El 20 de abril de 2020 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió la acción de inconstitucionalidad 81/2018 que presentó la CNDH contra las reformas realizadas por el Poder Legislativo de Guerrero en el 2018, contra la Ley 701 sobre el Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas en el estado y contra la creación de la ley 777 de seguridad pública del estado, que se dio en la primera sesión virtual que realizó el máximo tribunal del país en medio de la pandemia.
Los ministros y ministras establecieron que dichas modificaciones legislativas afectan de manera directa los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado, debido a que no existió una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, vulnerando los parámetros establecidos en el artículo 2 de nuestra Constitución política. El fallo de la Suprema Corte reconoce a los pueblos indígenas el derecho a opinar sobre las leyes, los programas o proyectos que puedan afectarles, dejando claramente establecido que las autoridades estatales no son las que deciden el rumbo de la vida comunitaria de los pueblos indígenas y afromexicanos. Este alto tribunal asentó que su sentencia surtirá efectos una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, emplazando al Poder Legislativo para que en un tiempo de 12 meses realice las adecuaciones necesarias, consultando en todo momento a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
De la misma forma, los ministros y ministras invalidaron las reformas relacionadas con seguridad pública, en materia electoral y educativa mediante las siguientes acciones de inconstitucionalidad: 78/2018, 136/2020 y 299/2020 y ordenaron al Congreso local que realizara las consultas correspondientes con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad.
Con estas determinaciones quedó demostrado que las diputadas y diputados históricamente han legislado de espaldas a los pueblos indígenas y afromexicanos, causando agravios irreparables por esa visión racista y etnocéntrica de asumirse como un poder absoluto, dándole un trato de vasallos a los pueblos que desde antes de la colonia se encontraban asentados en nuestro territorio y construyeron culturas florecientes como parte de la civilización mesoamericana.
A pesar de que la SCJN le corrigió la plana a la Legislatura pasada y señaló con mucha contundencia y precisión las fallas en que incurrieron sus diputados por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, dejaron pasar el tiempo y, lo peor de todo, ignoraron el ordenamiento jurídico del máximo tribunal. A pesar de que desde abril y agosto de 2021 notificaron formalmente las resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad al pleno del Congreso, los diputados dejaron pasar el tiempo para que la nueva Legislatura se encargara de darle seguimiento. Con el pretexto de la nueva conformación política, los diputados y diputadas se abocaron a disputar las presidencias de las principales comisiones y a cabildear las agendas que cada partido político trae bajo la manga. Dejaron de lado este compromiso legislativo advertido por la SCJN.
Con los tiempos encima, la nueva Junta de Coordinación Política (Jucopo) elaboró, de manera unilateral y excluyente, el “protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada, de buena fe, el proceso de consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en la esfera de derechos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos”. Se trata de un documento que desconocen las mismas comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, sin embargo, los diputados y diputadas han convocado a reuniones para decidir cómo van a aplicarlo. Con esta manera de proceder queda claro que las diputadas y diputados no han entendido el contenido de las resoluciones del máximo tribunal de la nación. El principio fundamental que debe guiar cualquier acción relacionada con los pueblos indígenas y afromexicanos tiene que fundarse en el diálogo intercultural, tomando en cuenta sus formas de interlocución, de representación, de organización y de comunicación. La misma organización de la consulta implica varias fases que son claves para el diseño e implementación de este protocolo.
La Corte considera que los procesos de consulta de medidas legislativas deben observar como mínimo las siguientes fases: fase preconsultiva que debe identificar con los pueblos y comunidades, la medida legislativa que será objeto de consulta, así como la identificación de los mismos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que deberán ser consultados, la forma de cómo llevar este proceso y la manera de intervenir y formalizar acuerdos con las comunidades indígenas y afromexicanas. También plantea la fase informativa que implica entregar toda la información y difusión sobre el proceso de consulta para que los pueblos y comunidades cuenten con información completa, previa y significativa sobre las medidas legislativas. Posterior-mente está la fase de deliberación interna donde directamente los pueblos y comunidades establecen mecanismos de diálogo y acuerdos para evaluar las medidas legislativas. Existe también la fase de diálogo donde se da un intercambio de opiniones entre los representantes del Estado y los representantes de los pueblos indígenas con la finalidad de llegar a acuerdos. La última fase es la toma de decisión, donde se comunican los resultados y se entrega el dictamen.
El protocolo aprobado por la Jucopo el pasado 15 de febrero contraviene los principios internacionales del derecho a la consulta, porque toma determinaciones a partir de su propio marco jurídico, sin considerar los sistemas normativos de los pueblos indígenas, que también es un marco normativo reconocido constitucionalmente, que cuenta con mecanismos propios para la realización de consultas, que regularmente son por asambleas comunitarias, agrarias y regionales. En ningún momento se toman en cuenta los principios que rigen los sistemas normativos de los pueblos indígenas. En su mismo esquema de autoridades responsables incluyen a las autoridades militares como parte de este proceso deliberativo. Esta decisión unilateral es arbitraria. Crean figuras ajenas a las formas de organización de los pueblos indígenas como el hecho mismo de conformar un grupo técnico interinstitucional, que supuestamente tienen competencia legal porque atienden a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicana. También hablan de un órgano garante excluyendo a las mismas autoridades indígenas, sus sabias y sus sabios, sus principales, sus consejeros y consejeras. Los observadores en lugar de ser acreditados por los pueblos indígenas, tienen que solicitar su acreditación a una instancia gubernamental. No se establece ningún mecanismo de diálogo con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicana, simplemente es un protocolo que carece de legitimidad y representatividad de los sujetos a quienes se quiere consultar y sobre todo está hecho en un lenguaje técnico y en castellano, que es inaccesible para las personas indígenas y afromexicanas.
Vemos con preocupación que los diputados y diputadas de esta sexagésima tercera Legislatura estén actuando con premura para cumplir con un compromiso jurídico, sin que exista voluntad política por parte de los representantes de la Jucopo y de las mismas fracciones parlamentarias para inaugurar una nueva relación con los pueblos indígenas y afromexicanos. Esto implica cambiar sus formas de trabajo, de reconocer los errores que han cometido las legislaturas pasadas por imponer leyes que violentan los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de sus acuerdos parlamentarios, sus reformas se han revertido y se ha demostrado que la lucha de los pueblos indígenas y afromexicanos es legítima, pero sobre todo legal. A pesar de ellos, los partidos políticos liderados por caciques siguen empecinados en imponer sus estilos autoritarios para defender sus intereses facciosos. La supuesta consulta que se hizo en los municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán es un ejemplo claro de lo que no debe hacer esta Legislatura, por la forma tan burda y tramposa como actuaron los presidentes municipales y los mismos representantes de los partidos. Abusando de su poder ignoraron las formas de organización y de elección que tradicionalmente realizan las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero.
Es un momento propicio para que el Poder Legislativo de Guerrero analice con plena responsabilidad la importancia que tiene la propuesta que presentaron los pueblos indígenas y afromexicanos a la Legislatura pasada, sobre una reforma integral para el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el estado de Guerrero. Este ejercicio de consulta fue ejemplar porque se realizaron asambleas comunitarias en las lenguas maternas, se tomaron en cuenta los diferentes municipios, comunidades y regiones donde habitan los pueblos indígenas y afromexicanos y además se realizaron parlamentos abiertos en el Congreso del estado para analizar los temas de mayor interés y preocupación de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Los diputados y diputadas no sólo deben de acotar su mandato para sólo legislar en materia de seguridad pública, electoral y educación, que son el motivo de estas acciones de inconstitucionalidad, sino deben tener una visión de Estado, donde tomen en cuenta los instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, firmados por nuestro país y que son parte de nuestra legislación interna, de acuerdo con el articulo primero de nuestra Constitución política.
La lucha histórica de los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero ha sido aprovechada por una clase política que ha utilizado el poder para fortalecer los cacicazgos vetustos y afianzar un modelo de gobierno racista y etnocéntrico, que excluye y reprime a la población más pobre del estado. Ahora es la Suprema Corte de Justicia la que pone en jaque al Poder Legislativo de Guerrero. El temor de los diputados y diputadas es que sean destituidos y pierdan las prerrogativas y los grandes negocios que les ha dado el poder. Por esa razón se encuentran nerviosos, no tanto porque les preocupe la situación de oprobio que padecen los pueblos indígenas, ni que sientan como propio el agravio que han cometido, por violentar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos de Gue-rrero. Lo hacen por su sobrevivencia. Por eso buena parte de los diputados y diputadas le están apostando a realizar una consulta a modo, como mero trámite legislativo.
Para la gobernadora Evelyn Salgado es una gran oportunidad para demostrar en los hechos su compromiso con los pueblos indígenas y afromexicanos. Debe tomar en cuenta la iniciativa de reforma sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que varias organizaciones sociales, civiles y autoridades indígenas le hicieron llegar tanto en su campaña y ya en el cargo. Tiene que hacerse eco de este esfuerzo descomunal que han realizado las comunidades. Tiene que desmarcarse de los grupos políticos que sólo buscan beneficiarse del poder, pisoteando los derechos del pueblo. Esperemos que retome esta iniciativa para demostrar de qué lado está.