En el inicio de la segunda década de este tercer milenio, dejó de prevalecer la visión apocalíptica que cobró mucha fuerza en los albores del nuevo milenio. En el imaginario colectivo ha palidecido la idea de la destrucción de nuestro cosmos por fuerzas del más allá. Hoy los movimientos que se protagonizan en el mundo por parte de los jóvenes están centrados en la defensa del medio ambiente, de los derechos de las mujeres y de los migrantes y en la lucha contra los poderes hegemónicos que basan su dominio haciendo la guerra y controlando regiones geoestratégicas. Es una lucha en el aquí y ahora, contra los abusos del poder; contra el racismo y la xenofobia; contra la violencia patriarcal; las políticas privatizadoras basadas en el saqueo y el despojo y contra los fundamentalismos religiosos y políticos.
Hay una negativa entre las naciones más poderosas del mundo para reducir las emisiones de carbono, como se comprometieron en los acuerdos de París en 2016. Pueden más los negocios y las tecnologías que incrementan el calentamiento global que una política pensada en el desarrollo humano que transite hacia una economía baja en carbono. La guerra en el Medio Oriente protagonizada por el gobierno de Estados Unidos está alentada por el control del petróleo. La destrucción de los pueblos y la apropiación de sus bienes naturales forma parte de esta embestida imperial de imponer gobiernos afines a sus intereses e instalar bases militares en enclaves estratégicos.
En nuestro país se libra una lucha interna que se ha focalizado en los pueblos indígenas de Oaxaca y Chiapas, por la construcción del Tren Maya y el corredor transístmico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, que ha sido promovida fervientemente por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Recientemente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo pública su postura de defender “incluso con la vida” sus territorios e impedir la construcción del Tren Maya. Por su parte el presidente López Obrador manifestó que los zapatistas “no están informados” y reiteró que las obras son para buscar el beneficio de las comunidades que secularmente han sido olvidadas. En su momento el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), coordinó una consulta entre las comunidades originarias y a la población en general, para sopesar la opinión y decisión de quienes ahí habitan. La oficina de la ONU-DH en México dio seguimiento a esta consulta, y en su informe sostuvo que este proceso no cumplió con todos los estándares internacionales, porque no se informó a las poblaciones indígenas con la misma amplitud y objetividad sobre las desventajas que conllevan estos megaproyectos. Esta declaración fue calificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores como “aventurada y sin fundamento”, al señalar que las comunidades han aprobado el proyecto a cambio de recibir atención a sus necesidades básicas como agua, salud y educación.
En nuestro estado, la noticia que emitió el gobernador de que 2019 cerró con el menor índice de delitos en los últimos ocho años, contrasta con lo que realmente sucede en las siete regiones de la entidad. Es decir, que las estadísticas generales en determinadas circunstancias nos muestran un panorama más amplio de la realidad, sin embargo, al poner la lupa de lo que sucede en el ámbito local, vemos desajustes entre lo macro y lo micro. Si nos ubicamos en la parte serrana de nuestro estado, corroboramos una alta conflictividad protagonizada por grupos civiles armados que se disputan porciones territoriales vinculadas con la siembra y trasiego de las drogas. La población que ahí habita tiene una percepción diferente a lo que nos muestran los índices generales del delito. Las familias serranas consideran que la violencia se ha crecentado, por el número de grupos armados que se han multiplicado en lo alto de la zona. Los resultados son devastadores porque hay más enfrentamientos que conllevan asesinatos, desapariciones de personas, desplazamientos forzados de familias, destrucción y despojo del precario patrimonio.
Esta situación es muy compleja, requiere un tratamiento integral con el involucramiento de los tres niveles de gobierno, sin embargo, hasta la fecha no se han sentado las bases para poder atender una región sumamente explosiva. La gravedad radica en que la población civil ha quedado a merced de los grupos armados. Las autoridades municipales y sus corporaciones policiales responden más a los intereses facciosos de los jefes de la delincuencia, dejando en total indefensión a las familias mayoritariamente pobres. Es en esta región donde más se han dado enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada y donde también la población ha emplazado en diversas ocasiones a las autoridades para que atiendan con urgencia los rezagos sociales que han sido un caldo de cultivo para reactivar salidas de fuerza. El mismo Ejército ha tenido problemas con la población, porque su presencia en lugar de amainar los conflictos genera sospechas por la forma en que actúa y porque consideran que mantiene vínculos con determinado cártel de la droga.
Este panorama sombrío tiene sus réplicas en otras regiones del estado como la Zona Norte y Costa Grande, donde la disputa territorial se ha tornado muy violenta. Los actores armados estatales y no estatales son los que protagonizan estos conflictos, es decir que las armas y la fuerza es lo que prevalece, brillando por su ausencia las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno para hacer valer la ley y trabajar en una estrategia que desmonte la estructura delincuencial que ha ido capturando a varias instituciones relacionadas con la seguridad y la justicia, nulificando sus actuaciones y supeditándolas a sus intereses.
Los gobiernos municipales están infestados por la corrupción, sumamente debilitados porque no han garantizado a la población los derechos que garantizan una vida digna. Los funcionarios trabajan para su propio beneficio, sus actuaciones están orientadas a cultivar su imagen para proyectarse políticamente. La mayoría se alinea y trabaja para un grupo político. Los mismos presupuestos públicos tienen una orientación partidista y la forma de distribuirlos se da en la opacidad. Estos descuidos que hay entre los funcionarios han dado pie para que los intereses económicos y políticos de los grupos de la delincuencia logren enquistarse en las áreas estratégicas del poder municipal. Desde el municipio más importante económicamente como Acapulco y más pobre en cuánto a los rezagos sociales como Cochoapa el Grande se arrastra el problema de la corrupción y la violencia. La población es rehén tanto de los grupos criminales como de los funcionarios corruptos que hacen mancuerna, para transformar el servicio público en una minita de oro que desangra la vida de los más pobres.
Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informa Corrupción y Derechos Humanos, en el que manifiesta que la corrupción se constituye por la situación de poder que se delega a una autoridad pública. Se expresa en el uso abusivo o desviado del poder que se desplaza del interés público hacia el beneficio personal. En síntesis, para la CIDH la corrupción daña la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y los derechos humanos.
Una preocupación sumamente extrema es cuando agentes no estatales tienen un rol protagónico en materia de corrupción a través del crimen organizado, que no solo copta individualmente a los funcionarios del Estado, sino que captura instituciones y las pone al servicio de sus intereses ilícitos. Da cuenta de que en varios casos de los países de América se han configurado formas complejas de relación entre el aparato estatal y el crimen organizado, al grado que la corrupción pasa a ser parte del actuar cotidiano, desviando completamente al Estado del cumplimiento de sus fines propios. La CIDH en este caso puso como ejemplo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde ha constatado a qué extremos se puede llegar en la asociación entre agentes del Estado y el crimen organizado, con gravísimas consecuencias en materia de derechos humanos para la población y la sociedad en su conjunto.
La violencia y la corrupción propiciadas por el narcotráfico alcanza niveles intolerables y se transforma en una amenaza porque destruye el tejido social, político y económico de un país, ya sea porque se ejerce la primera contra sus agentes y porque la segunda se instala en los organismos policiales. La corrupción y la impunidad le han permitido a las organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas, al grado que impiden que el sistema de justicia funcione.
Estas reflexiones que ha publicado la CIDH nos muestran el tamaño del problema que enfrentamos en nuestro país y en nuestro estado. Su informe lo ilustró con el caso Ayotzinapa para desenmascarar las diferentes facetas de la corrupción, donde la clase política sucumbe ante el poder criminal dañando gravemente a la población que dice servir.
En Guerrero este año no pinta bien para una población mayoritariamente pobre, que sigue padeciendo los estragos impuestos por una clase política corrupta, acostumbrada a utilizar los recursos públicos de manera facciosa. Es un año que lamentablemente seguirá tiñéndose de rojo por la violencia impuesta por los grupos de la delincuencia organizada que han encontrado entre los funcionarios públicos a sus mejores aliados para extender su control territorial y afianzar su presencia dentro de las estructuras del poder público. De nueva cuenta el pueblo de Guerrero tendrá que bregar a contra corriente para desmantelar esta institucionalidad criminal y colocar en el centro de la agenda pública los derechos de las víctimas.