En la presente década la primera toma y parálisis generalizada de la ciudad de Chilpancingo por parte de la delincuencia criminal ocurrió en la quincena inicial de julio de 2023. La segunda revuelta delincuencial de esa naturaleza sucedió a comienzos de febrero de 2024. Y sigue la mata dando…
La trilogía que es motivo-existencial de la delincuencia organizada es el dinero, el poder y el dominio de facto de territorios; por eso ellos no entienden de ley o autoridad establecida a someterse. Gracias a su poderío de asesinar impunemente es que pueden subordinar y sobornar, creando terror y temor con finalidades de persuasión económica socialmente forzada. Sus códigos de conducta son bipolares, de vida o muerte. No hay gradualidades ni medias tintas. La historia nos indica que a la fuerza criminal únicamente la doblega y extingue la fuerza institucional.
La génesis de la guerra interna por la disputa del control político, económico y social de la ciudad de Chilpancingo entre dos bandas de la delincuencia organizada viene de antiguo (lo dice el presidente AMLO en las postrimerías de su gobierno), en contubernio con las autoridades locales y se han adueñado de toda la vida territorial en donde actúan en forma soterrada o abierta. Gracias al “Sistema de Corrupción e Impunidad, S.A. de C.V.” –imperante, en Guerrero en particular y en México en lo general–, integrado por inescrupulosos gobernantes, funcionarios públicos, políticos, partidos políticos y empresas lavadoras de dinero, junto otros cómplices gremiales.
El poderío pandilleril en Guerrero fue desarrollándose a la par que la expansión del cultivo y tráfico de la goma de amapola en las regiones de la sierra y la montaña guerrerenses; y por el tráfico de paso de la cocaína proveniente de América del Sur. Hoy, ambos estupefacientes han quedado parcialmente desplazados por sustitutos (fentanilo y anfetaminas) en el comercio internacional, por lo que los narcotraficantes diversifican sus fuentes de enriquecimiento económico a partir de exacciones ilícitas en otras actividades económicas regionales normales; a través de la extorsión, el secuestro, el moche económico y la tributación forzada.
Los grupos locales empezaron a crear sus zonas de dominio a nivel micro regional, para luego escalar a estadios subregionales y luego ligarse a nivel nacional, gracias a las alianzas que hicieron, cada cual, con el crimen organizado nacional e internacional.
La disputa y el control territorial, casi total, de ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Chilapa, et al; empezó a tomar tintes sangrientos, cada vez más intensos, a partir de acuerdos secretos, entre gobiernos con la delincuencia criminal, para fines político electorales y de control de las policías municipales y estatales.
De acuerdo a las autoridades civiles, militares, eclesiásticas y a confesión de parte de alguno de los principales delincuentes, son dos bandas en Chilpancingo: Los Tlacos y Los Ardillos, los que han protagonizado en los primeros dos meses del presente año estas peleas homicidas e incendiarias, que han paralizado totalmente la capital del estado, sin que haya autoridad alguna (ni siquiera las fuerzas armadas) que lo impidan. Parte de los malandros organizados cuentan con la solidaridad de organizaciones criminales nacionales; así como con el enraice social que tienen en poblaciones rurales y colonias populares.
Las confesiones públicas en comento, dan razón plena, a la falsedad de la otrora respuesta negativa y de rechazo institucional expresada en su tiempo por el gobernador Héctor Astudillo Flores y su “maestro incómodo”, Florencio Salazar, sobre el rechazo al intento de diálogo que el ex obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, deseaba entre las autoridades de gobierno con las bandas organizadas ya que tenían casi intransitable y plagada de asesinatos las zonas: Centro y Montaña de Guerrero.
Es de sentido común que el diálogo y el pacto para la paz, digna y pública, se impone en cualquier crisis beligerante cuando se enfrentan dos adversarios con el mismo nivel y capacidad de fuego real; y ninguno puede derrotar al otro, como es el caso en Guerrero que lleva décadas en esa tesitura.
La cruda realidad violenta que hoy vivimos va en aumento e indica que el gobierno estatal y el municipal han sido rebasados con mucho por el crimen organizado. Las autoridades no han cumplido con su función principal de cuidar al pueblo. Las últimas acciones delincuenciales exhiben lo que ya se sabía con anterioridad: La estructura gubernamental sí tenía (y tiene) pactos vergonzosos de impunidad con los narcos, aun cuando persistan en mentir y decir reiteradamente que no.
Es el caso de la gobernadora constitucional, Evelyn Salgado Pineda, y de su “Papá incómodo”, Félix Salgado Macedonio. Son patéticos. Cada vez se vuelven más vulnerables y sus expresiones son huecas en tiempos canallas e hipócritas.
También los jefes locales de Morena, del PRI y el PRD sabían de esos acuerdos en lo oscurito con los dos bandos de malandros y avalaban que nadie se interpusiera en sus pactos de carácter delincuencial.
Otra vez, la cruda realidad terminó por imponerse en la reciente ola multihomicida que los desnudó a todos, doblegó al gobierno federal y patentizó, una vez más, el fracaso de la estrategia de seguridad que, obcecadamente, las autoridades mantienen de varios años a la fecha. Son tiempos de miseria política. No pueden ni quieren defender al pueblo indefenso.

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