Cerro del Vigía: inversionistas y autoridades locales contra la comunidad

 

El 21 de enero el responsable municipal de la Profepa en Zihuatanejo, Omar Eduardo Magallanes, procedió a la suspensión de los trabajos de urbanización que la empresa inmobiliaria APG, SA inició en diciembre pasado a favor del fraccionamiento “habitacional” Cerro del Vigía, único en el entorno de la bahía respetado como reserva ecológica.

La Profepa actuó, como siempre, después de que la destrucción del medio es evidente y sólo a petición o denuncia de quienes estamos interesados en que se mantenga el equilibrio del ecosistema de Zihuatanejo.

El fraccionamiento “habitacional” consiste realmente en un desarrollo habitacional de lujo precisamente en la cumbre del cerro donde se localiza el Faro que señala a la navegación la entrada a la bahía de Zihuatanejo. Son 17 hectáreas del Proyecto Turístico Cerro del Vigía, propiedad del Grupo Omega que también desarrolla la construcción residencial Tres Vidas en la Playa, en Acapulco.

En Zihuatanejo estos desarrolladores pretenden fraccionar en 210 terrenos un espacio de 17.4 hectáreas para 346 familias, cuyas residencias unifamiliares y condominiales “tendrán vista de 180 grados de radio, ya sea hacia la bahía o hacia el Océano Pacífico”.

El Cerro del Vigía comprende la zona donde se asienta la playa de Las Gatas, en el suroeste de la bahía y forma parte del anfiteatro de Zihuatanejo considerado como zona de reserva ecológica por el Plan Director Urbano de la ciudad.

Durante muchos años este cerro se mantuvo intocado resistiendo la presión del crecimiento urbano y la voracidad y codicia de inversionistas, políticos e invasores.

La falta de servicios básicos que por años han demandado las enramadas y viviendas de la playa se justificó precisamente en la idea de no facilitar las invasiones, y por eso mismo se mantuvo trunco el camino que es la continuación de la carretera escénica de la playa La Ropa, que concluía en el mirador de Las Gatas.

Claro, muchos sabían que la reserva ecológica encubría un supuesto litigio entre el Fibazi, organismo del gobierno del estado, y prohombres de apellidos lustrosos como Beteta y Alemán. Pero a raíz de que las investigaciones demostraron que el terreno carecía de propietarios particulares, el Fibazi no tuvo obstáculos para su comercialización, ni siquiera por el hecho de que la zona es reserva ecológica y se encuentra arriba de la cota 70, altitud sobre el nivel del mar que siempre se ha erigido como obstáculo técnico y económico para la dotación de servicios.

La historia de la venta de las 17.4 hectáreas que ocupan precisamente la cima del Cerro del Vigía ya ha sido divulgada aquí, así como las facilidades que el gobierno estatal otorgó al comprador. No se ha conocido hasta la fecha ninguna opinión oficial que desmienta la afirmación aquella que habla de un precio de 100 pesos el metro cuadrado cuyo pago se deducirá de la inversión que los desarrolladores harán de la urbanización. El millón de pesos que habrán pagado para la firma del contrato son sólo simbólicos frente a la enorme plusvalía de este nuevo Diamante que refulge en el Pacífico mexicano.

Y si la adquisición del terreno para urbanización en una zona de reserva ecológica no tuvo más que facilidades del gobierno del estado para el inversionista, los obstáculos del gobierno municipal tampoco fueron tales, pues como en los viejos tiempos que parecen volver, el ayuntamiento extendió la autorización correspondiente para las obras que requieren licencia de construcción y sin esperar siquiera que la inmobiliaria presentara copia del Manifiesto de Impacto Ambiental, otorgó presuroso el permiso con el que la inmobiliaria APG pretendió realizar los trabajos de desmonte y apertura de vialidades.

Al parecer la decisión de pasar por encima de la ley provocó alguna inconformidad en el interior del ayuntamiento tensando las fuerzas entre quienes buscaban hacer respetar la ley y los que se empeñaron en brincarla. No obsta decir que se impusieron los segundos y el director de Desarrollo Urbano, Eligio Peñaloza, terminó por ser separado del cargo.

El problema en el que se encuentran ahora los gobiernos estatal y municipal por la comercialización de una zona de reserva ecológica y por extender una licencia de construcción obviando los requisitos legales, los enfrentará con el gobierno federal ante quien los diferentes grupos ambientalistas locales han recurrido demandando respeto a la normatividad ambiental.

En este problema medioambiental y legal, claro está, los inversionistas tienen parte importante, pues en lugar de cumplir con todos los requisitos legales, se decidieron por el camino más corto, el que bien conocen y al que han estado acostumbrados: meter a las autoridades en el negocio y violar multitudinariamente la ley.

Los inversionistas saben que es su obligación elaborar un estudio de impacto ambiental que deben presentar para su aprobación a las autoridades de la Semarnat para que ésta resuelva a favor o en contra y si resulta lo primero, entonces proceder a tramitar ante el ayuntamiento la licencia correspondiente, acompañando la solicitud de las autorizaciones federales. Eso es lo que no hicieron los desarrolladores.

La Inmobiliaria APG inició apenas el 12 de enero del presente año los trámites correspondientes ante la delegación estatal de la Semarnat, la cual cinco días después turnó la solicitud a las oficinas centrales acompañada, según sabemos, de opiniones no muy favorables sobre el manifiesto de impacto ambiental presentado.

Sin embargo y aún sin tener respuesta oficial de las autoridades federales, la inmobiliaria inició los trabajos desmontando casi 500 metros cuadrados de selva tropical y abriendo brecha con una máquina retroexcavadora.

Fue desconcertante para los grupos ambientalistas conocer el inicio de los trabajos cuando se sabía que la Semarnat no había autorizado el proyecto, y lo fue más cuando se conoció que los responsables de la obra se amparaban con un permiso municipal que no aplica porque el caso es de competencia federal.

Sin embargo el alivio vino cuando la Profepa, aunque tarde, procedió a la suspensión de la obra pegando sellos en la máquina y advirtiendo a los encargados del trabajo sobre los delitos a que se enfrentan si continúan.

Lo que nos queda ahora es procurar que no se repita la vieja experiencia de que entre inversionistas y autoridades inmediatamente se concilian para emprenderla contra los recursos naturales que son de propiedad común.