Jesús Mendoza Zaragoza
Diciembre 05, 2016
Era de esperarse este resultado. Vecinos de Tierra Colorada rechazan a las dos organizaciones de autodefensas, la UPOEG (Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero) y el FUSDEG (Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero), que emergieron en medio de la crisis de seguridad en algunas de las regiones del estado. El modelo de organización y de acción seguido por ambas policías ciudadanas no da para más y están sumidas en una crisis tal que necesita una solución urgente antes de que se complique más.
La primera organización surgió en una emergencia de seguridad, en un esfuerzo legítimo de defender a las comunidades de los excesos de la delincuencia organizada, mientras que la segunda surge como una escisión de la primera. En un contexto de emergencia no se dieron el tiempo para definir un modelo que les diera un aliento de largo alcance. En sus primeros tiempos, fueron muy visibles sus logros ya que limpiaron varias regiones de organizaciones criminales, lo que provocó el entusiasmo de muchas comunidades al grado de que tuvieron una rápida expansión. Al final, ambas organizaciones se rebasaron a sí mismas y se han extraviado.
Hay que señalar que estas organizaciones de autodefensa surgieron ante la omisión del Estado para garantizar la justicia y la seguridad y fueron llenando el vacío que dejó en este tema. Pero había riesgos muy previsibles que tenían que correr. Una vez que estas organizaciones tomaron las armas para defender y proteger a los pueblos en los que tenían presencia, ya no pudieron ni quisieron dejarlas. Y la lógica de las armas al margen de la legalidad y del control de las comunidades, hizo que se desarrollara una rivalidad entre ambas. El resultado ha sido doloroso: abundantes muertos y comunidades divididas.
Por otra parte, el Estado fue desarrollando un manejo turbio de la situación legal y política de estas organizaciones y no cumplió su obligación de intervenir para que tuvieran el marco legal adecuado. Hizo intentos de cooptarlos en la llamada policía rural, que no tenía futuro porque significaba meterlos en el sistema corrupto de seguridad de las policías convencionales, como las municipales, estatales y la federal.
Un caso muy diverso es el de la CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias), que tiene un talante comunitario, donde las autoridades y las asambleas comunitarias son la clave para la seguridad, pues las policías comunitarias dependen de las autoridades comunitarias, mientras que en la UPOEG y el FUSDEG no es así. En estas organizaciones ingresaba todo mundo, así tuvieran antecedentes penales o criminales, al margen del control de las comunidades. Y los intereses de sus liderazgos, muchas veces no han coincidido con los intereses de las comunidades y empezaron a desatarse dinámicas parecidas a las de las organizaciones criminales que controlan y disputan territorios.
¿Qué hacer? Creo que debe resolverse a fondo este asunto para prevenir más conflictos y enfrentamientos. Tiene que crearse un marco legal adecuado, de manera que dejen de estar reguladas arbitrariamente por sus líderes. Y este marco legal tendría que parecerse más al de la CRAC que al de la policía rural. Es decir, que el control de estas policías esté en manos de las autoridades comunitarias y no del mejor postor. Para esto se requiere un camino de diálogo entre las dos organizaciones referidas y con las comunidades en las que están presentes, que abra paso a establecer un verdadero sistema comunitario de seguridad.
Por otra parte, yo creo más en la posibilidad de que los ciudadanos emprendamos iniciativas de seguridad con otro tipo de armas, tales como la participación, la organización y la movilización. Mejor llamémosles herramientas. Las armas en manos de ciudadanos implican más riesgos que posibilidades. Hay que poner en juego la ya existente organización de las comunidades en el campo y la que haya en las ciudades, como un camino que ya está abierto para que los ciudadanos hagamos la parte que nos toca en el tema de seguridad.