacan continuamente comunidades en Aldama y Santa Martha”.
En un caso más reciente, este 7 de agosto, después de una intensa campaña en la que participaron colectivos, organizaciones y simpatizantes del EZLN, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) anunció la libertad de José Díaz Gómez, base de apoyo del EZLN y preso político cho’ol, luego de casi tres años de su detención arbitraria y tortura.
Este último hostigamiento contra comunidades indígenas abiertamente zapatistas lo relata El Capitán –antes conocido como Subcomandante Marcos y Galeano– en un texto titulado “Supongamos sin conceder” del pasado 8 de agosto: “Supongamos, sin conceder, que usted, como cho´ol, tuvo la mala suerte de nacer y vivir cerca de la finca de un personaje poderoso. Supongamos, sin conceder, que su nombre o gracia de usted es José Díaz Gómez, y está prisionero en una cárcel de Chiapas acusado de ser cho´ol y de… ser zapatista. Ahora, cambiando de canal, supongamos que usted puede tener acceso a lo que se dice en juzgados, estaciones de policía y cárceles de Chiapas. No sin pena ajena usted escucha lo siguiente: ‘Es zapatista, de los que critican y no apoyan al presidente. El jefe va a estar contento de que castiguemos a uno de los conservadores que se niegan a ser salvados por la modernidad y el progreso (o sea la 4T)’”.
O todo esto resumido en palabras del pensador Raúl Zibechi: “El progresismo es la ofensiva más fuerte contra los pueblos. Está envuelta con los códigos de los pueblos. Y eso representa la 4T. Una de las ofensivas más fuertes contra el EZLN”.
Alto a la guerra de la 4T contra las comunidades zapatistas.