La ciudad de Chilpancingo como centro de los poderes políticos, se ha ganado la mala fama por la inseguridad que siente la gente al transitar por sus calles. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del 2020, Chilpancingo se encuentra dentro de las 29 ciudades de mayor percepción de inseguridad después de Ecatepec, Estado de México, Uruapan, Michoacán, Coatzacoalcos, Veracruz, Fresnillo, Zacatecas, Iztapalapa, Ciudad de México y Villahermosa, Tabasco. De acuerdo con información de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en el primer semestre de 2021 se tuvo un registro de 175 personas desaparecidas, a nivel estatal. El puerto de Acapulco tuvo un reporte de 48 y Chilpancingo de 39.
Desde las primeras desapariciones que se dieron en el 2006, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, las autoridades del estado se desentendieron de este problema, y más bien dejaron que mandos policiacos se coludieran con grupos de la delincuencia organizada. En nuestro estado arrastramos la herencia caciquil que incorporó desde hace 50 años a personajes que cuentan con antecedentes delictivos, dentro de las agrupaciones policiacas. La mayoría de comandantes se ganaron la fama de secuestradores, torturadores y homicidas. El modelo del policía que persiste hasta la fecha, es el que lleva fajada su pistola al cinto, que apunta con sus armas largas para intimidar a la gente; que realiza detenciones arbitrarias y traslada a los detenidos a sus separos para torturarlos y extorsionarlos. En nuestro estado estamos lejos de contar con elementos de seguridad pública que con sus buenas prácticas den confianza a la población, que en realidad prevengan el delito y desactiven a los grupos que delinquen en las diferentes regiones del estado.
Las autoridades estatales y municipales prefieren tener dentro de sus filas a policías bravucones y desalmados, para incorporarlos como parte de su seguridad personal y familiar. La misma clase política que promueve la corrupción al interior de las instituciones públicas es la promotora de corporaciones policiacas iletradas en el campo de los derechos humanos y en el modelo de seguridad ciudadana. Los fondos millonarios que llegan de la federación, destinados para la seguridad pública, han tenido un uso discrecional por parte del Ejecutivo en turno, en colusión con la Secretaría de Seguridad Pública. Esta misma situación se reproduce en los gobiernos municipales, donde el presidente decide cómo usar estos recursos. No les interesa mejorar las instalaciones policiales, tampoco están dispuestos a invertir para que su personal se profesionalice. Regatean los recursos al mismo personal de seguridad al asignarles sueldos muy raquíticos, que no rebasan los 3 mil pesos quincenales. Además de estar mal pagados, les asignan actividades ajenas a su trabajo: los utilizan como guardias personales o como acompañantes de la familia del presidente; también realizan labores domésticas dentro de los domicilios particulares de los funcionarios. Se desempeñan como choferes o como chalanes para realizar maniobras que corresponden a otras áreas.
La capital del estado, además de ser el centro político, es la ciudad principal donde convergen los intereses económicos de los grupos de poder que tienen influencia en las siete regiones de la entidad. Su ubicación es inmejorable porque es el paso obligado para la mayoría de la población que vive en otras ciudades o habita en lugares recónditos, como la región serrana y la zona montañosa. De la Ciudad de México al puerto de Acapulco, para los turistas, burócratas, estudiantes, comerciantes y políticos, Chilpancingo es un paso obligado. Forma parte de la boca Sierra, que a través de varios ramales se bifurcan los caminos que van a los municipios serranos. Se extiende hacia la zona norte, donde se ubica la ciudad de Iguala, prolongando su ruta al estado de Morelos, que tiene como principal atractivo la ciudad de Cuernavaca a 90 kilómetros de la Ciudad de México. En la parte norte de la capital se encuentra el camino quebrado que comunica con la Montaña baja de Chilapa y la Montaña alta de Tlapa.
Chilpancingo es ahora un enclave estratégico donde se asientan varias organizaciones de la delincuencia que tienen el control de las rutas. Hay disputas a muerte en los municipios serranos de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, donde el grupo conocido como Los Tlacos ha expandido su dominio hacia Chilpancingo por la ruta de Chichihualco, confrontándose con el Cártel del Sur. En la ruta que comunica con el municipio de Juan R. Escudero se han asentado varios grupos que disputan el acceso a la zona serrana. En ese corredor lograron instalarse algunos grupos de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG) que se auto inscriben como policías ciudadanas, con una visión sui generis de las guardias comunitarias. En la cabecera municipal de Tierra Colorada funciona el Frente Unido para la seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG, que ha sufrido sensibles bajas por los conflictos internos que enfrentan. En la comunidad de Petaquillas, que se ubica en la parte oriente de la capital del estado, se han registrado varios enfrentamientos por el control de la ruta conocida como circuito azul, que comunica a los municipios de Mochitlán y Quechultenango. En este corredor el grupo de Los Ardillos ha tomado el control territorial, que se extiende a los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa en la Montaña baja. También existe comunicación con las comunidades nahuas y me’phaa de los municipios de José Joaquín Herrera, Chilapa y Acatepec que se encuentran en las estribaciones de la Montaña alta. Una nueva ruta que sale de Quechultenango rumbo a Ayutla ya se encuentra controlada por Los Ardillos. El segundo municipio pertenece a la Costa Chica donde convergen la UPOEG, Los Ardillos y un grupo no identificado que se desplaza desde Cuajinicuilapa a San Juan, municipio de Igualapa, extendiendo su influencia en los municipios de Marquelia, Copala y Cruz Grande. Es una nueva configuración delincuencial de la Costa Chica, que por un lado desemboca en la Autopista del Sol, avanzando por la ruta de Tierra Colorada y por el otro llega al puerto de Acapulco.
La ruta que va a la ciudad de Iguala se encuentra a escasos 20 kilómetros de la ciudad de Zumpango, perteneciente al municipio de Eduardo Neri, donde se mantiene una férrea disputa por este enclave entre el grupo de Los Tlacos, Guerreros Unidos y gente del Cártel del Sur. El crucero que conecta con las comunidades de Xochipala y Filo de Caballos es una ruta dominada por Los Tlacos que han replegado a los del Cártel del Sur, que buscaron refugio en algunas comunidades de Chilpancingo. Un crucero sumamente peligroso es el de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, por los filtros que han impuesto Los Tlacos en la ruta que va a Carrizalillo, y que en los últimos años han diezmado la fuerza y la presencia de Guerreros Unidos, que también menguó su capacidad de fuego en la ciudad de Iguala.
El conflicto minero que se suscitó dentro de la empresa Equinox Gold con los ejidatarios de Carrizalillo, quienes tomaron la mina por el incumplimiento de varias cláusulas del convenio que firmaron por tres años, se agravó por la influencia que tiene en la zona el grupo de Los Tlacos. Esta organización mantiene una alianza subrepticia con la empresa canadiense. Durante este periodo del conflicto, fue sorprendente y desconcertante la llegada del ex fiscal general, Jorge Zuriel de los Santos, quien manifestó su interés de mediar en el problema. Su presencia despertó muchas sospechas entre los ejidatarios, porque nadie esperaba su visita. Interpretaron que se prestó para defender los intereses económicos de la empresa minera y también para atender los requerimientos de los jefes de la plaza. Su llegada intempestiva y aparatosa fue para intimidar a quienes protestaban y para presionar a los de la mesa ejidal, con el fin de que abrieran la mina y aceptaran las condiciones planteadas por la empresa. Fue una negociación que dejó entrever la conjunción de intereses macro económicos y delincuenciales, con la presencia de un ex fiscal trabajando de su lado.
Este conflicto deja entrever la manera cómo operan actores del estado y los grupos de la delincuencia en una región minera, donde los dueños de la tierra tienen que plegarse a los intereses macroeconómicos de las empresas transnacionales. En esta cordillera existen varias concesiones mineras que forman parte del botín que se disputan grupos de la delincuencia, y que Los Tlacos han logrado controlar la zona, para imponer su ley entre las comunidades rurales. El abandono secular del gobierno y la pobreza extrema de las familias campesinas fueron factores que influyeron para que la siembra de la amapola se transformara en el cultivo milagroso para obtener ingresos económicos. El giro que adquirió la siembra y trasiego de la droga despertó la codicia entre los grupos de la delincuencia, al grado que el territorio serrano tiene nuevos dueños, que a punta de bala han desplazado de la región a varias familias para tomar el control de las rutas y de las mismas poblaciones. Existen varios municipios de la zona centro, zona norte, Tierra Caliente, Acapulco y Costa Grande con casos de desplazamientos forzados internos en los Municipios de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan, Pungarabato, Zirándaro, Coyuca de Catalán, Petatlán, Chilapa y Zitlala.

* Extracto del capítulo II “Guerrero, desde el silencio de tus sombras”, que forma parte del XXVII informe del Centro de derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan: Tu nombre que nunca olvido, publicado el 15 de diciembre de 2021.