Abelardo Martín M.
Julio 04, 2017
Están frescas todavía en la memoria colectiva las imágenes de la manifestación lésbico-gay-transgénero, que más bien debiera conocerse como de la concordia y la aceptación o la tolerancia colectivos. Todo se vale.
Lo primero que debe asumirse al abordar estos temas, trátese de estar a favor o en contra, es que su existencia social es innegable e incontrovertible. Como dirían los filósofos, su existencia es una verdad del tamaño de una montaña o de una catedral. Desde toda la historia de la humanidad han prevalecido las distintas opciones sexuales, en unas épocas con mayor tolerancia o condena que en otras. El análisis de mayor visión y profundidad, sin pretensiones, debe estar caracterizado por la comprensión, la tolerancia, la educación y sobre todo la salud y la felicidad de los mexicanos.
El respeto es la condición básica para la convivencia pacífica, la armonía y el crecimiento de una sociedad. Nada puede construirse, edificarse u organizarse si la premisa del respeto se soslaya o se omite. Sin respeto la tolerancia es un concepto sin sentido, una palabra hueca. Desde la familia, la célula básica de la sociedad, el respeto es más que la columna vertebral, es el cimiento, los pilares del edificio social. De ahí que más allá de lo sexual, el respeto al género constituye el núcleo de una sociedad sana o mejor organizada, su aplicación y desarrollo tienen que ver con el avance y la civilidad de sus integrantes.
Desafortunadamente la violencia de género no es exclusiva del Estado de México, en donde se registran los primeros lugares de feminicidios, sin que las autoridades hayan sido capaces de atender ese problema.
Un año después de que la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres reclamase la declaratoria de alerta de violencia de género en ocho municipios de la entidad, y más de nueve meses después de que el gobernador Héctor Astudillo aceptara las conclusiones y recomendaciones del informe que presentó el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud, hace unos días el gobierno estatal y la Secretaría de Gobernación accedieron a la demanda y emitieron el pronunciamiento respectivo.
A través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavi,), la Segob declaró ese recurso en los ocho municipios con más alta criminalidad de la entidad, en los que además se detecta una gran violencia en razón del género: Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa de Comonfort. Para qué sirve la declaratoria es difícil explicar, pero podemos intentar el análisis por partes.
La declaratoria emitida establece que el gobierno de Guerrero deberá implementar medidas de seguridad, prevención y justicia, entre las que destacan publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de la alerta, con información accesible para la población, así como diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia mediante la implementación de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo.
También deberá elaborarse un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres de acuerdo con la definición que se hace en la Ley, e integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
Asimismo, deberá establecer una estrategia de educación en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, para transformar los patrones culturales e impulsar la prevención de la violencia.
El documento oficial plantea además fortalecer la Fiscalía General, particularmente las agencias especializadas en investigación y atención a los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres, así como la especializada en delitos sexuales y de violencia familiar y la desaparición forzada de personas no localizadas. Lo anterior implica medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en estándares internacionales, así como la capacitación a servidores públicos.
Además, crear una unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación y proceso de los delitos que se denuncien.
La declaratoria dispone también que el Ejecutivo estatal deberá enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres, divulgarlo en medios de comunicación y replicarlo por otras autoridades estatales y municipales, particularmente en los municipios donde se ha declarado la alerta.
Finalmente, y considerando el contexto de los pueblos y comunidades indígenas así como afrodescendientes en el estado, estas acciones deben desarrollarse desde una perspectiva intercultural que atienda la violencia de la que son víctimas las mujeres pertenecientes a esos grupos.
En el papel todo suena muy bien. La alerta de género es un mecanismo relativamente novedoso, previsto en la Ley promulgada hace una década, y sólo aplicado recientemente.
Con ésta, hasta la fecha la Conavim ha emitido diez declaratorias. Las anteriores fueron en municipios de los estados de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima y San Luis Potosí. Hay otros procedimientos similares en trámite, en municipios de Campeche, Jalisco, Nayarit, Puebla, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, aunque no hay ni ha habido procedimiento iniciado ni instaurado en Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez, donde la gravedad de la violencia de género ha sido inocultable al grado de que hasta películas se han hecho sobre las centenas de mujeres, sobre todo jóvenes y adolescentes desaparecidas y asesinadas. Pero esas omisiones no son tema de estas líneas.
A partir de lo ocurrido en los últimos días, el gobierno de Héctor Astudillo tiene la atención nacional e internacional puesta en torno a este tema. ¿Será eficaz, tendrá éxito? ¿Podrá abatir la violencia criminal que lastima el tejido social, genera el miedo y deriva hasta en la migración de la población, y podrá proteger específicamente a los sectores vulnerables?
Ya próximo a cumplir el segundo año del actual gobierno, los resultados no son muy halagüeños. Y si nos ponemos pesimistas, tampoco se advierten resultados notables como producto de las declaratorias de alerta que han empezado a acumularse en todo el territorio nacional. Tal vez el esquema fue copiado de las legislaciones europeas o de alguna otra región del primer mundo y ya “tropicalizado” probablemente aquí no resulte tan efectivo. Si las estructuras de gobierno no han podido controlar la oleada de violencia que azota al país hace ya un decenio, no se ve cómo hacer prevalecer la perspectiva de género en un escenario en que los criminales dominan territorios y doblegan autoridades.
Pero por lo pronto, alertados ya estamos. Ojalá sirva de algo y si es por el lado de la violencia de género y se dan resultados, bienvenidos, porque en lo general se va de mal, a peor, aunque las campañas de publicidad intentan convencer de lo contrario.