El gobierno federal, al mando el presidente Andrés Manuel López Obrador, cumplió cien días de la llamada nueva administración y aunque hay opiniones diversas –¿en qué sociedad que se respete no ocurre? – los resultados intangibles están a la vista: mayor respeto por las instituciones, en especial por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo, por el Ejército y la Marina y por el concepto de gobierno, tan disminuido tanto a nivel federal, estatal y municipal.
Son muy pocos quienes reconocen que el principal problema del país en los últimos años es, precisamente, la ausencia de gobierno. La corrupción, la falta de vocación de servicio y el desgaste hicieron de los funcionarios públicos burócratas sin autoridad, mucho menos moral, al convertirse en empleados o instrumentos de los intereses que se han apoderado de espacios abandonados por la autoridad. Ello tuvo sus consecuencias políticas, sociales y económicas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la cruzada contra la corrupción, hoy por hoy, el principal cáncer nacional. La forma de iniciar esta lucha es mediante el convencimiento de que quienes formen parte del gobierno recuperen conductas de honestidad, ética y sobre todo vocación y servicio que se perdieron paulatinamente.
Por eso ahora, al cumplirse cien días de esta nueva administración de gobierno federal, más allá de resultados cuantitativos los más importantes son cualitativos y tienen que ver con la recuperación de la calidad moral, de la vocación en el servicio, del compromiso y de la renuncia al enriquecimiento desde los cargos públicos o de elección popular. La austeridad es la mejor acción que despierta el reconocimiento de los propios servidores públicos, en especial, de los ciudadanos a quienes se sirve.
Sin embargo, también hay resultados que serán la base para la solución de problemas crónicos y que afectan a toda la sociedad. Sin duda el de la seguridad es el más sensible a la población de todos los estados de la república, aún aquellos cuyas estadísticas reflejan todavía un clima de tranquilidad. Por ello, la creación jurídica del andamiaje de la Guardia Nacional resalta.
Tan sorprendente como la aprobación unánime en el Congreso de la Unión de la reforma que permitirá la creación de la Guardia Nacional, luego de tanta polémica y disenso, es la velocidad con la que los congresos estatales dieron su respaldo y su aval.
Los diputados de Guerrero y Campeche fueron los primeros en otorgar su aprobación a la modificación legal, al día siguiente de que los diputados federales acordaron la reforma, y apenas unas horas después de que se abrieron los respectivos periodos legislativos.
En el caso guerrerense, en el mismo día, el 1 de marzo, se inauguró el periodo de sesiones del Congreso, más tarde se llevó a cabo una segunda reunión, para conocer de la minuta enviada por la Cámara de Diputados federal, y luego una tercera, para votarla, en definitiva.
De manera similar ocurrió en Campeche en esa fecha, y en los siguientes días en una veintena de entidades. Ahora sólo se espera tener el voto aprobatorio de los congresos de todo el país para promulgarla.
Esta completitud no es necesaria, pues el procedimiento legal establecido señala que basta con la mayoría simple de congresos locales que la aprueben, es decir, la mitad más uno, o sea diecisiete estados, para que pueda declararse y promulgarse una reforma constitucional.
Sin embargo, el presidente López Obrador ha manifestado su deseo de actuar en este sentido una vez que se haya obtenido el refrendo de todas las entidades federativas. Atendiendo a ello, en el Congreso de la Unión, donde igualmente podría formularse ya la declaratoria de constitucionalidad, también se aguardará al beneplácito nacional.
Después, todavía faltan las llamadas leyes secundarias, éstas son aquéllas específicas que establecerán los detalles, alcances y límites de operación de la Guardia, y el marco legal en que ésta tendrá lugar.
Pero en Guerrero hay prisa. En nuestra entidad siempre ha habido demasiada violencia y criminalidad. Y cuando la oleada de delincuencia nacional nos alcanzó, sucesivos planes de pacificación y combate al crimen se han aplicado sin éxito. O con éxito relativo.
En el estado se han aplicado todas las fórmulas de fuerza armada, desde la intervención del Ejército y la Marina, la Policía Federal y la Estatal, hasta el reconocimiento de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa.
Por eso en cuanto se anunció el proyecto de la Guardia Nacional el gobierno guerrerense se pronunció en apoyo de la medida. Y aún en ciernes, se ha sabido que la zona más conflictiva del estado será uno de los lugares donde se estrene el nuevo cuerpo de seguridad.
Junto con la estrategia de seguridad, de Guerrero han salido también propuestas para cambiar el rumbo y darle cauce a lo que no se ha podido erradicar, básicamente, legalizar el cultivo y comercio de la mariguana, y darle un marco legal al cultivo de la amapola y al uso médico de sus derivados.
Todo ello se ha discutido en el congreso local y ahora es parte de los temas pendientes del Legislativo federal.
No es sólo la creación de la Guardia Nacional lo que habrá de representar la esperanza para enfrentar el gravísimo problema de la seguridad en Guerrero. Es la revaloración del gobierno, de la autoridad estatal y municipal, cuyos representantes en un gran número viven bajo el miedo a los grupos delincuenciales o violentos que se apoderan de la vida de la comunidad. La estrategia federal está clara: la violencia no se combate con violencia, la paz sólo se alcanza con oportunidades para todos, sin discriminación de nadie, con servicios públicos adecuados, en especial en salud y educación. La lucha contra la corrupción juega un papel relevante en el enfrentamiento de los problemas, específicamente el de la seguridad. Ojalá que juntos, el gobierno de Guerrero y el de la República, den con la fórmula para canalizar y resolver estos temas, que se encuentran en el origen de la compleja situación que se vive en la entidad y en el país.
De otra forma, no se podrá lograr la pacificación ni en Guerrero ni el territorio nacional, para lo cual no basta con una solución de fuerza, pues se requiere dar la expectativa de una vida digna a la población, con justicia y con bienestar.
No hay de otra.