La llamada consulta sobre si ha de juzgarse a los ex presidentes acabó por ser algo mucho más general, pues el texto sobre el cual los ciudadanos se manifestarán abarca prácticamente a todo funcionario público del México independiente:
“¿Estás de acuerdo o no –le dicen confianzudamente al ciudadano– en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Si se responde afirmativamente, el gobierno cumplirá con lo que ordenan las leyes; si se opta por el no, entonces las autoridades podrán lavarse las manos y continuar dejando al margen, como hasta ahora, los delitos cometidos por los ex funcionarios, lo que conculca el derecho de los mexicanos a que se haga justicia.
Por supuesto, someter la aplicación de la ley al voto popular es una burla, un juego, un insulto a la inteligencia ciudadana. Siempre nos han dicho que la ley es la ley y que la autoridad está obligada a cumplirla. Pero ahora se procede con cautela porque los ex presidentes, unos más otros menos, quizá dispongan de mecanismos de defensa, como el dinero, las relaciones, el apoyo de sus partidos o la movilización de masas, si es que hay algún ex mandatario que cuente con respaldo de multitudes, lo que resulta en extremo dudoso.
Para que la consulta de marras tenga validez y obligue a las autoridades a proceder, se requerirá que voten por lo menos dos de cada cinco inscritos en el padrón electoral, lo que por supuesto no va a ocurrir, porque en las pasadas elecciones, cuando estaban en juego 15 gubernaturas, innumerables municipios, la renovación de la Cámara de Diputados y varios congresos estatales, votó apenas un poco más de la mitad de los ciudadanos con credencial del INE.
Es impensable que ahora se vuelquen los votantes a las casillas, cuando sólo habrá que responder la blandengue pregunta redactada por los señores ministro de la Corte, quienes haciendo a un lado su sapiencia jurídica aceptaron participar en el jueguito armado desde el Poder Ejecutivo.
Si la consulta no será vinculante, cabe preguntar cuáles son las finalidades de esta operación que costará a los contribuyentes más de quinientos millones de pesos. La primera y más obvia es distraer, pues sigue presente el riesgo de contagio y quienes no pueden ir a vacunarse a Estados Unidos esperan ansiosos que les toque turno en el proceso de vacunación. Y ya sabemos que el miedo suele jugar en favor del poder.
La distracción va más lejos, pues entre la ineficiencia económica de 2019 y la parálisis económica derivada de la pandemia, problemas como el desempleo, la caída de los salarios y la miseria se han agudizado, y ya se sabe que el hambre puede convertirse en motor de la rebeldía social. Si a lo anterior se agregan el desastre de la línea 12 del metro y las muchas promesas de campaña hasta ahora incumplidas, el cuadro se llena de motivos para la inestabilidad política.
Como la malhadada consulta va a fracasar, el gobierno por supuesto no procederá penalmente contra ex funcionarios ladrones, pero desde luego no asumirá responsabilidad alguna, sino que aprovechará el viaje para culpar al INE de haber organizado mal y de malas el numerito. Si no hay pan habrá circo, en la consulta y después de realizada, pues se trata de que la atención pública ande lejos de la dura realidad del país.
En el remotísimo caso de que los votantes del primero de agosto opten por el “sí”, la persecución de algún ex presidente hará de la nación un coliseo romano que ocupará la atención pública durante algunas semanas. Si se requiere que ese periodo se prolongue, entonces la persecución se hará contra otro ex mandatario, y ya, porque repetir el espectáculo más de una vez lo hace perder su efecto distraccionista.
Como un anticipo de resultados, ya el señor presidente López Obrador anunció que votará en contra de apergollar a sus antecesores, lo que delata el aspecto fársico del asunto. Pero sobre todo, la promesa de optar por el “no” tiene fines preventivos: no se vaya a hacer costumbre ese tratamiento.