Existe algo más que el conocimiento,
la experiencia, lo que enseña la observación de la realidad y la ciencia. Sándor Márai.

La construcción de ciudadanía en un país con genes autoritarios es más complejo de lo que se pudiera pensar. Se debe contar con el ambiente propicio para que aflore el ciudadano: Estado de derecho, en primerísimo lugar; cultura de la responsabilidad social y cumplimiento de los deberes aparejado a la exigencia de los derechos. El ciudadano es fundamental para el desarrollo y prevalencia de la democracia, la transparencia y rendición de cuentas, respeto a la vida privada y debate en el espacio público, incluida la libertad de expresión.
Nos hemos dotado de instituciones electorales ejemplares pero los componentes del sistema democrático con frecuencia se desacompasan y suelen ir atrás de la democracia que postulamos. Ello se debe –principalmente– a que no se cumple a cabalidad con el acuerdo político establecido en la Constitución General de la República. Es el caso de la división de poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial tienen la misma jerarquía constitucional para controlarse entre sí conforme a sus competencias. La realidad nos dice otra cosa.
Con frecuencia ocurre que el partido que obtiene la Presidencia de la República también logra una mayoría legislativa. Los legisladores del partido gobernante, diputados y senadores, han sido impulsados o aprobados por el candidato presidencial o presidente. Las cámaras legislativas son el poder político por excelencia: acuerdan la agenda legislativa, aprueban el presupuesto y la cuenta pública, tienen vínculos estrechos con estados y municipios, sintetizan la pluralidad política con los grupos parlamentarios y tienen amplia capacidad de gestión. El problema es el sometimiento del Legislativo al Ejecutivo, ya que aquel –siguiendo el interés del Presidente– puede reformar leyes, aprobar impuestos y fingir demencia ante irregularidades administrativas.
En el caso del Poder Judicial, el Presidente tiene la facultad constitucional de proponer al Senado de la República a ministros de la Corte. En caso de tener mayoría legislativa sus propuestas pasarán a formar parte del colegiado judicial. En ese proceso se establece un vínculo de subordinación al Ejecutivo. Generalmente no se rompe el cordón umbilical de los altos jueces debilitándose a los garantes del cumplimiento de la Constitución.
Gobernadores de los estados, alcaldes de los más importantes municipios, incluso algunos diputados locales, han sido impuestos desde el centro. Se cierra así un mecanismo que otorga al Presidente las llamadas facultades metaconstitucionales que, exacerbadas, pueden permitir concentrar el poder ausente de responsabilidad. La no reelección del presidente ha impedido la dictadura y así conviene mantenerla en el actual sistema político.
Por su parte, los partidos políticos son longevos y prácticamente sin cambios. En la actualidad la mayor parte de la población –se pueden consultar diferentes encuestas– tiene mala opinión de éstas organizaciones. Los partidos son dirigidos por grupos oligárquicos, por élites que se suceden ya sea por grupos afines u opuestos. Se puede despreciar a los partidos e ignorar a sus líderes; la cuestión es que, tarde o temprano, habrá que tocar a sus puertas, pues son la única vía para participar en las candidaturas.
Además de votar, ¿qué papel le toca al ciudadano? El modelo político-democrático tiene tal cantidad de arreglos que, para desmontarlo y modernizarlo, habría que pensar en un nuevo mecanismo de funcionamiento. En nuestra historia han triunfado los federalistas sobre los centralistas, los liberales frente a los conservadores. Podríamos suponer que, de haber permanecido el Imperio de Agustín de Iturbide, si Juárez hubiera sido derrotado o Porfirio Díaz mantenido el poder, es posible que, por la influencia europea, después de la república centralista, México tuviera un régimen parlamentario
Se puede apreciar que los sistemas federal y central no son naturales a la idiosincrasia del mexicano. El federalismo es consecuencia de la influencia política de Estados Unidos. Con las raíces imperiales –españolas y aztecas– quizá hubiera sido un mejor arreglo la república central. Estados Unidos cerró el paso al expansionismo de Napoleón III y de ahí nuestra réplica de república federal. En nuestros días el federalismo se está agotando y el centralismo es un proyecto liquidado.
Por si fuera poco en México ha decrecido la calidad política y de sus políticos. ¿A quienes podríamos calificar, hoy, de estadistas? Ante la sucesión presidencial se hacen propuestas para el desarrollo del país, el combate a la pobreza, el mejoramiento de los sistemas de justicia y seguridad pública, la atracción de inversiones, y más. Pero nada se escucha respecto a la necesidad de una nueva reforma política. Posiblemente la actual crisis política ofrezca el momento de dar un giro de 180 grados.
Esta puede ser la hora de pensar en un sistema semi parlamentario (jefe de Estado y presidente, jefe de gabinete y Parlamento con reelección electo por mitades). Comisiones parlamentarias abiertas a la ciudadanía; y pluripartidismo sin riesgo de pulverización. Desde luego, me preocuparía el lirismo del mexicano, la tropicalización del verbo, con repetidos votos de censura.
Cualquier reforma política realizada sólo por las élites, con una masa ciudadana testimonial, no provocará cambios perdurables. Peor escenario sería el cambio radical sin programa. Es necesario, pues, que el actor principal no sea nomás un ingrediente. El papel central corresponde al ciudadano. Sin embargo, el ciudadano es resultado de la educación y la cultura, de un proceso formativo, y eso ocupa tiempo.
¿Tenemos estadistas que actúen en razón del ciudadano insuficiente que somos? ¿Somos ciudadanos capaces de apostar por el interés general? Esos son los desafíos.