A raíz del anuncio histórico hecho el pasado 24 de agosto por el gobierno colombiano y el alto comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) dirigido por Rodrigo Londoño Echeverri Timochenko, de haber llegado a un acuerdo político para darle fin a la guerra que vive ese país desde hace más de cincuenta años, Colombia vive en un clima de campaña electoral. En efecto, para darle legitimidad a este acto político trascendental, el presidente Juan Manuel Santos decidió convocar a un plebiscito vinculante el próximo domingo 2 de octubre. Y, por ende, los principales actores políticos y sociales del país han comenzado a tomar posición a favor o en contra del acuerdo. Del lado de la oposición, sin sorpresas, el ex presidente Álvaro Uribe ha decidido apoyar el NO, de la misma manera que el ex presidente Andrés Pastrana –a pesar de que este último intentó llegar a un acuerdo político con las FARC a finales de los 1990, sin éxito. El Partido Conservador de este último continúa dividido sobre la posición a adoptar frente a este escrutinio.
Por el lado del SI, el gobierno y los partidos de la coalición en el poder han decidido intensificar los actos proselitistas en las regiones para evitar que el SI, que está arriba en las encuestas, vea su tendencia menguarse. Después de haber liderado un encuentro con los gobernadores de los departamentos, el presidente Santos ha emprendido una gira “pedagógica” con el objetivo de “explicar a estudiantes, miembros de las juntas de acción comunal, servidores públicos de las diferentes alcaldías y ciudadanos en general los contenidos del acuerdo final alcanzado”. Por su lado, los partidos llevan a cabo la disputa política frente a la oposición. En efecto, si bien el anuncio del acuerdo fue bien visto por la opinión pública, ningún plebiscito está jugado de antemano. El reciente ejemplo del referéndum de la permanencia del Reino Unido en el seno de la Unión Europea es prueba de ello. Por lo tanto, el calendario escogido por el presidente Santos tiene un objetivo: aprovechar el impacto político y mediático del anuncio y evitar que el debate sobre la paz se transforme en un referéndum a favor o en contra de la gestión gubernamental de Juan Manuel Santos. En efecto, la aprobación del presidente es baja para los estándares de América latina (29% según una encuesta de la empresa Gallup publicada hace pocos días), y la economía no crece al ritmo esperado (2.5% proyectado por el banco central de Colombia para este año). Por lo tanto, no es anodino que tanto el gobierno como las FARC hayan anunciado el día 26 de septiembre como la fecha en la que se firmarán los acuerdos de paz, a escasos días del plebiscito.
Por otro lado, el factor internacional tiene un peso importante en los medios, pero todavía no queda claro si tendrá un impacto electoral. En efecto, tanto los grandes medios internacionales, como CNN, The New York Times o Le Monde, como los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea o la Organización de las Naciones Unidas, han apoyado decididamente esta iniciativa, lo cual le quita un buen número de argumentos técnicos a los apoyadores del NO. Sin embargo, la estrategia del NO ha consistido en dejar de lado los temas técnicos para apoyarse en un discurso político, volcado a asociar este acuerdo a un “pacto de impunidad”, que permitiría a los líderes de las FARC implantar el “chavismo” en Colombia. Si bien, visto desde el exterior, este mensaje pueda parecer descabellado, una parte no despreciable del electorado colombiano parece recibirlo positivamente. De ahí la voluntad del presidente Santos y del alto comando de las FARC de no perder el control de la agenda política del país en las próximas semanas. Sin una explicación clara de los alcances de este acuerdo, la victoria del SI en el plebiscito no será fácil.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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