Lo sucedido en el Estado de México el año pasado no tiene parangón con los múltiples fraudes que se han realizado en la historia de nuestra maltrecha democracia contemporánea. El retroceso electoral fue brutal, orquestado desde el gobierno federal.
Fue una impúdica intromisión de parte del Estado mexicano para desorientar y manipular el voto ciudadano, haciendo uso de todos los recursos y artimañas, lícitas e ilícitas, en un contexto de impunidad rampante. En donde las instituciones electorales de arbitraje y dictamen brillaron por su ausencia, haciéndose cómplices por omisión deliberada de tanta pillería realizada.
El fraudulento triunfo obtenido por el PRI y del que tanto se enorgullece Meade, fue diseñado a la alta escuela mafiosa de los que creen que con dinero, poder y amedrentamiento pueden destruir todo lo que se les interponga para el logro de sus designios, tal y como nos acaban de dar ejemplo con el recién prostituido Trife.
La estructura y operación del fraude tras bambalinas que uso el gobierno federal, el estatal, algunos circunvecinos y todos los municipales mexiquenses de origen priista, fueron sostenidos por los erarios públicos respectivos y burócratas comisionados. Se distribuyeron en 20 regiones en las que se dividió el estado, 136 coordinaciones municipales, 750 coordinadores territoriales, 7 mil 632 comisionados por sección electoral y 70 mil coordinadores que se distribuyeron por cada casilla; todo eso con el objetivo de conseguir más de 2 millones de votos para garantizar el triunfo del PRI. (Leer a Alejandro Encinas Rodríguez, El fracaso del sistema electoral en México)
Tal era la obsesión presidencial de ganar la elección a como diera lugar y con lo que fuera, que a algunos gobernadores priistas vecinos fueron responsabilizados del triunfo del PRI en algunos municipios específicos. Fue el caso del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, que, transformado en gran mapache electoral, le fue encomendado el municipio de Huixquilucan, a donde trasladó recursos humanos y dinero del erario público de Guerrero. Como si en estas tierras del sur estuviéramos en jauja en materia de ética política, estabilidad y paz social.
Violando el artículo 134 de la Constitución de la República, las instituciones gubernamentales en el Estado de México en el 2017, siguieron otorgando apoyos de programas sociales o asistenciales en tiempos no permitidos antes del día de la jornada electoral. Sin rubor alguno, desplegaron sus programas con claros tintes de favoritismo político, quebrando los principios de equidad e imparcialidad electoral.
Raudales de recursos públicos de todas las dependencias y de todos los programas sociales fueron direccionados hacia los municipios rurales, áreas suburbanas y a aquellos donde las preferencias se inclinaban hacia el partido de Andrés Manuel López Obrador. Sabedores los truhanes que en un pueblo pobre, el impacto de lucrar electoralmente con el erario público tiene efectos definitorios en los resultados de una votación reñida.
No es sorprendente, por tanto, que el PRI y su gobernante en Guerrero, hoy inmersos en plena campaña presidencial, canalicen buena parte de los recursos de los programas sociales a las áreas rurales y a los cinturones de miseria de las principales ciudades. Sobre todo los orientados a la mujer, que es la parte del electorado más vulnerable y frágil, susceptible de ser moldeada políticamente, dada la esperanza de recibir, de vez en vez, una dádiva adicional.
Maiceo con miedo combinado, es la fórmula ideal para manipular. Conveniencias del momento. Indignidad mercantilizada y degradación humana. Es la estrategia y la cultura antidemocrática que el PRI y Meade están aplicando en su campaña política presidencial, sin quedarse atrás su discípulo dilecto, el PRD.
PD. Desbrozar el camino para llegar a los indicios de la verdad nunca ha sido tarea sencilla; tampoco lo ha sido hacerlo sin claudicar en ningún momento o circunstancia. Es lo que otorga mérito indiscutible a estos primeros 25 años de El Sur. Felicidades