BAJO EL ALA DEL SOMBRERO

La alimentación y la agricultura
deben ser reconocidas
como actividades estratégicas y de interés público.
FAO.

Frente a la ausencia de oficio político de los funcionarios neoliberales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para operar con eficiencia y oportunidad el Programa de Fertilizantes 2020, los productores beneficiarios, representados por la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales, optaron por el control del programa A ras de tierra, con tal de asegurar que el insumo llegue a campesinos que efectivamente siembran.
Los reclamos y propuestas campesinas (El Sur, 14 de mayo, 2020) que recurrentemente se han planteado a las autoridades, han hecho germinar en el campesinado la cultura de exigencia de derechos. En la práctica, esto ha dado vida a lo que en la Ley General de Desarrollo Social se denomina Contraloría Social: “el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos…”.
Bajo este enfoque, la Coordinadora de Comisariados ha señalado y anticipado riesgos en la operación del programa, asumiendo, de este modo, el papel de la ausente Secretaría de la Función Pública. Por cierto, la titular de esta dependencia si nada ha dicho del millonario fraude al programa de Fertilizante en 2019, menos observará el manejo discrecional del presupuesto, la ineficacia operativa y la falta de oficio de los funcionarios neoliberales que lo siguen dirigiendo.
No obstante, gracias a la contraloría campesina se han venido evidenciando las irregularidades del programa en este 2020: Padrón de beneficiarios no confiable (a la fecha sigue vigente el padrón 2019), bodegas con inventario a un 68 por ciento (cuando deberían estar al 100 por ciento), traslado de beneficiarios a bodegas (sin medidas de sana distancia) para tomarse la foto con el producto recibido, gestión del programa desde la ciudad de México (extendiendo aún más la distancias provocada por la contingencia), ausencia de acompañamiento técnico (se eliminaron asistencia técnica, capacitación en campo y parcelas demostrativas), opacidad en el ejercicio del presupuesto, etc.
Si tales deficiencias –señaladas anticipadamente por los contralores campesinos–, hubieran sido atendidas oportunamente, se hubieran evitado ineficiencias y despilfarro de recursos públicos. Y éste programa pudo haber sido una palanca para “incrementar la producción de los cultivos prioritarios de los productores de pequeña escala”, tal como se indica en sus Reglas de Operación.

De cómo toma forma la contraloría campesina

Ante los fallidos resultados del Programa de Fertilizante 2019, en la Primera Convención Estatal Agrarista (21 de diciembre del 2019), los comisariados desbordaron los temas agrarios y tomaron en sus manos el tema del fertilizante; plantearon elaborar oportunamente el padrón de beneficiarios desde las asambleas comunitarias. Pero Sader no hizo eco a esta iniciativa.
En enero, la Coordinadora urgió a Sader que publicara las Reglas de Operación para formalizar el inicio del Programa, también hizo caso omiso, y éstas se publicaron hasta el 17 de marzo, sin considerar ninguno de los aportes hechos por los comisariados.
Luego, en febrero y marzo –en acuerdo con el coordinador nacional de Programas Integrales de Desarrollo Social, y los titulares federales del Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria–, los comisariados iniciaron la realización de asambleas para elaborar el padrón 2020. Este proceso se inició a instancia de los comisariados, pero se retrajo con el anuncio de Sader de que en breve publicaría el “nuevo padrón”; éste, una vez publicado, resultó ser el padrón del 2019. Cabe señalar que, tuvo que venir el Coordinador Nacional de Programas Integrales para que la estructura de operación de la Secretaría de Bienestar Social en la entidad –el delegado estatal, los subdelegados regionales y los servidores de la nación– retomaran los listados de las asambleas; pero, aun así, la mayoría de estos funcionarios –encabezados por el delegado estatal– desacataron las indicaciones de su coordinador nacional. No obstante, las asambleas se continuaron haciendo.
En abril, en virtud de las controvertidas reglas de operación, los comisariados solicitaron participar en la elaboración de la convocatoria estatal, pero, a sus espaldas se publicó sorpresivamente el 22 de abril, sin ningún tipo de consulta.
En mayo, tras el cierre de la ventanilla (22 de mayo) para la inscripción al programa, los comisariados, en su función de contralores, plantearon la instalación de los Comités de Dictaminación municipales para resolver la inclusión de los productores validados por asambleas que aún no han sido registrados en la plataforma de la Sader. En la mayoría de los municipios este procedimiento se desconoce, y el plazo para ello vence la próxima semana.

La contraloría campesina en cifras

De acuerdo a las cifras de la Sader, “el programa llegará a 280 mil productoras y productores de dos hectáreas o menos de maíz, frijol y arroz, que suman alrededor de 500 mil hectáreas en los 81 municipios del estado, con un presupuesto asignado de mil 310 millones de pesos”.
La Coordinadora de Comisariados señala que, tras una obligada depuración, el padrón oficial disminuyó a 227 mil beneficiarios, sin embargo, se dieron de alta a 147 mil nuevos productores, lo cual suma un total de 374 mil beneficiarios; el problema es que “aún hay un 30 por ciento de productores que reciben y no siembran”.
Según el RAN, en la mayoría de los núcleos agrarios se han hecho asambleas. A la fecha se han inscrito 485 actas que avalan a 94 mil 430, aproximadamente el 50 por ciento de los núcleos agrarias que se dedican a la agricultura.
En este mes de junio, cuando prácticamente ya iniciaron las lluvias, de mantenerse la indolencia de la Sader para subir a la plataforma los listados de los campesinos que realmente siembran, resurgirá la rebelión campesina, como ya se dejó entrever estos días en la Costa Chica. “Que se respeten los listados de las asambleas, que se publique el padrón 2020, que se flexibilice la burocracia en el trámite de entrega del insumo, y que éste se lleve a las comunidades mas alejadas”, es lo que solicitaron los comisariados de Ometepec a la Sader en un reciente documento, enviado al calor de la toma de bodegas y carretera.
Aún con las restricciones que impone la contingencia sanitaria los comisariados, hoy en su condición de contralores del programa, “no bajarán la guardia, y si es necesario se movilizarán masivamente si el insumo no llega a los verdaderos campesinos”, anuncian en redes sociales.
A pleno sol: Quienes ya ocuparon u ocupan puestos de elección popular, y no provocaron cambios cuando lo pudieron hacer, ¿cómo es que ahora –que aspiran a un nuevo cargo–, piensan garantizar esos cambios que otra vez prometen? El colmo: Diputados locales que votaron por su reelección sin renunciar al cargo, ¿sabrán qué es ética en política? En la nueva normalidad desinfectemos nuestras conciencias y hogares para evitar a los políticos adelantados, chatarra y de viejo cuño. Una ciudadanía informada y actuantes sí es posible.

[email protected]