Es cierto, el caso de Colombia es muy diferente al de México. Su larga historia de conflicto armado tiene características diferentes a las dinámicas de la violencia que afectan a nuestro país desde hace unos diez años o más pero generadas desde hace décadas. El proceso de diálogo por la paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tan complicado y tan sinuoso nos da una idea de lo que significa un esfuerzo lúcido y decidido por lograr condiciones para la paz. Es cierto, en este momento, después del No a este proceso en el plebiscito, los colombianos tienen el reto de buscar nuevos caminos para lograr la paz.
Pero, si bien hay diferencias entre estos dos casos, también hay lecciones que tendríamos que ir aprendiendo en México para construir una ruta propia para la paz desde nuestro propio contexto de conflictos armados a lo largo y ancho del país. Hay una guerra no convencional entre el gobierno federal y las organizaciones criminales que está dejando un desastre social y, aún, económico.
En primer lugar, la visión del gobierno mexicano para abordar esta situación no es la de la construcción de la paz sino simplemente la de seguridad pública. A lo que aspira el gobierno es a contener la violencia y nada más. Y lo hace mediante las instituciones armadas, policiacas y militares. Esta visión es muy estrecha e insuficiente. Y, además, ineficaz porque no aborda el conflicto armado en toda su dimensión ni en sus causas, sino sólo en algunos de sus efectos. Por lo tanto, no hay mucho que se pueda esperar de esta estrategia gubernamental.
En segundo lugar, si observamos los acuerdos entre el gobierno colombiano y las FARC éstos se orientaron en una perspectiva de transformación social. Los temas de estos acuerdos, que no fueron aprobados por la mayoría de los colombianos, dejan ver este interés: reforma rural integra, participación política y apertura democrática para reconstruir el país, cese al fuego, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, implementación y verificación. Estos temas fueron considerados clave para la construcción de nuevas condiciones económicas, sociales y políticas que abrieran el paso para la paz en ese país.
Este contenido de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC es el que fue rechazado por la oposición, más ligada a los terratenientes y a los paramilitares, y fue mirado con recelo por el altísimo número de electores que se abstuvieron en el pasado plebiscito. Lo que sucede es que se está dando una discusión de fondo sobre las condiciones para la paz que pasan por una profunda reforma política, por una redistribución de la riqueza y por los derechos de las víctimas. Pues bien, esto es lo que tenemos que entender en México. Las simulaciones oficiales con policías y militares son solamente eso: simulaciones. Hay que pensar en una profunda transformación social que debe considerar algunos aspectos fundamentales.
Hay que pensar en una transformación política en el país. El actual sistema político es, precisamente, uno de los grandes factores de la violencia que tenemos porque nos da solamente para una democracia precaria al privilegiar a una clase política distanciada de los ciudadanos y al no permitirles a éstos una participación decisiva en la marcha del país. El sistema de partidos políticos que tenemos, las elecciones viciadas, los mecanismos de participación ciudadana no están funcionando porque están diseñados para eso, para que no funcionen en la práctica para el bien público. Se requiere repensar la vida democrática en la que el poder del pueblo se haga realidad. El caso colombiano nos muestra que el momento democrático de ese país no está aún en condiciones de decidir la paz y tienen que avanzar aún más en el camino hacia la democracia real.
También se tienen que dar pasos hacia una mayor redistribución de la riqueza y a superar los riesgosos niveles de desigualdad que han sido factores de la violencia en México. Necesitamos transformaciones de fondo en la economía del país que abatan problemas como el desempleo, la emigración, la pobreza extrema y demás.
Y, por si fuera poco, el tema de las víctimas es clave. No tendremos paz mientras no se garanticen los derechos de las víctimas de la violencia en México. Siguen en el abandono jurídico y político y, aún en el abandono social. Sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño siguen sin ser atendidos. Afortunadamente, ellas se han ido haciendo visibles y se están haciendo escuchar. Pero hay que tener claro que si a las víctimas no les va bien, este país no se puede reconstruir sobre su dolor y su dignidad.
Para la paz, que no es la mera seguridad pública, se requieren pues, algunas condiciones de carácter político, social y económico. Ya es tiempo de que los ciudadanos lo entendamos y nos hagamos escuchar por las autoridades para que respondan y ya no simulen. Hay que seguir poniendo atención a lo que sucede en Colombia.