El pasado 23 de marzo venció el plazo que se habían dado el 23 de septiembre del 2015, tanto el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, como el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Timoleón Jiménez, para llegar a un acuerdo político que permita poner punto final al conflicto armado que se arrastra en ese país desde hace más de sesenta años. Sin embargo, contrariamente a lo que se pudo pensar en cierto momento, en particular al principio de estas negociaciones, el hecho de que los diálogos perduren no implica el fin de este proceso político, al contrario. Durante la visita histórica a Cuba del presidente Barack Obama la semana pasada, el canciller de Estados Unidos, John Kerry se entrevistó públicamente con las dos partes, con el objetivo explícito de mostrar el apoyo del gobierno de su país a la negociación. Paradójicamente, el apoyo estadunidense a este diálogo de paz incomoda –y mucho– a uno de sus principales aliados en la región durante los años 2000: el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que ha hecho de su combate al proceso de paz uno de los ejes de su discurso, y por ende, de su oposición a la gestión santista.
A pesar del mantenimiento del impulso político por ambos lados, los débiles resultados económicos del gobierno y la creciente impopularidad del ejecutivo (la tasa de aprobación personal de Juan Manuel Santos ha llegado a mínimos históricos, con un 24 por ciento según una encuesta publicada la semana pasada) refuerzan la necesidad de llegar a un acuerdo definitivo con las FARC en un corto plazo. En efecto, el proyecto de resolución del conflicto armado será sometido a un referéndum, y es probable que la oposición intente ligar este escrutinio con la gestión gubernamental, mal percibida por los colombianos, poniendo de relieve las dudas o los puntos sensibles del acuerdo que se firme en La Habana. El gobierno, por su lado, ha intentado evitar este debate desde el anuncio, en 2012, del diálogo con las FARC, al haber mantenido el estado de guerra en el terreno contra este grupo armado. El riesgo para ambas partes era claro: un acto de fuerza de un lado como del otro podía descarrilar todo el proceso. Sin embargo, a pesar de las tentativas de los elementos más radicales de ambos bandos, queda claro que esta intuición política ha dado resultados. Queda claro, también, que estos diálogos significan para la dirigencia de las FARC una oportunidad clave para salir del conflicto, en un momento en el que América Latina está a punto de terminar con los vestigios de la guerra fría, con el reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Si bien este proceso parece estar bien encaminado, quedan pendientes todavía algunos puntos sensibles, como el de la desmovilización de los miembros de las FARC, así como su desarme. A pesar de tratarse de puntos técnicos en apariencia, la existencia de un respaldo político al más alto nivel es esencial para que este acuerdo tenga plena vigencia posteriormente. Los intentos anteriores, que resultaron ser infructuosos para llegar a la paz de manera negociada, son el mejor ejemplo, a los ojos de los equipos negociadores en La Habana, que aquellos puntos tienen que ser tratados de manera integral para evitar problemas posteriores. Esa es la condición para que los diálogos con los demás grupos armados, como el ELN, puedan concretizarse.

* Director ejecutivo del Observato-rio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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