Desconozco si el presidente de la República se inspiró en la lamentable realidad de Guerrero para lanzar sus lapidarias y nada retóricas frases contra la corrupción y la inmunidad, vertidas el pasado sábado 1 de diciembre del año en curso. Pero vergonzantemente nos quedó el saco a la medida.
Una de las características distintivas de los gobiernos de Guerrero –en esta terminal época neoliberal– ha sido la corrupción y la impunidad, como “la principal función del poder público”; extendida a tal grado que “el sistema en su conjunto ha operado para ejercer esas prácticas” corrosivas del tejido social. Los gobiernos estatales y municipales, emanados del PRI como del PRD, las usaron para hacerse del poder y enriquecerse a costa de un pueblo que se crece en medio de la aguda pobreza y la extrema desigualdad social.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo enfáticamente que “el gobierno ya no será un simple facilitador del saqueo, ni será un comité al servicio de una minoría rapaz”. Quizás estaba pensando en la empresa minera extranjera que actualmente explota uno de los más ricos yacimientos nacionales de oro, en la zona de Mezcala, cuyos concesionarios suelen venir a México, de vez en vez, a jalarle las orejas a los gobiernos federal y estatal cuando considera que no están defendiendo adecuadamente sus intereses patronales.
Recordemos que, en Guerrero, en las páginas de la ignominia, quedó plasmado el impune saqueo legalizado que sucesivos gobiernos federales y estatales realizaron de las tierras ejidales de lo que hoy es la Zona Diamante de Acapulco. Fue a través de la Promotora Turística (Protur, la fraccionadora oficial-estatal) que, incluso, regaló terrenos de alta densidad económica a connotados políticos priistas de nivel nacional convirtiéndose así en una gran fuente de corrupción de los gobernantes en turno. No se diga del desarrollo turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, por medio de la inmobiliaria oficial-federal Fonatur.
Ahora pretenden seguir haciéndolo con la venta de los terrenos que quedan de la expropiación por causa de interés público (¡un club de golf!) del ejido de Icacos, en la Zona Dorada de Acapulco, realizada décadas atrás. Todas esas extensiones territoriales, con gran vocación turística, fueron adquiridas mediante la indemnización a sus antiguos usufructuarios rurales a precios de cuentas de cristal para luego, construida la infraestructura básica de fraccionamiento, revenderlas a precio de oro.
El presidente López Obrador afirmó que el gobierno federal recuperará el papel que le corresponde en la disminución de la desigualdad social y calificó de inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger a las mayorías. Al respecto, si hay una ciudad donde son patentes, con mayor claridad, los mayores contrastes sociales, alentados por los gobiernos corruptos neoliberales del PRI-PAN y PRD, es, sin lugar a duda Acapulco.
Vale en todo lo que cabe esta otra consideración presidencial: “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo”.
Los sureños debemos aprovechar esta oportunidad histórica que se nos abre para empezar a emanciparnos de la pobreza y la desigualdad social, a través de la “regeneración verdadera y radical de la vida pública” de Guerrero. Será imperdonable –nuestros hijos y nietos nos lo recriminarían acremente– no limpiar de raíz el ejercicio de la administración pública, en todos los órdenes gubernamentales.
En fin, en México terminó la era de 36 años de neoliberalismo económico, donde predominó “la más inmunda corrupción pública y privada”. Por supuesto que habremos de enfrentarnos con la clase política conservadora de viejo cuño. No hay que pecar de ingenuos, todavía son muchos los corruptos y están en todas partes. Defenderán con viejas y nuevas artimañas sus intereses inconfesables, pero recordemos que “sólo el pueblo, salva al pueblo”.