Grupos de aparentemente sólo hombres jóvenes, cubierta la cara con paliacates o pasamontañas, se dedicaron en los últimos días a destruir inmuebles y monumentos al paso de manifestaciones de inconformidad o de conmemoración de acontecimientos históricos, como el del 2 de Octubre, ya clasificado como una matanza contra estudiantes, lo que durante décadas fue negado por los gobiernos priístas.
Los testimonios de fotografías y videos que circularon en las redes sociales, en la televisión y en los portales de información de todo tipo, de la destrucción que provocaron estos grupos delincuenciales, constituye la evidencia más clara de la violación flagrante de la ley y de la impunidad prevaleciente en este tipo de marchas de inconformidad, de protesta o de conmemoración. Obviamente no son hechos menores o que pudieran pasar desapercibidos, son la causa y la consecuencia de gobiernos temerosos de aplicar la ley, no necesariamente reprimiendo, sino en el uso de la tecnología al alcance ya de prácticamente todas las policías en el mundo.
Estas imágenes circulan en todo el mundo y forman parte de la imagen que se proyecta de México en el extranjero, sin menospreciar los productos que exaltan los valores, la cultura, la comida, las playas y los sitios turísticos bellísimos con que se cuenta en prácticamente todos los estados de la República, en especial aquellos que colindan con el mar.
Sin embargo, no podría hacerse un análisis de estos hechos sin destacar el carácter provocador de personas, grupos o intereses que auspician y financian este tipo de agresiones no sólo al orden establecido, sino a los gobiernos y a la sociedad en su conjunto.
Destruir una propiedad privada, puertas o vidrios, o algún monumento histórico, son hechos que merecen todo el peso de la policía y de la ley. Seguramente en la mente de esos agresores prevalece el pensamiento de que hay ausencia de fuerzas del orden que apliquen la ley. Una y otra vez, estos grupos delincuenciales han salido a las calles a provocar destrucción, zozobra y obvio debilitamiento de la autoridad, a la que se desafía abiertamente. Estas actitudes cunden hasta que se les pone un límite. Nadie en sus cabales podría defender a quien hace una pinta (por legítima que fuera su manifestación) de un monumento histórico o rompe impunemente un vidrio o incendia un portón o una librería. Constituyen actos abiertos de provocación que las investigaciones, ojalá, descubran a sus patrocinadores y no sólo a quienes los realizan.
El tema, tiene que ver con la descomposición que ha padecido México desde hace décadas, aunque hace apenas cinco años después de la tragedia de Iguala, hecho en el que pervive la esperanza de dar con los 43 normalistas desaparecidos. La vergüenza de ese hecho ha crecido al paso del tiempo.
En uno de los primeros actos del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre pasado, se instaló una comisión especial para aclarar el caso, y las investigaciones se han reabierto.
Personajes como el exgobernador Ángel Aguirre Rivero y los exprocuradores federal, Jesús Murillo Karam, y estatal, Iñaki Blanco, han sido citados recientemente para ampliar sus declaraciones, y hay recompensas en dinero para quien aporte información sobre el paradero de los 43, y en particular sobre uno de los personajes que se considera clave en la operación delictiva.
En el aniversario de la desaparición, la marcha encabezada por los padres de los 43, en el Paseo de la Reforma rumbo al zócalo de la ciudad de México, fue pretexto para que un grupo de vándalos infiltrados pintarrajearan monumentos y edificios históricos, rompieran vidrieras e hicieran otros innumerables destrozos.
Son tiempos de claroscuros que se advierten en la vida cotidiana del estado.
En el puerto tendrá lugar en estos días el Congreso Internacional de Innovación, Tecnología y Sustentabilidad, en el Instituto Tecnológico de Acapulco, y desde la semana pasada está prohibido que tiendas y negocios entreguen bolsas de plástico, popotes o empaques de unicel a los consumidores.
También se dio a conocer que Guerrero será el estado invitado a la edición 47 del Festival Internacional Cervantino, que se celebra en Guanajuato, bajo la divisa “La llama de la independencia”, que une a ambas entidades.
En contraste con esas imágenes primermundistas, a fines de septiembre tres militares fueron muertos como resultado de una emboscada por bandas de narcotraficantes en el municipio de Leonardo Bravo, en la sierra de Guerrero.
En lugares como Apaxtla, la policía comunitaria ha decidido reinstaurar el toque de queda, que ya había aplicado hace tres años, en horas de la medianoche a la madrugada, ante las amenazas de grupos criminales y para evitar su infiltración. Esto luego fue negado por el gobierno estatal y el presidente municipal. Pero el hecho subsiste.
Por si ello no fuera suficiente, una predicción que puede sonar catastrofista, pero que habrá de constatarse en breve tiempo: la del exgobernador y ahora diputado federal René Juárez Cisneros, quien pronostica que habrá hambruna en zonas de Guerrero por la entrega tardía de fertilizante a los campesinos en el actual año agrícola, asunto al que nos hemos referido reiteradamente en esta colaboración, por el desorden que implicó su distribución.
Para completar el panorama, trastornos meteorológicos como el de Narda, dejan incontables daños materiales; y vuelve a temblar en la región, aunque de manera relativamente benigna, con cinco grados o menos de magnitud, y sin mayores afectaciones.
Así transcurre la vida en la entidad, y tal vez por ello el gobernador Héctor Astudillo puede decir que “en Guerrero estamos acostumbrados a trabajar en condiciones difíciles, adversas”.
Así ha sido siempre, tal vez, pero en la actualidad la paciencia y la resistencia de la gente está a prueba, y es cada vez menor.
Lo mismo ocurre ante las agresiones y provocaciones de grupos desafiantes de la autoridad en las últimas semanas. Aprovechar manifestaciones masivas, justificadas en una sociedad abierta y democrática, no pueden ser más el pretexto para la agresión, para el delito impune, para la destrucción. Las autoridades tendrán que encontrar el camino para hacer justicia sin reprimir, actuar para que la impunidad desaparezca y sobre todo para que la sociedad recupere la confianza en su más amplia expresión.