La Junta de Gobierno del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) decidió excluir del Sistema Nacional de Investigadores a quienes trabajen en instituciones privadas, de modo que los apoyos económicos sólo se concederán a los investigadores de universidades y centros del sector público, lo que constituye un rudo golpe para la ciencia.
Cabe recordar que el SNI se creó a mediados de 1984, después del desastre dejado por José López Portillo, y cuando Miguel de la Madrid acabó de hundir en la miseria a los asalariados, lo que incluyó al personal académico. Desatada la crisis de los años ochenta, aquel gobierno, “para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico”, lejos de mejorar los sueldos, inventó un sistema de becas que evitaría la fuga de cerebros, o al menos eso creyeron.
“El objeto del SNI –dice su página de internet– es reconocer la labor de investigación en el país, a través de un concurso científico y tecnológico, y contribuir con ello a incrementar la competitividad internacional en la materia y a la resolución de los problemas nacionales”, a lo que se agrega que “para el ingreso al SNI se consideran fundamentalmente las aportaciones al conocimiento científico, tecnológico, social y cultural, mediante la investigación científica o tecnológica, la formación de recursos humanos especializados, la divulgación de la ciencia y la tecnología, la creación de grupos de investigación, el desarrollo de infraestructura científica y tecnológica, así como las labores para vincular la actividad de investigación con los sectores público, social y privado”.
Esto último puede servir de base a quienes demanden que no se excluya del sistema a los investigadores de instituciones privadas, pero la razón de mayor peso es que un científico que contribuya a la renovación y ampliación del conocimiento, sea del sector público o del privado o trabaje por su cuenta, no debe ser excluido, pues lo que debe importar es el aporte a la ciencia y la tecnología, no la ubicación del investigador.
Desde su nacimiento, el SNI no otorga apoyos a investigadores que trabajen al margen de las instituciones, lo que representa una lamentable discriminación. Ahora, al pretender la marginación de los científicos que trabajan para instituciones privadas –incorporados al SNI a partir de 2014– se da un severo golpe no tanto a las universidades privadas como a la ciencia que se produce en México.
De acuerdo con la federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, éstas cuentan con el 4.6 por ciento de los investigadores, pero generan 10 por ciento de las publicaciones arbitradas y ocho por ciento de las patentes nacionales. Por supuesto, los apoyos que reciben los científicos de tales centros de investigación mejoran sus percepciones, pero lo más importante es que en promedio individual hacen un aporte mayor al de quienes laboran en instituciones públicas.
Una medida que adoptó el Conacyt, ya bajo la dirección de María Elena Álvarez-Buylla Roces, fue terminar con la transferencia de recursos a las trasnacionales de matriz extranjera o mexicana, las que en conjunto recibieron unos 50 mil millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y otro tanto en los sexenios panistas, sin contar las exenciones de impuestos y otros beneficios para las empresas que realizaran investigación, aunque ésta fuera para beneficio exclusivo de esas mismas compañías, no de la sociedad mexicana.
La medida terminó con una de las más sucias herencias del neoliberalismo, pese a lo cual, caro lo pagó Álvarez-Buylla, a quien lo menos que le dijeron era que se comportaba como Lisenko, el comisario de Stalin para la ciencia. Lo cierto es que la funcionaria se negó a seguir engordando a trasnacionales que nada bueno dejaban a México.
Ahora es diferente, pues sin desconocer el beneficio que representa el apoyo del SNI para la parte patronal de las universidades particulares, sus científicos hacen un aporte respetable que el Estado debe reconocer y estimular. Lo que se requiere, en todo caso, es un sistema más riguroso de evaluación, no la exclusión de quienes sí trabajan y son capaces de producir conocimiento nuevo.