Araíz de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, en el 2019 empezaron a surgir algunos datos de prueba que indicaban que el Ejército mexicano había intervenido de alguna manera en la desaparición de los jóvenes. Se supo entonces que había elementos militares infiltrados en la normal rural de Ayotzinapa. Se obtuvo información de que, a la llegada los estudiantes a Iguala la tarde noche del 26 de sepotiembre de 2014, fueron seguidos por elementos de Inteligencia. Aparecieron elementos que indicaban que dos militares estuvieron operando el C4, además que varios soldados patrullaron distintas zonas en las que los jóvenes estaban siendo atacados a balazos como en Periférico Norte y Sur y en el crucero de Santa Teresa. También se tuvo conocimiento de que el coronel José Martinez Crespo visitó alrededor de las 12 de la noche la barandilla municipal, donde estaba un grupo de 17 estudiantes. Se corroboró que había una colusión de algunos elementos del 27 Batallón de Infantería con el grupo criminal Guerreros Unidos.
A partir de estos datos de prueba surgió la necesidad de solicitar mayor información al Ejército. Por ejemplo, se decía que era necesario saber que más habrían reportado los agentes de inteligencia (obi). En el Palacio de Justicia el obi que estuvo ahí lo único que tenía era una foto muy borrosa, muy oscura. La lógica indicaría que este obi tenía más fotos y videos. La información que proporcionaban era muy pobre y por esa razón surgió la necesidad de solicitar la apertura de los archivos.
En el año del 2019, ya instalada la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia, con el entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas al frente, se tuvo una reunión con toda la jerarquía militar a la que asistieron las madres y padres de familia, que integran la Covaj, junto con sus representantes legales. Ahí se llevó una batería de preguntas, cerca de 90. Todas hacían alusión a esta información faltante. Lo primero que hicieron los militares fue presentar un power point. En esa exposición ellos daban su versión de los hechos, la que ya había dado el general Salvador Cienfuegos, que era el secretario de la Defensa Nacional cuando ocurrieron los crímenes de Iguala. Decían que ellos no tenían conocimiento de los hechos. Que supieron ya muy tarde de lo que pasaba, cuando ya habían desaparecido a los jóvenes. Comentaron que había ocurrido un accidente y por esa razón toda la tropa salió atender ese siniestro. Explicaron que salieron a patrullar porque escucharon unos disparos. Se comunicaron con el director de Seguridad Pública municipal quien les informó que todo estaba en orden. Sobre los jóvenes que estaban heridos en la clínica Cristina, comentaron que les ofrecieron ayuda pero que se negaron. Se retiraron y fueron por una ambulancia, pero cuando regresaron ya no estaban. Dijeron que también fueron a Santa Teresa para brindar auxilio al grupo del equipo de futbol Los Avispones y ahí termino su intervención.
Esta versión dejó muy decepcionadas a las madres y padres de familia porque pensaban que con este nuevo gobierno iba a haber otra versión de los hechos, que iban a reconocer que se había dado alguna colusión de algunos militares con la delincuencia. No hubo nada, ni siquiera dijeron que iban a investigar para ver si se habían dado algunas irregularidades en Iguala. Su posición era la misma: que no tenían nada que ver. Eso molestó a las madres y padres porque ya tenían datos de su posible colusión. Ya sabían que era falso que ellos no tuvieran conocimiento sobre la llegada de los estudiantes a Iguala, porque los obis los estaban siguiendo. Operaron el C4 y además los tenían infiltrados en la Normal. Vieron que era una postura malévola, de seguir ocultando la información.
Al término de esta reunión se hicieron algunas preguntas, y la actitud de los militares fue evasiva negando su participación y alegando desconocimiento de los hechos. Dijeron que tomarían nota y que posteriormente responderían. El subsecretario Encinas entregó el documento con las preguntas. Ante la falta de respuestas convincentes del Ejército, las madres y padres demandaron que se abrieran los archivos militares. El planteamiento se hizo al presidente de la República a finales del 2019. Las madres y padres notaron que no le gustó a Andrés Manuel López Obrador la solicitud que le hicieron, percibieron que se molestó, sin embargo, se logró el compromiso de que el presidente se reuniría con los expertos del GIEI y que con ellas y ellos acordarían los términos de la revisión de los archivos. Se revisaron los archivos de la Novena Región Militar con sede en Acapulco; del 50 Batallón de Infantería y de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo; y del 27 y 41 Batallón de Infantería ubicados en Iguala. De 2019 a 2021 se realizó un trabajo arduo por parte del GIEI cuyos integrantes revisaron miles de documentos. Este gran esfuerzo tuvo resultados relevantes.
Encontraron algunos folios que dieron cuenta de varios asuntos claves para la investigación y búsqueda. Hay un documento que habla de que 17 jóvenes que estaban en barandilla eran trasladados a Loma de Coyotes. También se tuvo información de las intervenciones telefónicas que hizo el ejército a los teléfonos al jefe de sicarios de Guerreros Unidos Gilberto López Astudillo, conocido como El Cabo Gil, y del subdirector de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares. También hay documentos que registran que a 11 jóvenes se los llevaron de la carretera de Mezcala a Chilpancingo. Otros siete más fueron trasladados al basurero de Tepecoacuilco. Esta información nueva hizo que las madres y padres pidieran que se ampliaran las indagatorias. Que se profundizara en los contenidos de las intervenciones telefónicas y que se conociera más sobre el contenido de los folios.
El GIEI informó a los papás que había un faltante en los folios. Contabilizó 800, porque pudo ubicar el número de folios que faltaban dentro del paquete que habían revisado. Esto llevó a las madres y padres a insistir en todo momento que el Ejército entregara los folios faltantes. Pidieron de manera concreta que se entregara la comunicación completa y el dispositivo electrónico de la hoja transcrita donde se habla del traslado de los 17 estudiantes. Piden los números telefónicos que fueron intervenidos por el ejército, para investigar la red de vínculos que se dieron entre el grupo Guerreros Inidos con las autoridades de los tres niveles de gobierno. También pidieron los nombres de los militares que realizaron estas intervenciones.
En el marco del octavo aniversario de la desaparición de los 43 se dio una confrontación con el presidente por el tema de los folios. López Obrador manifestó que ya se había entregado toda la información, sin embargo, las madres y padres insistían que faltaban los 800 folios. Para el noveno aniversario la situación se tensó más. En esos días el subsecretario Alejandro Encinas presentó su segundo informe donde reconoce que si existían esos 800 folios y comentó que había una instrucción del presidente de la república de que se entregaran. Las madres y padres quedaron en espera de este cumplimiento de la instrucción presidencial. Vino la renuncia del licenciado Encinas, quien al final hizo públicos 18 folios para dejar constancia de que si existían los 800.
En enero de este nuevo año se empezó a escribir otra historia. Primero se dieron varias descalificaciones del presidente en sus conferencias mañaneras contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y también contra el GIEI. Las madres y padres que conocen bien a sus representantes notaron que el presidente desvió el tema de los 800 folios que estaban pendientes. Más bien se concentró en descalificar a quienes han estado a su lado en estos nueve años y le han apostado a llegar al fondo de los hechos. Los catalogó como falsos defensores que apoyan a las mamás, pero también a los que estaban acusados de desaparecer a sus hijos. Hizo referencia a un amparo que fue resuelto en el 2018 por parte del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Distrito con sede en Tamaulipas. Este recurso fue interpuesto por un defensor público de los detenidos y el tribunal resolvió que la mayoría de los detenidos fueron torturados, declarando nulas sus declaraciones que eran la base de la llamada “verdad histórica” que fabricó el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto. Esa resolución judicial también planteo que se creara una Comisión de la Verdad sobre el caso Iguala con facultades penales. Por esta razón se hizo una rueda de prensa de los padres y sus abogados reconociendo esta resolución. Al mismo tiempo se dijo que era importante que la Fiscalía tomara las medidas necesarias para evitar la liberación de los detenidos, y se ejercitaran nuevamente las acciones penales pertinentes. Ahora se responsabiliza falsamente a los compañeros del Centro Prodh de que impulsaron esta causa para dejar en libertad a quienes fueron participes de la desaparición de los 43 estudiantes.
Para las mamás y papás lo que se busca es sembrar desconfianza en los abogados, diciendo que también se pusieron del lado de los perpetradores. Sin embargo, de los 800 folios que oculta el Ejército ya no se comenta nada. Con el nuevo subsecretario Arturo Medina la situación se complicó porque solo convocó a las madres y padres, excluyendo a sus representantes legales. Intentó generar división, y ante esta situación las mamás reclamaron su derecho inalienable de contar con una representación legal. Les notificaron a las madres y padres que abrirían los archivos del 4 de enero al 4 de marzo. Esto no fue aceptado porque se requiere tener conocimientos básicos para consultar un archivo, pero reconvinieron al subsecretario de que su planteamiento no es entrar a los archivos militares, sino que les entreguen los 800 folios para que puedan ser revisados por personas expertas de su confianza para corroborar la información que ahí obra. Ante este planteamiento se programó una reunión para el 11 de enero.
A ese encuentro asistió un grupo de cuatro padres que previamente fueron expulsados porque solo han manifestado tener intereses contrarios a la búsqueda de sus hijos y por haber marchado demandando la libertad del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa. Al manifestar el subsecretario que no podía suspender la reunión por la inconformidad de un grupo de padres, la mayoría decidió levantarse como protesta ante la acción deliberada del subsecretario de alentar la confrontación y descalificar a la mayoría de mamás y papás que piden una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de que pueda entregarles los 800 folios, para plantearle que continúen las investigaciones que están pendientes, la búsqueda en terreno y la extradición de Tomás Zerón. Las madres y padres mostraron firmeza y determinación en la última rueda de prensa que dieron. No bajarán la guardia, y por el contrario, darán la batalla contra viento y marea para encontrar a sus 43 hijos.