El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx) con sede en la UNAM ha publicado recientemente un documento titulado Hacia una nueva política económica y social 2019-2024 que pretende contribuir al debate nacional con la mira puesta, particularmente, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Hay que recordar que el gobierno tendrá que entregar una propuesta a la Cámara de Diputados el 30 de abril y ésta deberá proceder entonces a una serie de consultas antes de su aprobación.
El documento del Grupo considera, como punto de partida, que la estrategia nacional de desarrollo y la política económica de las últimas tres décadas han dejado un saldo inaceptable por los elevados niveles de pobreza, concentración del ingreso, desintegración social, deterioro ambiental, debilidad institucional y bajo crecimiento económico, entre otros de sus resultados negativos.
El Grupo ha planteado, desde hace una década, sus puntos de vista en diversas publicaciones. Esta vez ha decidido exponer un conjunto de lineamientos estratégicos precisamente en el arranque de un sexenio que se propone una transformación de gran calado.
De acuerdo con el documento, esta transformación debe incluir una reforma fiscal, misma que el nuevo gobierno ha pospuesto, de manera no muy clara, para la segunda mitad del sexenio. Sin embargo, la contracción del gasto público, particularmente en infraestructura, que se ha observado desde hace varios años ha mermado el crecimiento potencial de la economía. La inversión pública se ha ido recortando para cuadrar el presupuesto ante la renuencia a elevar la carga tributaria.
Resulta necesario entonces considerar nuevas medidas para incrementar los ingresos presupuestarios –con una orientación progresiva– más allá de reducir la evasión y la elusión. Si se piensa que aumentar los impuestos más importantes, ISR e IVA, no es posible en lo inmediato, el GNCD sugiere que, en una primera etapa, podría establecerse una tasa, inferior a 1 por ciento, sobre transacciones financieras. También podría negociarse, como parte de un acuerdo social, una sobretasa temporal sobre ingresos “multimillonarios” y canalizar esos recursos a un Fondo Nacional de Inversiones. Adicionalmente, se plantea la necesidad de un nuevo Pacto de Coordinación Fiscal con estados y municipios que permita aumentar el impuesto predial con base en un catastro universal actualizado. Por su parte, los gobiernos de los estados deberán comprometerse a que una parte de las participaciones y aportaciones que obtienen se canalice a inversiones, calificadas y evaluadas por la Federación, como parte de un sistema nacional integrado.
Las propuestas no se limitan al aspecto fiscal. El documento contiene un conjunto de medidas que tienen como meta lograr un crecimiento del 4 por ciento anual y un aumento en la inversión pública, en particular en infraestructura, equivalente al menos al 5 por ciento del PIB.
Para ello, se considera necesario impulsar una política de financiamiento apoyada en la banca de desarrollo y en particular en cinco organismos: Nafin, Banobras y Bancomext, y en dos bancos dedicados específicamente a la vivienda y a la agricultura los cuales podrían crearse con base en los organismos ya existentes.
Con base en estas nuevas palancas, se podrá activar una estrategia industrial, tecnológica y educativa moderna que nos lleve a una ampliación de las cadenas productivas y a la generación de mayor valor agregado a nivel nacional. El país, dice el documento, debe dejar de ser una “gran maquiladora”. De la misma manera se propone instrumentar una nueva política energética que convierta este sector en un motor de la economía a nivel nacional y regional. Ello implica la reconstrucción financiera y productiva de Pemex, cuidando la sustentabilidad de los proyectos de inversión y eliminando la desproporcionada exacción fiscal de que ha sido objeto.
Igualmente se deberá impulsar al campo como parte de una estrategia de seguridad alimentaria y lucha contra la pobreza. El objetivo debe ser, a la vez, recuperar la seguridad alimentaria en productos básicos para el consumo interno y preservar la agricultura de exportación competitiva.
Será, asimismo, indispensable, favorecer, con todo lo que ello implica, un crecimiento incluyente y ecológicamente sustentable. Cumplir las metas ambientales del Acuerdo de París y desarrollar una política verde de sustitución de energías fósiles.
Se requerirá también una nueva visión en materia de comercio internacional. Debe corregirse la visión dogmática sustentada en el abandono de la política industrial. El caso del viejo TLCAN es ilustrativo pues no generó el crecimiento esperado. Por ello, las estrategias comerciales tendrán que alinearse con la planeación industrial, tecnológica, y regional con el fin de avanzar hacia una política moderna de “comercio administrado”. Al mismo tiempo, deberá revisarse la cooperación internacional y entenderse como un instrumento de política exterior que permita promover a las empresas mexicanas públicas y privadas y, además, otorgar asistencia económica y humanitaria, particularmente en Centroamérica y el Caribe.
La nueva estrategia de desarrollo se conjugará con la construcción de un Estado de Bienestar Social. Esto último debe incluir, entre otras cosas, un plan de salud y seguridad social universal, y un banco del Bienestar para apoyar a los grupos excluidos de los circuitos bancarios mediante mecanismos como el crédito a la palabra.
Un apartado especial del texto se refiere a la necesidad de una nueva política laboral que fomente y proteja la creación de empleos de calidad. Para ello se requerirá un plan de gran escala en materia de educación, capacitación y readaptación continua de la fuerza de trabajo; el fortalecimiento sostenido del salario mínimo a fin de que, a corto plazo, pueda llegar a cumplir con el mandato constitucional y, con ello, detonar una mejoría del nivel general en las percepciones de los trabajadores. Es decir, se propone dejar de utilizar el salario como el principal instrumento de contención inflacionaria, y crear las condiciones para que las ganancias obtenidas gracias a una mayor productividad se reflejen en las remuneraciones al trabajo. En el muy corto plazo, será necesario: cumplir con la incorporación de los trabajadores domésticos al régimen obligatorio de seguridad social; facilitar la incorporación de los trabajadores independientes; e intensificar los programas de inspección, para que los trabajadores asalariados que laboran en empresas formales queden debidamente registrados en el IMSS. El Congreso deberá, también, incorporar en la Ley Federal del Trabajo los cambios que se derivan de la reforma de2017 al artículo 123 constitucional; los compromisos asumidos en el convenio 98 de la OIT; y las cláusulas laborales pactadas en el T-MEC.
Hasta aquí las líneas generales del documento. No se trata por supuesto de un mero listado de propuestas ni de un planteamiento exhaustivo. La intención es proponer un esquema básico para ordenar la discusión y evaluar los resultados de la transformación que el gobierno pretende llevar a cabo. Los más importante, creo, es que se ofrecen medidas y estrategias para salir de la postración en que se encuentra el país. Demuestra que hay opciones diferentes a lo que ya conocemos y se han puesto en práctica bajo lo que se ha llamado genéricamente el modelo neoliberal. Éstas requieren, sin embargo, una amplia discusión y la voluntad política de los diversos actores: gobierno, empresarios, trabajadores, centros de estudio. Exige también un clima de mayor democracia, sobre todo en el terreno de la organización social. Y un esfuerzo para la concertación y el diálogo entre todos. La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo es una oportunidad para ello. No puede, no debe, convertirse en un mero trámite, como ha sucedido en otras ocasiones.

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