Es imposible eliminar la corrupción sin erradicar previamente la impunidad. Esta última es la puerta de entrada para que políticos y empresarios inescrupulosos sigan apropiándose ilícitamente el dinero público del pueblo; sin mayor responsabilidad o sanción. Con impunidad la corrupción pervivirá, reciclándose constantemente.
La impunidad convierte a la corrupción en un mal cancerígeno que corroe inexorablemente la estructura institucional de gobierno. Vicia y distorsiona la sana conectividad entre ciudadanía y la autoridad legalmente establecida; además vulnera seriamente el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. La corrupción aleja para siempre la concreción del bienestar social, sobre todo de la población más vulnerable, de los que menos tienen.
No eliminar la impunidad permite la reincidencia de la corrupción; al mantener un manto impenetrable de protección. Esto es de sobra conocido por los políticos y empresarios ávidos de enriquecimientos ilegítimos. De ahí que cuando hablan los gobernantes de establecer sistemas de anti-corrupción y transparencia evitan mencionar como estrategia nodal la erradicación de la impunidad, en todos los niveles y ámbitos.
Peregrinamente, los del gobierno, tratan de convencer que están eliminando la delincuencia de cuello blanco, pero sin tocar al prevaricador y quien lo hace compadre. Son omisos de afectar la impunidad como hermana siamesa de lo no honrado. Desean cuidarse las espaldas para que no les apliquen el mismo correctivo posteriormente. Si realmente queremos obturar el gran boquete y enderezar el navío que hace agua, no cabe el perdón ni el olvido en materia de corrupción, máxime si es realizada a horcajadas de un pueblo que acusa suma pobreza.
Algunos países del mundo han tomado consciencia del tremendo daño que provoca a la salud pública y a la moral de sus pueblos tolerar la corrupción y la impunidad. China, por ejemplo, ha aplicado la pena de muerte, prevista en sus leyes, a más de un gobernante y funcionario público corrupto de gran calibre. Y en otros más, los gobernantes son defenestrados y encarcelados. Aun cuando muchas veces es con ánimo de perversidad política o de exhibir ejemplos espurios de reivindicación ética.
En Guerrero, los índices de corrupción son altos, junto con los de la impunidad adjunta. La laxitud legal y la complicidad mafiosa entre los del poder político y económico, actuales y pretéritos, auxiliados por auditores que ayudan a maquillar las cuentas, hacen del combate a la corrupción una quimera con pregón huero. Jamás se reconoce la deshonestidad y mucho menos se aplican las penalizaciones correspondientes. Es por eso que no hay para cuando terminar con la corrupción gubernamental, empresarial y delincuencial existente en Guerrero.
La corrupción y la impunidad han permitido el florecimiento de la narco política en los últimos tiempos. Con todas las funestas consecuencias que padecemos y que vulneran seriamente la gobernabilidad, seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. La delincuencia organizada, vinculada a la narco-política, ha desbordado en algunas regiones del país el orden legal y cualquier otra forma de control institucional.
Son frases funestas aquellas que enuncian algunos políticos en forma pública y por demás cínica: “No hay que mirar para atrás, sino hacia adelante”, “Más que culpables, busquemos soluciones”, etc.
A fuerza de tanto presenciar la corrupción con impunidad, la ciudadanía la ve como una normalidad y un ejemplo a seguir para enriquecerse ilícita y rápidamente, sin que pase nada. Si los de arriba delinquen impunemente es dable que los de abajo lo hagan también; en su propia circunstancia y dimensión.
En Guerrero, jamás se ha obligado a ningún político o empresario corrupto a devolver los cientos de millones de pesos mal habidos, ni mucho menos a pagar sus delitos con cárcel. ¡Vamos!, ni siquiera con alguna pinchurrienta multa.

PD. Felicito al Partico Movimiento Ciudadano por adoptar como lema político principal: “Con honestidad, Guerrero puede cambiar”.