En un pueblo libre, es más poderoso el imperio de la ley que el de los hombres.
Tito Livio

Después de las votaciones para elegir a representantes populares o gobernantes sean estos presidentes, gobernadores o alcaldes, el acto de mayor expresión de la suprema soberanía o voluntad popular es el de la aprobación de una ley, en el que los representantes de esa suprema soberanía hacen que esta se exprese pronunciándose con su voto a favor de una convención vinculante, es decir, de una ley, la cual creada implica que la suprema soberanía popular ordena por encima de cualquier voluntad individual, gobernante o de algún mismo poder público, que sea acatada, nadie ni nada por encima de la ley.
La validación y legitimidad de una ley en el Poder Legislativo no puede ser evaluada con criterios posteriori de justicia porque estos han sido suficientemente deliberados por la suprema soberanía popular, sobre la cual no puede haber ordenamiento, instrucción, decisión o memorándum alguno que la invalide, a menos que se confunda la soberanía que elige a sus representantes con el voto que elige a los gobernantes.
Me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador está confundiendo la amplia votación que obtuvo de poco más de 30 millones de mexicanos con la soberanía popular que conformamos cerca de 90 millones de mexicanos y que tiene como representantes a los diputados locales y federales para que procesen sus decisiones en leyes que el Poder Ejecutivo está obligado a ejercer, o está confundiendo su voluntad con la soberana voluntad del pueblo y negando su expresión y representación encarnada en los Poderes Legislativos locales y federal.
La reforma constitucional para instrumentar la reforma educativa, que en alguna de sus partes si viene a tener un impacto positivo en el sistema educativo, para dejarla sin efecto el único mecanismo que existe es su derogación, procedimiento que corresponde única y exclusivamente al poder legislativo, a menos que el presidente López Obrador esté pensando en que no sólo es titular del Poder Ejecutivo sino que también del Poder Legislativo y que por eso argumente que su memorándum para dejar sin efecto las medidas que establece la constitución en materia educativa no sea un asunto legal si no que político, es decir, de poder.
El presidente López Obrador sostiene que ha logrado su propósito con el memorándum de poner a debate el tema de la reforma educativa, pero también está logrando poner a debate su capacidad para respetar la ley y la constitución, creo que otra vez está mostrando el cobre de su capacidad para poner su voluntad por encima de la ley, que alguien le diga que se está confundiendo, que la ley es lo más justo y lo más político porque surge de la voluntad popular que siempre será mas justa y más política que la voluntad individual de un gobernante por más iluminado que se sienta.
Vuela vuela palomita y ve y dile: a los asesores y legisladores morenistas que alguien le diga al presidente que parece que está olvidando los preceptos de Juárez pretendiendo ponerse por encima de la ley y mandando al diablo a las instituciones otra vez.