Uno de los temas de los que muy pocos saben pero muchos hablan, es el de la producción, tráfico, distribución y consumo de drogas, químicas o naturales. Su importancia nociva para la salud física y mental, los recursos económicos que generan, la geopolítica del gran negocio, su utilización en el mundo diplomático como instrumento de presión política y sometimiento de los países que la consumen sobre los que la producen.
Por eso ha llamado tanto la atención la declaración del gobernador Héctor Astudillo, quien de forma sincera, aunque muchos dicen simplista, planteó que lo que se hizo con la mariguana se haga ahora con la amapola. Es decir, regularizar su producción para fines médicos. Suena muy bien, pero no es un asunto sencillo. Equivale a lo mismo que ofreció el entonces presidente panista, Vicente Fox, quien prometió resolver la insurrección zapatista ¡en 15 minutos!
Lo había dicho hace una semana en la Ciudad de México, ante el Senado para ser precisos, pero días más tarde el doctor José Narro Robles de plano se dejó venir a Guerrero y ante Astudillo repitió su posición, que explicó con hierbas y florecitas: primero vamos a legalizar la mariguana para fines médicos, aprenderemos del proceso y después veremos qué se puede hacer con la amapola.
Fue más allá el secretario de Salud, y observó que la despenalización de las drogas no resolverá por sí solo el problema de la inseguridad o la violencia por la que atraviesa el país.
Con ello, el funcionario federal ha vuelto a enfriar la propuesta que desde hace un par de meses ha planteado y replanteado el gobernador Astudillo, en el sentido de autorizar la producción de amapola y sus derivados para usos medicinales.
La primera vez ocurrió en marzo, recordará el lector, en torno de la Convención Bancaria celebrada en Acapulco. La segunda ocasión hace unos días, en medio del recrudecimiento de la violencia en el puerto y en el estado, la cual por cierto arrojó un incremento de más del diez por ciento de homicidios en los primeros cuatro meses del año, según la estadística reciente de la Secretaría de Gobernación.
En ambos momentos, la iniciativa ha tenido amplia respuesta local e incluso nacional, pero a nivel federal ha prevalecido la postura que ahora Narro se ha encargado de enfatizar en territorio guerrerense: “espérate tantito”.
Ante la resistencia, Astudillo ha reaccionado de la misma manera: es sólo una idea, ha dicho, aunque habría que agregar que en todo caso es una idea recurrente.
Alcaldes y comisarios ejidales de la sierra han respaldado la propuesta, y a ella se han sumado legisladores del estado, y durante la visita del doctor Narro, la presidenta del Congreso local, Flor Añorve, fue incluso más lejos, y calificó la despenalización de los opiáceos como una prioridad, en contraste con el manejo más cauto del gobernador. Ya en el acelere, el partido Movimiento Ciudadano de plano quiere un periodo extraordinario para que los diputados guerrerenses aprueben la iniciativa de legalización.
Desde luego, en el supuesto caso de que el resto de las fuerzas políticas en el estado cayeran en el garlito, el intento de legislación local se convertiría en un elemento de presión, pero no tendría consecuencia legal alguna, pues se contrapondría al marco federal, y por supuesto a la muy restrictiva normatividad internacional sobre las drogas.
Entretanto, la discusión se calienta, y quienes empujan la bandera de la despenalización de la amapola descubren el hilo negro: la goma es la principal actividad y fuente de ingresos en muchos municipios y pueblos de la sierra de Guerrero, y el incremento exponencial de la demanda de la heroína en Estados Unidos está detrás de la ola de violencia en la entidad, que se ha convertido en la zona más peligrosa del territorio nacional.
Antes y después, lo difícil es imaginar cómo el comercio farmacéutico frenará el flujo para satisfacer las adicciones de nuestros vecinos del norte, con el riesgo de servir más bien de pantalla para su expansión.
De todas maneras, antes habría que convencer al doctor Narro, y a su jefe.
El consumo, con su previa producción y distribución de drogas es muy complicado. Exige soluciones integrales para cada uno de los procesos, pero además forma parte del complejo arte de gobernar, mucho más complicado que administrar o hacer declaraciones que suenan bien, sobre todo para quien las emite y sus incondicionales colaboradores, pero imposibles de aplicar. Es más fácil apostar por la educación, la salud, la armonía y el crecimiento que, aunque exijan paciencia y mucho trabajo, no son tan espectaculares como resolver el asunto del consumo de drogas, creyendo que con su legalización queda superado. Pensar y reflexionar más, declarar menos y actuar en las tareas en las que puede ser más eficaz y sencillo. Pero esto exige sentido común, el más poco común de los sentidos, especialmente en estos tiempos.