Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, el próximo lunes 8 de marzo, que estará impregnado por la violencia contra ella y el feminicidio, traigo a tema el caso relevante de incumplimiento por negligencia gubernamental estatal, sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas; en especial, sobre la violencia contra la mujer indígena; así como los magros resultados institucionales en solo fotos, papel y firmas, sobre medidas efectivas de prevención y protección de la salud de las féminas; así como del no acatamiento a sentencias de tribunales internacionales en la materia.
Me refiero al incumplimiento, por parte del gobierno de Héctor Astudillo Flores, en lo que le corresponde, a la sentencia contra el Estado mexicano emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por mantener en la impunidad la violación de los derechos humanos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a la salud, situación psicológica, calidad de vida y a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de unas mujeres indígenas que fueron violadas tumultuariamente por malos elementos del Ejército mexicano, en las afueras de sus comunidades del municipio de Ayutla, décadas atrás, sin que el Estado mexicano les hiciera justicia alguna ante tamaños delitos realizados.
La CIDH dispuso, en los puntos resolutivos 22 y 23 de la Sentencia, que el Estado mexicano asignaría los recursos necesarios para que en la comunidad indígena de Barranca Tecoani del Municipio de Ayutla, se estableciera (como reparación colectiva) un “Centro Comunitario para Mujeres Indígenas”, en el que se desarrollaran actividades educativas en derechos humanos y en derechos de la mujer. Así como adoptar medidas para que las niñas indígenas de dicha comunidad, que realizaran estudios de niveles de secundaria, contaran con facilidades de alojamiento y alimentación adecuadas, de manera que pudieran seguir recibiendo educación en los centros escolares a los que asistían. Además, dictaminó que ese centro estaría bajo la responsabilidad y gestión de las mujeres indígenas de la comunidad, incluida la señora Inés Fernández Ortega.
Para el cumplimiento de esa reparación socioeconómica colectiva en especial, el gobierno del estado, publicó un acuerdo estatal en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en su edición del 10 de mayo de 2012, por el que se disponía la construcción y operación del “Centro Comunitario para las mujeres del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero”. Responsabilizando a la Secretaría General de Gobierno para todo lo jurídico y a la Secretaría de la Mujer, para el proyecto en sí.
Dicho “Centro”, localizado en la ciudad de Ayutla –para un mejor servicio regional–, nunca se inauguró, ni se hecho andar por el gobierno de Héctor Astudillo, que recién entraba en funciones; permaneciendo cerrado desde el inicio de su mandato, hará cinco años y medio a la fecha. La construcción y parte de su equipamiento había costado al gobierno federal y al estatal alrededor de 25 millones de pesos proveídos por las administraciones antecedentes.
Hasta ahora ha estado cerrado por decisión de capricho personal del actual gobernador y de su secretario general de gobierno, ante el rechazo de la víctima y sus representantes legales por la imposición que pretendían nombrar los gobernantes, unilateralmente, a una directora ceneral del Centro; contraviniendo la sentencia de la CIDH que señalaba la autonomía técnica, de operación y de gestión, por parte de las mujeres indígenas o de quienes ellas designaran para los puestos de responsabilidad de dirección y operación técnica.
Bajo la soberbia, engreimiento y rencor característicos de los susodichos gobernantes que van de salida, estos lo mandaron a amurallar y tenerlo abandonado fuera de la vista pública. Presuntamente, además de deterioro acelerado por falta de mantenimiento físico, se presume que haya sido desvalijado del inmobiliario que ya contenía. Ni siquiera en estos tiempos lo han abierto para que temporalmente sirva como centro cuarentenario para mujeres indígenas con detección temprana de Covid-19.
Por eso, en el primer día de un nuevo gobierno honesto, transparente y de un nuevo estilo de gobernar con mucho compromiso con las más desvalidas (os), propongo que pongamos en funcionamiento inmediato el Centro, conjuntamente con las mujeres indígenas de la municipalidad; y dejar que Guerrero siga siendo vergüenza nacional e internacional de mal gobierno.
PD: Fotocopias de toda la documentación legal y testimonial-factual, que dan sustento al contenido de esta reseña la mantenemos en resguardo, por haber fungido como facilitadores de gestión por parte de una de las víctimas, la organización indígena que la representaba y el propio Estado mexicano.

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