EL-SUR

Sábado 20 de Abril de 2024

Guerrero, México

Opinión

CRONICA MUNICIPALISTA

Silvestre Pacheco León

Febrero 02, 2004

 

  Los síndicos de la Costa Grande

 

En la semana pasada los síndicos municipales de casi todos los municipios de la Costa Grande se dieron cita en la ciudad de Tecpan para intercambiar experiencias sobre lo que ha vivido cada cual en su respectivo ayuntamiento.

Entre los propósitos de los seis síndicos que provienen de los partidos del PRD y del PRI, de acuerdo a lo consignado en las notas periodísticas, destaca su intención de crear el Consejo Regional de Síndicos, organismo desde el cual pretenden influir en el ánimo de la Contraloría General del Estado para que se rechace, en esa instancia la cuenta pública de los ayuntamientos que carezcan de su firma, porque aseguran que su función de vigilar y fiscalizar el ejercicio del gasto no la están cumpliendo en su cabalidad debido a la actitud negativa de los presidentes municipales para mancomunar la firma de los cheques que emiten sus tesorerías.

Los síndicos de Coyuca de Benitez, de Atoyac, Tecpan de Galeana, Petatlán, Zihuatanejo y Coahuayutla se sienten insatisfechos de su actuación y reiteran la queja de que en sus ayuntamientos no se respeta lo establecido en el artículo 77, fracciones 14 y 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, sobre las facultades fiscalizadoras que les son conferidas como autoridades máximas después del presidente municipal.

En la lucha por democratizar la vida municipal, las acciones en el seno de los ayuntamientos son escasas y desarticuladas, poco conocidas y frecuentemente reprimidas, pero siempre están latentes, emergiendo donde se conjunta compromiso social y responsabilidad legal de cualquier miembro del Cabildo, con su choque inevitable frente a quienes conservadoramente detentan el poder.

La lucha contra el presidencialismo en los ayuntamientos es parte fundamental en la agenda democrática, pues no basta con aspirar a tener presidentes municipales respetuosos de la ley, si su gestión debe apegarse a viejas normas autoritarias que niegan el gobierno colegiado del Cabildo.

Joaquín González Ramírez de Zihuatanejo, Juana Guerrero Vargas de Tecpan, Jacinto Segura Vega de Petatlán, Ignacio Torres Blázquez de Coahuayutla y Juan Méndez Mejía de Atoyac, han dado un paso importante en su pretensión de que se les reconozcan plenamente sus funciones porque eso seguramente redundará en mayor fortaleza de sus propios ayuntamientos frente a los ciudadanos que están interesados en que haya contrapesos en la toma de decisiones.

Con esta experiencia de los ayuntamientos que se vive ahora en la Costa Grande se debe trascender la interpretación maniquea de ver sólo buenos contra malos, pues en sentido estricto, a ningún ciudadano le hace mal que los gastos de los ayuntamientos se realicen conforme a las decisiones del Cabildo, ejecutadas por el presidente y fiscalizadas por el síndico.

En realidad ni siquiera se trata de que el síndico, en pleno ejercicio de sus atribuciones, sea un contrapeso contra nada, pues entendiéndolo bien y si los ayuntamientos funcionaran como verdaderos cuerpos colegiados como lo establece en su generalidad tanto la ley orgánica como muchos de los Bandos de Policía y Buen Gobierno, los presidentes municipales respetuosos de la ley saben que su principal atribución consiste en ejecutar lo que el Cabildo determina, de tal modo que todas las observaciones del síndico, partiendo de ese supuesto, serían al cuerpo colegiado, no a quien preside el Ejecutivo municipal.

El problema es el enorme margen de maniobra que la ley otorga a los presidentes municipales, lo que les permite amplia discrecionalidad en su aplicación.

En realidad los cabildos desconocen el funcionamiento de sus ayuntamientos y nunca tratan lo sustancial del gobierno. La mayoría de las grandes decisiones se concentran en el presidente municipal y en su equipo, bajo miles de pretextos que hacen ver a los cabildos como obstáculos que dificultan el ejercicio del poder.

Mancomunar las firmas del presidente, síndico y tesorero, en los cheques emitidos por la tesorería, debería ser una práctica común y ordinaria, y una manera de compartir responsabilidades de los tres frente al Cabildo.

Pero entiendo que mancomunar las tres firmas en los cheques emitidos tampoco es el problema principal ni agota en eso el afán democratizador de la vida en los ayuntamientos.

En sentido estricto y habiéndose aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio anual, lo que queda al Cabildo es cuidar que se cumpla cabalmente su contenido y/o decidir con toda responsabilidad, en cualquier caso, los cambios y ajustes que la realidad imponga.

El problema de fondo está en una ley orgánica obsoleta que le confiere demasiadas atribuciones al presidente municipal, que reproduce para la sociedad el autoritarismo, el paternalismo y un amplio margen para el ejercicio patrimonialista del poder.

En los ayuntamientos los presidentes municipales son los jefes o patrones y caciques, los que no se equivocan y quienes todo saben. La ley así los hace sentir y la sociedad les refuerza ese perfil.

Los síndicos son subalternos, los firmones y detentadores de ciertos privilegios. Los regidores son empleados del presidente, atentos a sus decisiones y seguidores de sus consignas. Eso en general. Así ha sido y sigue igual, con apenas honrosas excepciones, con la pequeña diferencia de que ahora los regidores se amafian para sacar el mayor provecho personal de las atribuciones que les confiere la ley.

Para los desmemoriados conviene recordar que la lucha de los síndicos en la Costa Grande tiene sus antecedentes en esta misma región y precisamente de un gobierno perredista, el primero legalmente constituido y reconocido, el de Petatlán en 1990.

El síndico de entonces, Pedro Rojas Félix, vivió la misma actitud que tienen ahora los presidentes con los síndicos, con la agravante de que la ley orgánica entonces no establecía con precisión lo de las firmas mancomunadas.

Fue a raíz de esa lucha en el primer gobierno perredista de la Costa Grande que se reformó la ley orgánica a pesar de que entonces, como ahora, el maniqueísmo llevó al PRD a la expulsión de aquel luchador social que con su conducta quiso ser fiel a los principios democráticos de su partido.+