Ahora resulta que no sabemos qué hacer con el pasado corrupto, ese pasado tan doloroso e incómodo, sobre todo el pasado próximo de los últimos sexenios. La creciente corrupción alentada y protagonizada desde las cúpulas de los gobiernos en las últimas décadas, desde los federales hasta los municipales, y los comportamientos abusivos que se han dado desde el poder, son heridas que siguen abiertas y le siguen doliendo a México. Y la respuesta contundente a dichas heridas ha de ser su sanación. Si no se cicatrizan dichas heridas seguirán doliendo de manera irremediable y no será posible la tan anhelada paz y no habrá manera de una futura reconciliación entre la sociedad y las instituciones del poder público, tan necesaria para resolver los grandes problemas nacionales.
Duele que enfermos sigan muriendo porque el dinero asignado para construir un hospital no se aplicó porque se lo robaron; duele que los niños de la Montaña no tengan aulas dignas porque el presupuesto asignado desapareció en los trámites burocráticos; duele que los municipios no tengan los recursos para obra pública porque les queda a los aviadores; duele que amplios territorios están a merced del narcotráfico porque hay colusiones con autoridades; duele que haya políticas públicas que privilegien los favores a los amigos antes que el sufrimiento de la gente; duele que abunden los enfermos mentales en las calles porque no proporcionan votos; duelen los prisioneros inocentes por el torcido ejercicio de la administración de la justicia; duele…, duele… y duele….
Si nos ponemos a hacer cuentas de las secuelas de la corrupción y los abusos del poder, nos daríamos cuenta de la grave necesidad de esta sanación nacional. Hay que pensar en los rezagos que hay en salud, educación, vivienda y empleo. También en los miles de muertos y desaparecidos, desplazados y secuestrados por la delincuencia organizada y por las mafias del narcotráfico. También en los daños cuantiosos al medio ambiente y en la impunidad tan abundante. El clima de inseguridad proviene, en parte, de esa matriz corrupta en la que se ha movido el poder público, con la complicidad de un sector importante de la sociedad. Hay que entender que la corrupción no lo explica todo, pero sí ha sido el factor determinante de muchas de estas dolencias nacionales.
Si lo que importa es sanar el cáncer de la corrupción, se necesita procesar a los presuntos delincuentes y establecer medidas para que disminuya esta clase de delitos. Las heridas del pasado no sanan sólo con decretos o con decisiones políticas. En este sentido, ¿qué ha de incluirse en este proceso de sanación del pasado corrupto? En primer lugar, el reconocimiento de la verdad en cada caso de corrupción. Comprobar nombres, montos, instituciones agraviadas y daños. Sobre el hecho de la verdad se establecen los términos de la justicia. Para esto, hay que distinguir con precisión la justicia de la venganza. Mientras que la venganza es más visceral y busca golpear a quien hizo daño, la justicia es racional, se atiene a la ley y busca restaurar la dignidad de quien recibió el daño y también la de quien lo causó. En este sentido, la justicia incluye la reparación de los daños, en la medida de lo posible. El canceroso tumor de la corrupción requiere necesariamente de esta justicia para recuperar la confianza en nuestras instituciones y para que los ciudadanos contribuyamos con nuestras obligaciones y el respeto a la ley.
Y para completar el paquete de la justicia, tenemos que asegurarnos de que las instituciones y las legislaciones pongan las condiciones necesarias para que no siga reproduciéndose la corrupción y se reduzca sustancialmente. La no repetición significa que se establecen controles y procedimientos vigilados para que los actos de corrupción sean inhibidos en todo lo posible.
Se ha propuesto desde el gobierno federal una consulta para que los ciudadanos participen en la decisión de enjuiciar a los ex presidentes, y ahora se habla, desde el Poder Legislativo, de una posible “ley de amnistía”. Estas son medidas de carácter político que intentan abordar los posibles crímenes relacionados con la corrupción permitida y promovida desde el poder público. Es necesario ponderar la legalidad y la legitimidad de estas medidas para que no vayan en menoscabo del interés superior de la nación. Para procesar a posibles criminales de corrupción, tenemos leyes e instituciones. Las medidas políticas podrían contemplarse siempre y cuando convengan al bien de la nación y no a una facción, a un partido o a un gobierno. ¿Acaso no es suficiente la intervención de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial, mediante los procedimientos que la ley ya establece?
A todas luces, es urgente que se dé una transición desde el Estado secuestrado por la corrupción y la ilegalidad hacia el Estado de derecho, que tenga capacidades de transparencia y de rendición de cuentas. Ese pasado corrupto tiene que ser sanado, sobre todo en el poder público, pero también en los ámbitos privado y social. El reto es recuperar el Estado de derecho y la confianza en la administración pública. Ese es un bien mayor que requiere una cirugía mayor, también. Necesitamos un Estado saludable, que genere confianza. Quedarnos en arreglos políticos solamente, es de poca visión. Y nos deja empantanados.
Hay que mirar el pasado con honestidad para aprender de él y para corregir los errores. También hay que reconocer las heridas abiertas que no nos permiten afrontar el presente con un clima de confianza y de colaboración nacional, para canalizar las rabias sueltas y los enconos irracionales que siguen haciendo daño. Necesitamos sanar nuestro pasado y promover la reconciliación entre la sociedad y las instituciones públicas para caminar juntos en las transformaciones que el país necesita. Y para ello se necesita una justicia transicional y no solo decisiones políticas sueltas que desvíen la atención y nos dejen con las heridas abiertas.