El 28 de abril de 2023 el Campamento Tierra y Libertad –convocado por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni)– cumplía 61 días de bloqueo a las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en el tramo Mogoñe Viejo-Vixidu. Los pueblos organizados en la Ucizoni mantenían esta acción directa en abierta protesta contra la imposición gubernamental del megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Los integrantes del campamento fueron brutalmente reprimidos ese día por un amplio contingente de elementos de la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Oaxaca. Además de ser golpeados por las fuerzas armadas, seis ejidatarios mixes del campamento fueron detenidos y durante horas se desconoció su paradero.
El poder sin precedentes que se le ha otorgado en las administraciones federales de la autodenominada Cuarta Transformación a las fuerzas armadas lleva un velado propósito contrainsurgente. Y esta condición no hace más que agravarse. El pasado 22 de enero nuevamente las y los integrantes de la Ucizoni denunciaron la criminalización de 24 defensores por oponerse al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
En un comunicado, denunciaron que, además de 16 habitantes de Mogoñe Viejo contra los que hay procesos penales, han sido demandados ocho defensores de Rincón Viejo, del municipio de Santa María Petapa, que se sumaron a la lucha: “Las familias están siendo amenazadas por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el Corredor Interoceánico para que desalojen sus viviendas a cambio de un pago único por 36 mil pesos, sin importar el valor de su patrimonio”.
En el comunicado se relata que “El pueblo Mixe (ayuujk) de Mogoñe Viejo del municipio de Guichicovi en Oaxaca inició la lucha por la defensa de su territorio desde el año 2019 cuando se anunció el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En febrero de 2023 decidieron ante las afectaciones el establecer un plantón permanente en sus tierras, así como fue que nació el Campamento ‘Tierra y Libertad’. El movimiento tuvo la finalidad de proteger sus hogares y solares que estaban siendo afectados por las obras del Tren Interoceánico”.
Si realizamos el mapeo de los escenarios en que el poder está llevando a cabo una sistemática represión desde la administración de Andrés Manuel López Obrador hasta la fecha –comenzando con el asesinato del defensor Samir Flores a inicios del sexenio obradorista por formar parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) en resistencia contra la termoeléctrica de Huexca después de ser señalado por el propio presidente, y siguiendo con la represión a las bases de apoyo zapatistas en Chiapas y los asesinatos a defensores del territorio en Oaxaca, por poner sólo tres ejemplos de los muchos que existen–, ya podríamos caracterizar este fenómeno de los últimos años como una guerra de baja intensidad contra los pueblos en resistencia a los proyectos neoliberales de éste y el pasado gobierno.
La Ucizoni no es la única organización de pueblos indígenas que se opone al megaproyecto del Corredor Interoceánico. Recordemos que el proyecto de un corredor transístmico fue originalmente planeado para Oaxaca y Veracruz por el dictador Porfirio Díaz. Paradójicamente, hoy ha sido revivido como uno de los proyectos insignia de la autodenominada Cuarta Transformación.
En un desplegado conjunto tras la brutal disolución de las primeras protestas de Mogoñe Viejo-Vixidu por parte de las fuerzas armadas, el CNI y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional afirmaron: “Con la acción orquestada por las corporaciones militares y policiacas en contra del Campamento Tierra y Libertad nos queda claro, una vez más, que los actuales gobiernos están al servicio de las grandes empresas trasnacionales y que la militarización, la violencia patriarcal y la represión son la vía que han escogido para enfrentar la lucha y la resistencia de nuestros pueblos al Corredor Interoceánico y al Tren Maya, al despojo y la guerra capitalistas”.
Las y los integrantes de la Ucizoni fueron claros en sus denuncias: “En Oaxaca no se puede hablar de gobernabilidad democrática cuando se están violando los derechos de mujeres y hombres indígenas y no existe diálogo para resolver los problemas que existen. Por ello le solicitamos (a la presidenta Claudia Sheinbaum) que instruya al gobernador de Oaxaca el ingeniero Salomón Jara Cruz para que abra espacios de diálogo serio y respetuoso, diálogo que tanto presume y que en realidad no existe”.
Tal como el teórico Raúl Zibechi ha advertido, un factor de este nuevo escenario 2025 es que todo gobierno en América Latina, incluyendo los gobiernos progresistas de izquierda, han adoptado procesos de militarización contrainsurgente: “Este es un patrón que llegó para quedarse, como en México con López Obrador; como el gobierno progresista en Argentina, en donde los proyectos extractivos se militarizaron; como en Chile en Walmapu, en territorio mapuche, que hoy hay más militares que durante los gobiernos neoliberales, podría hasta haber el mismo número que en la dictadura de (Augusto) Pinochet”.