Defender los derechos humanos en Guerrero tiene un costo muy alto: implica perder la libertad y hasta la vida. Te confinan a vivir en la penumbra, a caminar a salto de mata y ser blanco de ataques y denostaciones. Ser un defensor comunitario en las regiones pobres del estado implica sufrir las consecuencias por encarar al poder, padecer las amenazas de caciques y de quienes sienten amenazados sus intereses políticos y económicos. Las autoridades locales se confabulan con estos grupos para fabricar denuncias penales con el fin de amedrentar y someter a los defensores comunitarios. Se trata de obstruir cualquier acción pública encaminada a romper con las cadenas del oprobio y acabar con los privilegios de las castas políticas que lucran con el erario público y la explotación de recursos naturales y de personas. En Guerrero se silencia con cárcel o con balas a los luchadores sociales que levantan la voz y denuncian las tropelías de los políticos corruptos que establecen alianzas con la delincuencia organizada.
A Jesús Plácido Galindo le nació la conciencia de defender a su pueblo cuando acompañaba a su padre Cirino, que fue fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y formó parte del Congreso Nacional Indígena (CNI). De pequeño trabajó en el corte de caña con su papá. Aprendió la molienda para hacer panela y destilar el aguardiente. Los ingresos siempre fueron precarios sobre todo porque los productos los acaparaban los ricos de San Luis Acatlán que imponían los precios de sus productos. Sufrió en carne propia la discriminación y la explotación por ser indígena. Heredó de Cirino el legado de defensor, de no arredrarse ante los caciques y de nunca sucumbir ante la lucha por los derechos del pobre. Se identificó con el movimiento zapatista del EZLN e hizo suya la consigna: ¡Nunca un México sin nosotros! No fue en vano su paso por la preparatoria donde tuvo la oportunidad de leer el libro del Che del que siempre recuerda la siguiente enseñanza: “Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario”.
Jesús tomó muy en serio el compromiso de un defensor y adquirió el temple de un líder comunitario decidido a encarar a quienes usurpan el poder y que hacen de los cargos públicos un gran negocio. En el 2015 acompañó a Cirino a las comunidades nahuas de Chilapa que lo habían llamado para impulsar la creación de la CRAC de los Pueblos Fundadores (PF) con el fin de acuerparse y defenderse de los grupos de la delincuencia que se habían asentado en la cabecera municipal de Chilapa. Algunas autoridades recuerdan que llegó para realizar asambleas y les enseñó a elaborar su reglamento interno. Desde ese tiempo “los delincuentes nos balaceaban y los líderes de los partidos políticos nos amenazaban”.
Fueron varias visitas a la Montaña Baja, donde al igual que en las comunidades enclavadas en la Montaña Alta hacen falta centros de salud, escuelas, carreteras, electricidad y apoyos para el campo. La mayor preocupación de la población fue la violencia delincuencial que se gestaba en Chilapa y en las comunidades indígenas. Se generó una disputa entre dos grupos delincuenciales que desencadenó múltiples asesinatos y desapariciones en la cabecera municipal en el 2011. La violencia se enseñoreo en la región y las comunidades indígenas fueron obligadas a enrolarse a uno de los bandos, como medida de sobrevivencia. De ser una ciudad tranquila y famosa por su tianguis dominical, Chilapa se convirtió en una ciudad violenta, sometida por el hampa.
Con la muerte de su padre Cirino en el 2019, Jesús asumió el compromiso de continuar con la defensa de las comunidades indígenas. Las mismas autoridades comunitarias lo animaron para que los acompañara en las gestiones que realizaban ante las autoridades del estado. Ante sus responsabilidades familiares y como ciudadano de Buenavista, en San Luis Acatlán, Jesús permanecía una temporada en su pueblo y organizaba sus tiempos para estar con las comunidades de Chilapa. Poco a poco fue forjándose como un defensor comunitario. Participaba en reuniones del CNI y se capacitaba en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos. Comprendió el sentido profundo de la lucha zapatista, de ejercer por la vía de los hechos su derecho a la libre determinación. Con la CRAC-PF Jesús trató de articular un movimiento entre las comunidades nahuas de Chilapa para hacer efectivos sus sistemas normativos. Su asamblea regional se erigió en la máxima autoridad y sus comisarios conformaron la CRAC-PF. Este sistema autonómico no fue reconocido ni aceptado por las autoridades municipales, por el contrario, los ignoraron y los excluyeron del presupuesto. La mayoría de comunidades que pertenecen a la CRAC-PF no cuentan con obras desde hace varios trienios. Por otra parte, los grupos de la delincuencia consideraron a la CRAC-PF como una amenaza para sus planes de expansión y dominio territorial. La disputa agraria añeja y la organización autónoma propiciaron que tanto las autoridades municipales como los grupos de la delincuencia los catalogaran como un grupo antagónico. Para ellos la CRAC-PF es una artimaña para encubrir a un grupo delincuencial. Esta animadversión ha llegado a una violencia extrema con el alto número de homicidios que han contabilizado 84 personas asesinadas y 25 desaparecidas.
Ante esta embestida criminal, Jesús organizó una Misión Civil de Observación por los últimos episodios de violencia que se suscitaron del 6 al 12 de mayo del presente año, cuando fueron asesinados seis indígenas, quemaron varias viviendas y fueron desplazadas más de 800 personas de las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán. Jesús no tuvo otra opción que denunciar la violencia desatada por los grupos delincuenciales de la zona. Con el apoyo de las comunidades difundieron imágenes de los desplazamientos forzados, de las viviendas quemadas, de los explosivos lanzados desde drones que explotaban en los techos de las casas, de las personas que fueron asesinadas y del éxodo masivo de familias indígenas que se vieron obligadas a salir de la región y del estado.
Jesús denunció la colusión que existe entre grupos de la delincuencia con autoridades municipales, evidenció la inoperancia de los retenes militares que no actúan para contener la violencia y más bien permiten que los grupos de la delincuencia se desplacen sin ningún control. Sus declaraciones, pero sobre todo los testimonios de la gente que denunciaba las incursiones armadas y pedía el auxilio de las autoridades lograron que el gobierno federal interviniera y acudiera la secretaria de Gobernación a una de las comunidades afectadas.
El malestar de las autoridades del estado es que la voz de los indígenas trascendiera a nivel nacional y que dejaran al descubierto su inacción y complicidad con los grupos que delinquen. El haber colocado el foco de atención en las comunidades indígenas de la Montaña baja, es algo que las autoridades del estado no le perdonan a Jesús Plácido Galindo. Por eso la Fiscalía de Guerrero, que también ha quedado en evidencia que no está investigando estos hechos de violencia, se apresuraron para armar expedientes contra el defensor comunitario. En pocas semanas armaron la estrategia para girar las órdenes de aprehensión, armar un operativo ostentoso para detenerlo y tenderle la trampa llamándolo a una reunión en Acapulco, por parte del subsecretario de Asuntos Políticos del estado, Francisco Rodríguez y así asegurar su detención y confinarlo a Almoloya, dándole un trato de delincuente de alta peligrosidad. La persecución ya se veía venir cuando el 26 de junio la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló la cuenta que tenía en el BBVA con la cantidad de 280 pesos.
Jesús se ha forjado con la dureza de la vida del campo. Su niñez la vivió en medio de precariedades, en un ambiente donde se respiraba la injusticia. Se le ha tildado de todo con tal de silenciarlo. Ahora lo acusan de un homicidio que supuestamente cometió en Xicotlán en el 2021. El gobierno del estado armó todo este tinglado legaloide para entregar cuentas al gobierno federal de que están actuando con todo el peso de la ley para encarcelar a personas que son de alta peligrosidad.
Desde que planearon la detención de Jesús, las autoridades federales y estatales se coordinaron para evitar cualquier denuncia o protesta de la población. Lo detuvieron en un retén militar en el municipio de San Marcos. Participaron efectivos militares, Guardia Nacional, policía del estado, policía ministerial del estado. Fueron más de 40 efectivos encapuchados que lo rodearon junto con su esposa. Lo sometieron, le quitaron su celular y el botón de emergencia que nunca respondió cuando Jesús pedía auxilio. Lo subieron esposado en una camioneta que fue escoltada por varios vehículos. Posteriormente lo subieron a un helicóptero de las Fuerza Aérea Mexicana desconociendo su paradero.
A su esposa y su familia le negaron información sobre el lugar a donde sería trasladado Jesús. Se tuvo que interponer un amparo por desaparición ante la negativa de las autoridades de proporcionar alguna información relacionada con la situación jurídica de Jesús. Después de 30 horas de estar incomunicado, Jesús pudo hablar con su esposa desde el penal de Almoloya. Ahora su familia sabe que a Jesús lo acusan de homicidio y que se encuentra confinado en un penal de máxima seguridad. Desconocemos los motivos de por qué por un delito del fuero común las autoridades deciden trasladarlo fuera del estado a un penal federal. La perversidad gubernamental no solo violenta los derechos humanos del detenido sino que se obstina en presentarlo como un delincuente peligroso, obstruyendo una defensa adecuada y alejándolo de su entorno familiar y comunitario para hacer más cruento el castigo y el sufrimiento que conlleva. Se trata de doblegarlo, de sobajarlo y de imponerle un castigo por atreverse a desenmascarar el modus operandi que se ha orquestado en el estado entre autoridades y crimen organizado.