METALES PESADO

En un comunicado para la acción urgente, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció el pasado 16 de julio la quema de casas y el consecuente desplazamiento forzado de seis familias zapatistas. Los hechos ocurrieron en el poblado El Esfuerzo, perteneciente al municipio autónomo Comandanta Ramona en Chilón, Chiapas.
Este episodio se inscribe en la larga cronología de ataques sistemáticos durante el presente sexenio contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En este espacio hemos dado cuenta de la mayoría de ellos. Pero, al parecer, el interés de esta guerra contrainsurgente tolerada por los tres niveles de gobierno no estará jamás en las prioridades de los monólogos matutinos del poder. Tal como lo afirma el Frayba en su comunicado, los gobiernos federal y del estado de Chiapas se han mantenido omisos ante la permanente violencia y despojo contra territorios autónomos.
También como lo asienta el Frayba al detallar los eventos del último acto de terrorismo contra comunidades zapatistas, el jueves 14 de julio de 2022, cerca de las 8 de la mañana, ejidatarios de Muculum Bachajón encabezados por el comisariado ejidal arribaron al poblado San José Tenojí, Chilón. Iban apoyados por policías municipales y agentes de Protección Civil. Tuvieron una reunión antes de ingresar violentamente alrededor de las 13:50 horas al poblado El Esfuerzo. Fue entonces que ocurrió el desplazamiento de las familias bases de apoyo del EZLN (BAEZLN). Por último, tanto ejidatarios como agentes y policías prendieron fuego a las casas y a sus bienes.
“Las familias BAEZLN salieron de su lugar habitual para salvar sus vidas y se trasladaron a la comunidad de Xixintonil. Los ejidatarios montaron guardia hasta el viernes 15 de julio y por la noche realizaron detonaciones de armas de fuego de alto calibre. Se corre el riesgo de que se pierdan 20 hectáreas de maíz y frijol que aún no han cosechado. El Esfuerzo cuenta con 54 hectáreas de tierra recuperada en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”.
En su análisis, el Frayba advierte que estos hechos “ponen en grave riesgo la autonomía y la libre determinación de los pueblos”. Implican, además, una grave y constante violación al derecho a la seguridad, a la vida y a la integridad personal de las familias zapatistas. “El Estado mexicano, de acuerdo con el artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas, sin ningún tipo de discriminación”, concluye el Frayba.
Desde los sexenios del PRI en que la guerra contrainsurgente escaló en violencia e intensidad, no se veía un empeño tan sistemático de los gobiernos de los tres niveles por destruir los avances de los pueblos que han resistido para constuir y extender sus autonomías.
Han pasado muchas cosas desde los Acuerdos de San Andrés rotos unilateralmente por el gobierno mexicano. Mucho camino se ha andado en los procesos organizativos zapatistas. Las autonomías han crecido exponencialmente y se han reforzado. El tejido de la libre autodeterminación se ha afianzado. Esto, a pesar de los renovados intentos del Estado mexicano por aniquilar todas aquellas fuerzas que no pueda cooptar. Todo aquello, especialmente, que tenga que ver con la autonomía. Una de las palabras más detestadas por la autonombrada Cuarta Transformación.
Raúl Zibechi califica a los ataques consistentes de los grupos paramilitares que han sufrido en los últimos años las comunidades en autonomía como “microacciones contrainsurgentes que representan una guerra de altísima intensidad” contras las comunidades zapatistas.
A decir de Zibecchi, “las estrategias contrainsurgentes son múltiples, como lo demuestra su acción durante el último siglo en América Latina. Combinan masacres con programas sociales, feroces dictaduras que en cierto momento promueven aperturas democráticas que se reducen a convocar elecciones. La contrainsurgencia moderna tiene un sólo objetivo: abatir a las y los diferentes, despojarlos de sus territorios, reconstruirlos para la acumulación salvaje de capital y tener a la población absolutamente controlada. En síntesis, buscan aniquilar cualquier atisbo de autonomía de abajo”.
Cabe hacer ver que, en efecto, si bien la 4T ha utilizado y ha cooptado los símbolos y las formas de organización de los pueblos indígenas –tequios, bastones de mando, etcétera–, la realidad es que en los hechos mantiene una intensa guerra de desgaste y aniquilación contra las comunidades indígenas que resisten la imposición de sus programas clientelares y sus megaproyectos extractivistas, y que ejercen dignamente en organización su derecho a la libre autodeterminación.
Por todo ello, exigimos desde este espacio, una vez más, el cese inmediato y sin restricciones de las agresiones sistemáticas del Estado mexicano contra las comunidades zapatistas.