Los últimos días han sido de revuelta en las calles de Colombia. Miles de personas salieron de sus casas para pedir al gobierno del presidente Iván Duque que retire la reforma fiscal, que aumenta sustancialmente los impuestos de la clase media. Y es que la economía colombiana está maltrecha: el PIB se contrajo un 6.8 por ciento el año pasado y ha visto aumentar su déficit fiscal de manera preocupante. El Estado necesita recaudar más dinero, entre otras cosas para compensar las ayudas a los más desfavorecidos, y eso pasaba por aumentar el Impuesto al Valor Agregado en algunos productos y abrir la base de contribuyentes. El diagnóstico es compartido por analistas e incluso por partidos de la oposición.
El problema es el momento para llevar a cabo este proceso desde el punto de vista político. Se trata de una medida muy impopular que ha generado un gran descontento en la población. A menos de un año de unas elecciones presidenciales y legislativas, a las que no podrá presentarse Duque porque no hay reelección presidencial, pocos partidos están dispuestos a respaldarla, en particular en un momento tan complicado como este, con una tercera ola de Covid-19 que ha sumado récords de contagios y muertes. La pobreza y la desigualdad han subido casi diez puntos desde el inicio de la pandemia. No es de extrañarse que, a pesar del recrudecimiento de las muertes ligadas a la pandemia, las personas hayan perdido el miedo a salir a la calle y manifestarse. Ese descontento se demostró de manera pacífica en ciudades de todo el país, pero derivó en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Por el momento la cifra de muertos asciende a 19, en algunos casos bajo la sospecha de que fueron asesinados por la policía. La violencia desatada en las calles llevó a Duque a tumbar la reforma, lo que provocó la caída de su ministro de Hacienda y principal impulsor de la reforma, Alberto Carrasquilla.
Este último, considerado como un personaje cercano al ex presidente Álvaro Uribe y una de las principales figuras del actual gobierno colombiano, aceptó a regañadientes salir del gabinete. Si no lo hubiera hecho, Carrasquilla seguramente se hubiera enfrentado a una moción de censura de la que políticos de la oposición y miembros independientes del Congreso ya le habían advertido en las últimas horas. En este sentido, el nombramiento de José Manuel Restrepo, hasta entonces ministro de Comercio, deja en evidencia que la política económica no cambiará fundamentalmente en lo inmediato, a pesar de la complejidad del momento que vive la economía actual –la deuda ha pasado en un año del 40 al 60 por ciento del PIB. Sin una reforma fiscal amplia e incluyente, que permita garantizar los recursos para programas sociales y dar aire a las finanzas del país, las perspectivas del país serán sombrías.
Las condiciones de su salida del cargo hacen más difícil que pueda mantener su candidatura a la presidencia de la Corporación Andina de Fomento (CAF-Banco de Desarrollo de América Latina), este banco tan importante para el futuro de América Latina, cuya candidatura había sido oficializada hace algunas semanas. Junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF constituye la principal palanca financiera de desarrollo de América Latina –México acaba de incorporarse como miembro pleno de esta institución. La CAF está en crisis, tras la renuncia del peruano Luis Carranza, hace poco menos de un mes. Resulta paradójico que cuando la región más necesita a bancos regionales de desarrollo fuertes, estos no puedan ejercer su papel para relanzar las economías latinoamericanas y así evitar casos como los de Colombia.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada