A inicios de 2013, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio inicio a la estrategia denominada, Cruzada Nacional contra el Hambre, que, en su primer año, pretendía atender a 7.4 millones de mexicanos que padecían pobreza y desnutrición extrema en 400 municipios del país. El gobierno federal tomó en Guerrero, como casos prototipos de arranque nacional, un municipio rural (Mártir de Cuilapan-Apango) y una colonia sub-urbana del municipio de Acapulco (Simón Bolívar).
La estrategia implicaba un giro estructural en el combate a la pobreza. Intervendrían los gobiernos, federal, estatal y municipal, a la par que las comunidades; conjuntando y conjugando esfuerzos para garantizar salud, educación, vivienda, una mejor economía y servicios públicos básicos eficientes como caminos, calles, agua, luz, drenaje, entre otros. Inclusión y bienestar social, fue la consigna de la cruzada. Se pretendía elevar la calidad de vida de quienes nunca la han tenido aceptable y que son, hasta la fecha, decenas de millones de mexicanos.
La cruzada estuvo dirigida por la Sedesol federal. Era una política pública de “corresponsabilidad y de coordinación interinstitucional”, la cual no sólo buscaba erradicar el hambre, sino las circunstancias que la rodean. Otros componentes de la misma eran fortalecer las capacidades productivas locales junto con la acción comunitaria; es decir, que los beneficiarios fueran no sólo sujetos pasivos, sino activos para lograr el progreso sustancial de sus familias y hábitats.
Los objetivos eran lograr la meta “hambre cero”; eliminar la desnutrición infantil aguda, con mejores alimentos, cocinas y comedores comunitarios; diversificar los mecanismos de abasto popular; incrementar empleos y microcréditos; aumentar las capacidades productivas de los productores y trabajadores, capacitar y apoyar a jóvenes emprendedores y amainar la grande desigualdad social.
La estrategia sexenal duró solo un año. Fue fallida, onerosa y tronchada. Careció de suficiente información y transparencia; se estima que en el año inicial se invirtieron alrededor de 110 millones de pesos en las dos comunidades piloto, con resultados intrascendentes.
Analizando este fracaso gubernamental con el maestro en ciencias territoriales de la UAG, Iván Sánchez Ignacio, coincidíamos en las siguientes causas: Falta de coordinación interinstitucional; ausencia de un plan territorial que guiara las acciones y recursos, lo que ocasionó que cada dependencia anduviera por su lado, aplicando sus tradicionales programas, con reglas de operación engorrosas e inflexibles; ausencia de la participación social en el diseño, gestión, operación y evaluación de la estrategia; lo que condujo a una falta de continuidad multianual. Después del año inicial, los programas y proyectos entraron en la etapa del abandono acelerado y disminución de la participación comunitaria.
Fueron también causa de la ineptitud institucional, la falta de capacidad de los gobiernos, estatal y municipal, de hacer suya la estrategia; desconociendo la información básica de las comunidades seleccionadas y la carencia de acompañamiento técnico a los proyectos productivos que las instituciones impusieron unilateralmente.
Conclusión: la Cruzada contra el hambre resultó una añagaza que sólo hizo ricos a unos cuantos vivales, con una gran cantidad de proyectos fracasados. En tanto, los gobernantes y servidores públicos siguen cruzados de brazos ante el hambre de los pueblos de Guerrero.
PD1. Una faceta del ejercicio de la política es llegar a acuerdos entre las partes, siempre y cuando no se traicionen los principios y valores ideológicos que sustentan cada cual. Lo contrario es pura tranza tracalera, realizada en lo oscurito.
PD2. Mañana domingo, en el Centro Cultural, Antonio Villela, de Ciudad Altamirano, se efectuará la reunión del Movimiento Nacional Campesino Siglo XXI-Guerrero, en la región Tierra Caliente, a las 10 de la mañana. Allá estaremos.