Después de cuatro años de negociaciones, el pasado 23 de junio, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), Rodrigo Londoño, firmaron un acuerdo que sienta las bases para el fin del conflicto armado existente en Colombia desde hace más de 50 años. Si bien faltan todavía varios puntos importantes a ser definidos por las partes, como 1) la amnistía para los combatientes que no hayan cometido delitos graves, 2) las condiciones para el ejercicio de la participación política de las FARC-EP, o 3) la forma cómo se elegirá a los magistrados del tribunal para la jurisdicción especial de paz, la iniciativa política de ambas partes ha quedado de manifiesto no sólo por esta firma, sino por el respaldo de la comunidad internacional, empezando por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, a esta voluntad.
Sin embargo, para que este acto político, histórico e inédito, pueda concretizarse, el aval en última instancia del pueblo colombiano resulta indispensable, sobre todo si se busca emitir un mensaje político de conciliación después de 52 años de guerra. Hoy en día, el gran problema se encuentra en la baja aprobación del presidente Santos (que ha apostado todas sus fichas a la conclusión positiva del proceso de paz) que se traduce en una declinante visión acerca del futuro de Colombia. Según una encuesta publicada por el instituto de estadísticas IPSOS, 63% de los entrevistados se declaran “pesimistas frente a los diálogos de paz con las FARC-EP”. Esta última también revela que la aprobación gubernamental es de tan solo 25%, a un año y medio de las elecciones presidenciales del 2018. A la pregunta “¿que pretende votar el día del plebiscito sobre el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC-EP: Si, no o abstención?”, el sí tendría hoy 39%, frente a 50% de no y 11% de los encuestados que no contestaron o se abstuvieron. Si bien otros estudios demoscópicos han arrojado resultados divergentes, queda claro que la disputa en el referéndum será reñida. Sobre todo si tenemos en cuenta que la Corte Constitucional colombiana, en una decisión tomada hace algunos meses, confirmó que el resultado del plebiscito será vinculante, y no meramente consultivo como algunos pensaron en un primer momento.
Durante las últimas semanas, el gobierno de Juan Manuel Santos ha venido intentando tender puentes con la oposición, dirigida por el ex presidente Álvaro Uribe, sin éxito hasta ahora. Después de haber pensado, en un primer momento, abstenerse de votar durante el plebiscito, Uribe decidió llamar a votar por el “no”, de la misma manera que el ex presidente Andrés Pastrana, uno de los líderes del Partido Conservador, formación que continúa dividida a pesar de tener cargos en el gobierno de Santos (el Ministerio de Minas y Energía en particular). Por ende, es posible decir que el grupo político de oposición al acuerdo de paz con las FARC-EP es consistente. Sin embargo, el gobierno también tiene cartas que jugar durante esta campaña. La izquierda institucional está apoyando el sí, al formar parte, por primera vez en décadas, del gobierno (el Ministerio del Trabajo es ocupado por una lideresa del Polo Democrático Alternativo, el partido de izquierda más importante de Colombia). Este apoyo es relevante porque le quita buena parte de su discurso al ala rupturista de las FARC-EP, que puede en cualquier momento intentar una acción que conduzca a la cancelación del proceso. Por otra parte, el apoyo de los demás partidos de la coalición gubernamental (el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, el Partido de la U, entre otros), le da fuerza política y territorial al sí. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, el resultado del plebiscito sigue indefinido. No sólo por los resultados de las últimas encuestas de opinión, sino sobre todo porque la paz no existirá mientras sus componentes principales no sean adoptados por la sociedad colombiana. Además, sin un acuerdo de paz similar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla en importancia del país, y con una erradicación definitiva de los cuerpos paramilitares, llamados BACRIM, será difícil para Colombia alcanzar la paz de manera duradera.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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