Han pasado cien días desde que asumí la responsabilidad de encabezar la Consejería Jurídica, y si algo he confirmado en este tiempo es que gobernar desde el derecho implica mucho más que conocer la ley, requiere entender el momento, dimensionar el impacto de cada determinación y, sobre todo, asumir que detrás de cada decisión hay efectos reales en la vida pública. Porque en el servicio público, lo jurídico no es un trámite, es un punto de equilibrio entre lo posible, lo correcto y lo necesario.
Estos cien días han estado marcados por un contexto nacional complejo y por un entorno global que también plantea desafíos constantes derivados de las transformaciones políticas aceleradas, las tensiones económicas, los escenarios internacionales cambiantes y una exigencia social cada vez más informada y más legítima de respuestas claras. En ese entorno, cada decisión exige no solo rigor técnico, sino sensibilidad para entender el momento histórico que estamos viviendo.
Desde la Consejería Jurídica, muchas de las definiciones más relevantes no siempre son visibles. No se trata únicamente de revisar normas o de cuidar la técnica legislativa, sino de acompañar decisiones estratégicas, de prever escenarios, de anticipar riesgos y de sostener, en cada momento, el marco constitucional que da sentido a la acción pública.
Ese acompañamiento implica, de manera permanente, trabajar de la mano de la Presidenta. Acompañar a quien encabeza el Ejecutivo es una responsabilidad que exige claridad, criterio y una profunda comprensión del proyecto que se está construyendo. En estos cien días, he podido constatar de cerca su capacidad para tomar decisiones con firmeza, con visión de Estado y con un profundo sentido de responsabilidad social. En medio de un contexto complejo, su conducción siempre está orientada a avanzar sin perder de vista que el objetivo último es mejorar la vida de las personas más vulnerables, como decía el Presidente Andrés Manuel López Obrador: por el bien de todos, primero los pobres.
En ese proceso, el trabajo no ocurre de manera aislada. Forma parte de un esfuerzo más amplio en el que distintas áreas del gobierno articulan decisiones que deben sostenerse no sólo en lo político, sino también en lo legal. Desde la Consejería Jurídica se contribuye a que ese engranaje funcione, acompañando, orientando y dando sustento a determinaciones que requieren coherencia institucional y claridad en su implementación.
Estos cien días también han dejado claro que gobernar implica enfrentar escenarios complejos. Detrás de cada definición hay procesos de análisis, deliberación y coordinación entre equipos que buscan construir soluciones responsables en contextos exigentes. En ese espacio, el derecho no sustituye la decisión política, pero sí permite que ésta se sostenga, tenga dirección y pueda traducirse en acciones concretas.
Pero también han sido días de aprender de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de su congruencia, carácter, visión, prioridades, amor al pueblo, y defensa de nuestro país desde la trinchera de izquierda. Días de entender que la doctora Sheinbaum no se aparta un milímetro de sus compromisos, e incluso, que cuando no se logran las votaciones necesarias para aprobar sus iniciativas, busca alternativas para no perder su esencia ni su lucha. El trabajo jurídico dentro del gobierno no es un ejercicio aislado, sino parte de un esfuerzo más amplio por construir instituciones más sólidas, más justas y más cercanas a la ciudadanía.
Lo que no siempre se ve es la forma en que se construyen las decisiones. Detrás de cada política pública, de cada reforma, cada procedimiento, hay análisis, diálogo y coordinación que permiten que lo que se define no solo responda a una necesidad inmediata, sino que pueda sostenerse en el tiempo dentro de un marco de legalidad y responsabilidad. Es ahí donde el derecho deja de ser únicamente una referencia normativa y se convierte en una herramienta para dar orden, coherencia y dirección a la acción pública.
Algo que puedo afirmar con certeza es que una idea se ha vuelto constante: el desafío no es únicamente decidir, sino hacerlo en un contexto exigente, donde cada determinación debe estar a la altura del momento que vive el país. Las decisiones públicas no ocurren en el vacío; se toman en medio de expectativas legítimas, escenarios nacionales y geopolíticos naciona-les e internacionales. En ese sentido, servir desde el derecho no se reduce a aplicar normas, sino a contribuir a que el Estado funcione con sentido institucional, con claridad en su rumbo y con responsabilidad frente a la sociedad, esta es una exigencia de la primera mujer presidenta en nuestro país .

Nos leemos el siguiente martes.

@EsthelaDamian