Impunidad es la palabra que sintetiza la grave problemática que cotidianamente enfrentamos como guerrerenses ante la arremetida delincuencial, que sin ningún obstáculo atenta contra la vida de los ciudadanos y ciudadanas, y que, en contrapartida, las autoridades del estado se han replegado. No vemos acciones contundentes que demuestren la capacidad de los cuerpos de seguridad del estado y la federación para someter a quienes delinquen. Más bien las organizaciones criminales demuestran su capacidad de fuego para poner en jaque a las mismas corporaciones policiales. La proliferación de estos grupos hace que las autoridades del estado y la misma federación, hagan el trabajo de bomberos, concentrados en apagar el fuego sin poder controlarlo.
Este jueves 31 de octubre, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó al gobernador Héctor Astudillo, el Informe especial sobre la situación que, en materia de desaparición de personas y delitos vinculados, impera en el municipio de Chilapa, Guerrero. Manifestó que uno de los temas de mayor preocupación en los últimos años es el incremento de la violencia, cuya presencia afecta a todos los estratos sociales, y lo más grave, es el aumento de delitos cada vez más crueles e impactantes. Este panorama sombrío representa para todos los mexicanos y mexicanas una amenaza latente porque no hay forma de resarcir los daños, ni mucho menos de tomar el control de la violencia que lacera y que resulta inexplicable e inentendible.
Para el ombudsperson, la violencia en Chilapa tuvo sus inicios a principios de la década pasada. Se robusteció al amparo de la indiferencia e inoperatividad de las autoridades municipales y estatales. Esta inacción dio pie a que los grupos delictivos se empoderaran y se erigieran como un poder de facto. Las consecuencias han sido devastadoras por la desaparición de personas, los homicidios dolosos cometidos con violencia, los secuestros y la presencia de fosas clandestinas.
Para la CNDH el contexto económico, social y cultural de nuestro estado es un caldo de cultivo propicio para la proliferación de la delincuencia y de los llamados delitos de alto impacto, que sumado a una inadecuada procuración de justicia ante la falta de compromiso de algunos servidores públicos, se traduce en una violación y deterioro constante a los derechos humanos, generando una cultura de violencia que repercute en toda la sociedad. Tomando como referencia el informe de Justicia fallida en el estado de Guerrero, publicado por la fundación Open Society en el 2015, la crisis de seguridad se debe en buena medida a que “existen fuertes indicios de que la delincuencia organizada se ha infiltrado en algunas instituciones estatales, incluyendo la policía. A la vez, las familias de élite mantienen el poder y control de las instituciones públicas; instituciones que han abandonado a la población rural, indígena y pobre, facilitando así el reclutamiento por parte de los cárteles y abonando al descontento popular. Si la población de Guerrero ya no se sorprende por lo habitual de las atrocidades, a estas alturas también se ha acostumbrado al fracaso casi total del sistema de justicia del estado en lograr que los perpetradores sean responsabilizados y rindan cuentas”.
En Chilapa de Álvarez, la presencia de diversas organizaciones delictivas y el antagonismo que existe entre ellas, arrebató la tranquilidad de sus pobladores, generando día a día mayor desconfianza hacia las autoridades responsables de brindar seguridad, así como con aquellas encargadas de velar por su bienestar. La ubicación geográfica de Chilapa, su clima y su orografía conjugadas con la omisión y el abandono durante años por parte de las autoridades municipales, estatales y federales de ejercer de manera eficiente sus obligaciones en materia de salud, trabajo, educación y seguridad pública, entre otras, lo coloca como un punto estratégico para el cultivo, distribución y trasiego de enervantes y sustancias utilizadas para la elaboración de drogas químicas y sintéticas. Estos factores geográficos y políticos han desencadenado conflictos graves, al grado que en el municipio se han consumado enfrentamientos constantes entre grupos de la delincuencia organizada que se han disputado el control de este territorio. Lo doloroso es que han dejado a su paso un saldo muy alto de víctimas a causa de la violencia imparable.
Chilapa de Álvarez se ubica en el noveno lugar dentro de las 234 localidades catalogadas como de alta criminalidad en el país. En esta cabecera se cometen 136 homicidios por cada cien mil habitantes. De acuerdo con el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF), de 2007 a 2018 hay un registro de 828 personas desaparecidas en el estado, apareciendo Atoyac de Álvarez en primer lugar con 171 casos; Iguala 159; Acapulco 143; Chilapa 63 y Chilpancingo 50. Se pudo advertir que en 437 casos (52.77% de los agraviados), los acontecimientos que propiciaron la desaparición de las víctimas fueron atribuidos originalmente a servidores públicos adscritos indistintamente a dependencias de los tres niveles de gobierno; en 155 asuntos, (18.71%) se mencionó a miembros de la delincuencia organizada como responsables de tales sucesos; mientras que en 5 ocasiones (0.60%), los quejosos atribuyeron la desaparición de sus seres queridos tanto a agentes del Estado como a miembros de la delincuencia organizada, y, finalmente, en 231 casos, (27.89%), los denunciantes, señalaron no contar con indicios que pudieran presumir la participación de alguna autoridad o particular en la ausencia de su familiar, sin que tal situación se pueda descartar.
Respecto al número de fosas clandestinas en el municipio de Chilapa, la CNDH tuvo el siguiente registro: en el año de 2012 fueron localizadas 28 fosas clandestinas de las que se exhumaron 42 cadáveres; en 2013 se encontraron 4 con 8 cuerpos; en el 2014 fueron 6 las fosas halladas con 7 cadáveres; en 2015, 4 entierros ilegales con 6 cuerpos en su interior; en 2016 fueron 6 fosas las que se localizaron con 8 cuerpos; en 2017 se contabilizaron 5 fosas de donde se exhumaron 11 cadáveres; y finalmente, en el 2018 la autoridad federal reportó el hallazgo de 5 fosas clandestinas con 5 cadáveres. Por otra parte, en el periodo que va de 2015 a 2019 hay un total de 483 homicidios dolosos, de los cuales 311 fueron reportados como cometidos con arma de fuego, 36 perpetrados utilizando un arma blanca, en 136 casos se registró que fueron cometidos “con otro elemento”.
Ante esta problemática que se profundiza más en la medida en que las autoridades no establecen compromisos de coordinación para contener esta debacle, la CNDH emitió varias propuestas a las diferentes autoridades. A la Secretaría de Gobernación le solicita que en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y todas sus contrapartes en Guerrero, junto con las instancias de seguridad de los 81 municipios del estado, deben diseñar, establecer y operar políticas públicas y mecanismos que incidan en la protección de los familiares de las víctimas de desaparición y delitos vinculados, así como de los testigos, prestando atención especial a aquellas zonas con mayor incidencia delictiva.
Al Poder Ejecutivo del estado le ordena la realización de un análisis de contexto situacional de los aspectos relevantes que permitan identificar, relacionar y sistematizar los obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de delitos de desaparición de personas, así como de secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidios dolosos, en el municipio de Chilapa de Álvarez en particular y en la totalidad de la geografía estatal. Debe también propiciar la coordinación entre las autoridades que forman parte del Sistema Nacional y Estatal de Búsqueda de personas, incluyendo autoridades de los 81 municipios del estado. La CNDH propone también establecer las acciones necesarias para favorecer que las autoridades responsables puedan proceder a la identificación forense de la totalidad de los restos humanos que han sido hallados en el municipio de Chilapa y en toda la entidad, incorporándolos al registro correspondiente. Debe aplicar una estrategia que permita focalizar y reforzar los diversos programas sociales, de salud y de educación vigentes, con el objeto de reducir la pobreza que impera en Chilapa, con el apoyo de las autoridades federales y municipales.
Se trata de un informe especial que las autoridades del estado tienen el deber de analizar, pero sobre todo de llevar a la práctica sus propuestas. Es muy significativa la presentación del informe ante el gobernador y buena parte de su gabinete. Faltaron un gran número de familias del municipio que han dado la batalla para hacer visible un problema que no ha sido atendido en su justa dimensión. Es urgente desactivar los focos rojos de la violencia, lo que debe hacerse desmontando la estructura delincuencial que persiste en el municipio y en la que se encuentran involucrados funcionarios y autoridades municipales. La atención a las víctimas debe de privilegiarse evitando revictimizarlas, por lo mismo, la atención debe otorgarla personal que tenga sensibilidad y compromiso con las familias agraviadas. Chilapa es el microcosmos de la violencia, la contracara de una realidad que nos lastima, es el rostro de la muerte. Esta realidad no es gratuita, ni tiene que ver con un destino fatalista. Hunde sus raíces en la impunidad, en la corrupción y en la complicidad que se ha dado entre algunas autoridades con los grupos de la delincuencia organizada. Este maridaje perverso es lo que ha hundido a Chilapa en el pantano de la violencia.