México avanzará enormemente si todos respetamos la ley. Dejar a un lado la escasa voluntad política para cumplirla. Abandonar su uso simulado, faccioso, discrecional, arbitrario y corrupto. La omisión institucional deriva ilegalidad inacabable. Por eso nada ni nadie por encima de la ley o por fuera de ella.
Requerimos gobiernos honestos a partir de una regeneración ética, con principios y valores virtuosos. La correspondencia en el decir y hacer es esencial. Hay que desterrar la manía de fingir, sustituyéndola por la verdad, y el actuar con honradez y eficacia. Con mucha sensibilidad y compromiso popular. Hay falta de integralidad en el quehacer público. Por eso la perentoriedad de una transformación real.
Recuperar la paz y tranquilidad parte de la rehabilitación institucional, erradicando la connivencia con la delincuencia y reestructurando todo el corroído sistema de seguridad nacional. La claridad, rendición de cuentas y entrega de resultados veraces por parte de las instituciones, reducirán la propensión a delinquir. Agréguese a lo anterior el combate a la pobreza, las opciones educativas, de salud, de sano esparcimiento, de trabajo y de vivienda para aquellos que lo necesitan, sobre todo para los jóvenes.
El presupuesto público que es objeto de desvíos y deshonestidades, orientado al despilfarro para obras y acciones superfluas, deberá canalizarse para hacer valer todos los derechos humanos. El gobierno debe ser garante efectivo de sus vigencias. Sin cortapisas, omisiones o fingimientos; atendiendo las fuertes carencias en su observancia, tanto en cantidad como en calidad; cuidando que todos sean permeados por la equidad de género, la transparencia y sustentabilidad; sin menoscabar la prioridad de los pueblos indígenas en todos sus derechos específicos.
Para repartir, primero hay que tener. El costo de los programas sociales, subsidios y pensiones a personas vulnerables, no se pueden sostener con más déficit presupuestal, aumento de impuestos o mayor deuda pública. De ahí la necesidad de generar suficiente riqueza nacional, incrementando al doble su tasa anual de crecimiento.
Para eso se requiere que haya respeto y certidumbre jurídica a la inversión, a la propiedad y al funcionamiento de la empresa privada impregnada de solidaridad y desarrollando dinámicos mercados regionales. Hay que aumentar nuestras capacidades gerenciales y de innovación empresarial. Acceso a la capacitación y al financiamiento blando a las pequeñas y medianas empresas, para no ser avasalladas por las grandes corporaciones. Toda persona tiene derecho a prosperar económicamente a través de negocios lícitos y no estar sometidas a la corrupción, extorsión, acoso fiscal u otros actos de coacción ilegales o ilegítimos.
Es necesario bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, legisladores, partidos y gobernantes, para subir los salarios de los empleados institucionales más modestos, contando con mayores y mejores espacios y equipamientos para el bien laborar. Gente que usufructúa una plaza institucional y no trabaja debiendo hacerlo, será excluida de todas las nóminas oficiales. Aplicando con austeridad y adecuadamente el gasto público, respetando el sindicalismo democrático y elevando el salario mínimo se contribuirá a mejorar la distribución del ingreso nacional; y a la disminución de la desigualdad social gobernando preferentemente para los pobres. Además, con parte de los recursos ahorrados, poder construir mayor y mejor infraestructura productiva regional que tenga alto impacto para toda la población.
*Síntesis de una parte del programa de gobierno 2018-2024 de AMLO.
PD1. Rosario Robles Berlanga, secretaria de la Sedatu, el gobernador del estado y el alcalde de Acapulco, dieron inicio a la pinta de fachadas en los condominios populosos de El Coloso. ¿Qué dirá el INE y la FEPADE de este público reparto masivo de dádivas, a tres semanas del cierre de la contienda electoral?
PD2. Por fin se abrieron vías de comunicación entre los grandes empresarios y el próximo presidente de México. Todo por el bien de la nación.