La convocatoria nacional denominada Cohesión Social tiene como propósitos fundamentales: contrarrestar la mediocridad gubernamental, la pobreza, la desigualdad social, así como la relativa pasividad ciudadana que se presentan en nuestro país en un entorno cada vez más difícil y hostil, interno y externo. Para eso, requisito primordial es la preeminencia y salvaguarda de todos los derechos humanos: a la nutrición, educación, salud, trabajo, vivienda, justicia, paz, a la no discriminación o marginación social, a un medio ambiente sano y sustentable, entre otros.
Alcanzar esos propósitos es posible hacerlo a través de varias vertientes: La política, desatando verdaderos cambios institucionales para tener un buen gobierno; dando paso a nuevas y novedosas políticas públicas; motivando un mayor dinamismo y apertura ciudadana, en el marco de una mayor corresponsabilidad civil. Para la buena gobernanza democrática es menester desarrollar capacidades institucionales públicas que posibiliten tener gobiernos honestos, sólidos, eficientes y eficaces (sin mayor dispendio del erario público) que brinden la suficiente transparencia, rendición de cuentas y entrega de resultados tangibles, sobre todo para los que menos tienen.
La otra vertiente es la económica, al impulsar las actividades productivas incluyentes y el trabajo digno y decoroso; así como reactivar a la población económicamente apta que actualmente está en cesantía y que puede de inmediato participar en la generación de mayor riqueza nacional, con una mejor distribución equitativa de la misma, mejorando los ingresos de las familias y su calidad de vida. Fortalecer nuestro mercado interno dando preferencia a la adquisición de productos nacionales, producidos regionalmente por los pequeños y medianos negocios. Necesario es revertir la privatización de los estratégicos recursos naturales que como nación detentábamos para moldear soberanamente nuestro propio crecimiento económico.
La vertiente social. Para que todo lo anteriormente reseñado suceda, requisito indispensable es que el colectivo humano se desenvuelva con la plena vigencia de todos los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales que posibiliten disminuir la desigualdad social. Dado el agudo resquebrajamiento de la urdimbre social se requiere generar una nueva cultura de la corresponsabilidad con la activa participación ciudadana, donde los civiles se involucren mayormente en la cosa pública; por medio de principios, valores, prácticas democráticas y comportamientos éticos, exigibles a todos y por todos, principalmente en los territorios que acusan una mayor corrupción e impunidad. De lo que se trata es de construir una nueva cultura de la dignidad ciudadana. Hasta ahora, inmisericordemente pisoteada por los malos gobiernos y su correlato, la delincuencia organizada, suscitadora de todo tipo de violencias.
Lo cierto es que los mexicanos no podemos seguir divididos y confrontados. No al menos la mayoría que creemos y queremos a México. Las recetas económicas que nos han sido aplicadas desde décadas atrás han mostrado de sobra su nula efectividad para que progresemos sin mayores desigualdades o disparidades en las oportunidades y circunstancias de superación para todos.
PD1. Estoy de acuerdo con el regidor de Acapulco, Arturo López Sugia, flamante vicecoordinador de autoridades municipales del Partido Movimiento Ciudadano, cuando afirma que, más que incentivos fiscales los empresarios de Acapulco claman por garantías reales para sus bienes patrimoniales y productivos.
PD2.  No hay falta de respeto al Presidente de la República al solicitarle que aclare el comportamiento de los malos elementos del Ejército mexicano que permanecieron impávidos y omisos durante la barbarie cometida en Iguala, en septiembre del 2014.
PD3. La lógica común indica que entre más difamen a López Obrador, más lo afianzan en las preferencias de los ciudadanos. Lo que resiste, apoya.