Años atrás el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel impactaron el territorio nacional (15/sept/2013), con un saldo de ciento y medio de muertos, 68 desaparecidos, un millón 200 mil damnificados y daños estimados en 75 mil millones de pesos. Las mayores afectaciones estuvieron localizadas en Guerrero.
Acapulco fue la zona de mayor castigo en asentamientos urbanos. Por supuesto, no fueron aplicadas las responsabilidades y sanciones respectivas por el indebido otorgamiento de permisos de construcción en zonas de alto riesgo de inundación y desbordamiento de ríos. No obstante que el presidente de la República de aquel entonces, instruyó que se hicieran las investigaciones correspondientes, cuyos resultados deberían ser entregados en las siguientes tres semanas, a más tardar.
Dicha investigación nunca se dio a conocer públicamente; si es que existió. Mucho menos la identificación de funcionarios y gobernantes de los tres niveles de gobierno, ni de las grandes e inescrupulosas empresas de desarrollos inmobiliarios, cuyas oficinas matrices estaban, la mayoría de ellas, fuera de Guerrero.
Algunos políticos y funcionarios públicos ante la magnitud del desastre y por haber estado involucrados en corrupciones urbanas de tiempo atrás, sabedores de las consecuencias de sus malos comportamientos, esgrimieron tan pronto como les fue posible: “No es hora de buscar culpables” “Son tiempos de mantener la unidad” “Sumemos y multipliquemos nuestro esfuerzo; no dividamos o restemos voluntades” “Ahorita lo prioritario es ayudar a los damnificados, ya después veremos lo demás”. Lo curioso es que en la actualidad oigo resonancias de esas exclamaciones encubridoras de pillerías.
También hubo instrucciones presidenciales para la formulación y ejecución de un plan de reconstrucción estatal, donde participaron todas las dependencias federales. Así nació el Plan Nuevo Guerrero, contemplando la aplicación de 37 mil 715 millones de pesos, para el ejercicio fiscal 2014. Se dio dizque participación a la sociedad civil para monitorear el Plan a través de un “Consejo Estatal para la Reconstrucción de Guerrero”. Integrado, a modo, por destacados personajes del sector privado, social, universitario y eclesiástico, tanto del estado como del país.
La actuación de dicho Consejo fue meramente decorativa. Poco a poco salió a flote que la corrupción e impunidad fueron el sello distintivo en los faltantes de prevención, construcción y reparación. Tampoco hubo del todo la reactivación económica regional esperada.
Hago remembranza del pasado porque no tenemos memoria histórica, que es también causal de nuestro repetitivo devenir, pletórico de desgracias. Ahora, con las muertes y contagios por la pandemia, hay parte de culpabilidad humana. Cierto, la prioridad es salvar vidas y después aplicar responsabilidades que, como bien sabemos, no sucederá así.
Con el agravante de que, en la actualidad, algunos quieren achacarle al pueblo la culpa de la mortandad y contagios acrecentados; cuando es de todos conocido que nuestro sistema estatal de salud pública y la credibilidad en el aparato gubernamental ha dejado mucho que desear, de años ha. De nueva cuenta la corrupción, la irresponsabilidad e intereses personales o de facción de algunos gobernantes, han marcado nuestro triste derrotero.
Enfatizo que el combate a la pandemia es una corresponsabilidad compartida del Estado y la ciudadanía, siempre y cuando el primero vaya por delante. Si el Estado elude o abdica de proteger la vida de su pueblo, pierde su razón primigenia de ser (Hobbes). Convengo que cada cual haga lo que tenga que hacer según su responsabilidad; sin que nadie trate de escabullirse o lavarse las manos.
PD1. En verdad les digo que, con un mes de retraso, solamente 16 por ciento del fertilizante está efectivamente en manos de los campesinos. ¡Uf!
PD2. Empezó la época anual de lluvias. Ojalá estén desazolvadas las barrancas que bajan a la bahía de Acapulco.
PD3. Cuando una ley es de suyo injusta, el pueblo está en su derecho, pacífico y legítimo, de no acatarla. (Gandhi).