A la figura de las “precampañas” ha seguido la de las “inter campañas”, es decir lo obvio, la etapa previa a las campañas con miras a elegir miles de cargos de elección popular en todo el país. Estas etapas anteriores a la guerra declarada entre candidatos y partidos políticos contribuyen a lo mismo: crear confusión mediante distractivos que, a su vez, colaboran a la descomposición creciente, imparable en todo el país.
Hasta en los estados más tranquilos (?), no se diga en donde impera la violencia, como en Guerrero que destaca desde hace tiempo entre los primeros lugares, la ausencia de rumbo y gobierno campea y crece. Las acusaciones de corrupción salpican a toda la clase gobernante, no solamente a los funcionarios, la ola de violencia crece, en fin, la descomposición a todo lo que da.
Al igual que en el resto del país, aún no arrancan formalmente las campañas políticas ni concluye todavía el proceso en el que se definirá a quienes serán los candidatos de los partidos para disputar los cargos de elección popular, pero en el curso de unos pocos días, en Chilapa primero fue asesinada Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata a diputada por el PRD, y durante el fin de semana también fue ejecutada Dulce Rebaja Pedro, quien contendió por la candidatura del PRI a la diputación y apenas el sábado había sido nombrada dirigente del Movimiento Territorial de su partido en ese municipio.
Es inimaginable hasta dónde llegará el derramamiento de sangre por parte de los grupos de delincuentes para asegurarse del control político de las regiones que dominan y eliminar a sus contrincantes.
Aquí y en el ámbito nacional, la excusa del gobierno desde que hace más de una década se inició esta escalada, es que los malosos básicamente se matan entre ellos. Pero ahora vemos que entre los abatidos se cuentan alcaldes y ex alcaldes y hasta los aspirantes a futuras posiciones, cuando los jefes de algunas de las bandas los suponen un riesgo para sus intereses, les advierten intención de obstaculizar sus ilícitos o sospechan de posibles ligas con sus rivales.
Tampoco es una novedad el fenómeno en Guerrero. Desde hace más de una década la criminalidad relacionada con la política se ha manifestado en todo el territorio estatal. El suceso más relevante fue el abatimiento hace nueve años del entonces líder del Congreso local, Armando Chavarría, quien además aspiraba a la gubernatura. Pero no fue el primero ni el único caso.
Desde antes, y desde entonces a la fecha, son decenas los casos de integrantes de la clase política, de los medios de comunicación, líderes sociales, e incluso del clero, quienes han caído víctimas de la violencia delincuencial.
Sólo en el trascurso del año anterior, los medios de comunicación dieron cuenta de una veintena de figuras políticas y funcionarios municipales, de prácticamente todos los partidos, asesinados en diversas poblaciones del estado. Tan caliente está la situación, que al elaborar sus listas de candidatos, mientras en otras latitudes los militantes se dan hasta con las cubetas para figurar en ellas, en algunos municipios guerrerenses los partidos no tienen valientes que quieran registrarse.
En nuestra colaboración anterior abordamos el caso de los dos sacerdotes que fueron muertos en un atentado en una zona cercana a Taxco, hecho que causó controversia y protesta de las autoridades eclesiásticas estatales y nacionales, luego de que una torpe declaración del fiscal pretendió involucrar a uno de los párrocos con un grupo criminal.
Del asunto no se ha informado de ningún avance en las investigaciones y como es costumbre no hay un solo detenido, aunque un boletín oficial del gobierno absolvió a los religiosos asesinados, al concluir que no pertenecían a ningún grupo de la delincuencia organizada, comunicado que circuló luego de que el gobernador Héctor Astudillo tuvo un encuentro privado con el obispo de Chilpancingo-Chilapa y el arzobispo de Acapulco.
Estas muertes de sacerdotes tampoco son las primeras en Guerrero. En los recientes años son ya varios los asesinatos de eclesiásticos, incluso un misionero venido de Uganda y avecindado en Chilapa, que se ha convertido en el municipio más violento de Guerrero, triste campeonato que le arrebató ya a Acapulco, y ambos ocupan el tercer y cuarto lugar nacional.
También ha sido destacada la reciente ejecución de un grupo de cinco artesanos muebleros veracruzanos, que cometieron el error de venir a vender su mercancía a esa ciudad. Su presencia llamó la atención y despertó la desconfianza de las bandas que la dominan. Y así sellaron su destino.
Todo ello transcurre en la impunidad que el delito tiene siempre en Guerrero. Entre la negligencia y la incapacidad, el aparato de justicia estatal deja sin resolver la inmensa mayoría de las ejecuciones, tanto las de personajes conocidos como las de ciudadanos sin relieve.
El gobierno muestra su impotencia y sólo emite un recuento y un diagnóstico: Guerrero es víctima de la violencia generada por dieciocho grupos criminales, seis de ellos ligados a las mafias nacionales y doce del ámbito estatal.
La delincuencia “no se está tocando el corazón para actuar”, dijo el gobernador Héctor Astudillo. Tarde el reconocimiento sobre la gravedad del problema de la violencia (y de la ingobernabilidad) en el estado por parte de su titular, a quien muchas voces advirtieron lo que camino a su tercer año de administración, finalmente, acepta. Ese diagnóstico de los grupos criminales y de narcotraficantes, existe desde hace tiempo, solo que la impotencia de la autoridad no se expresaba tan cruda y claramente como ocurre desde hace tiempo, por lo menos cinco años, lo que ha transcurrido de la administración federal que preside Enrique Peña Nieto, a quien también le explotó la bomba entre las manos, no solamente por el hecho de que la bandera nacional sea izada (¡en su día!) con el escudo al revés, la bandera “de cabeza”, lo que no se determina aún si se hizo a propósito o fue un grave descuido.
Cuando descuidos como ese ocurren al Ejército mexicano la preocupación aumenta, máxime cuando lo mismo ha pasado con los programas que se les han encomendado, en especial la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico, en la que hasta ahora los buenos van perdiendo frente a los malos.  En Guerrero, la autoridad civil sabe que ni Acapulco Seguro ni Guerrero Seguro, los programas que se implementaron con la participación militar frenaron, ni siquiera en poco, el avance del crimen organizado y el narcotráfico. Guerrero, como la bandera izada en el campo Marte el sábado pasado, está de cabeza.