Un aforismo que leí por allí alguna vez y de cuyo autor no me acuerdo, proclamaba que mientras los ciudadanos comunes especulamos sobre los motivos del poder, éste siempre actúa con todo conocimiento de causa.
Será tal vez eso lo que explique la actitud indolente del gobernador Zeferino Torreblanca ante el conflicto poselectoral que tiene por protagonistas a muchos dirigentes que lo apoyaron para llegar al cargo que ahora ocupa.
Es decir, que mientras muchos suponemos que estamos en presencia de un movimiento cívico que puede marcar la historia del país, el gobernador se comporta como si tuviese la información suficiente para concluir que todo se apagará pronto, que las aguas volverán a su cauce, y que los líderes terminarán negociando con los poderes fácticos que se impusieron en la elección del 2 de julio.
En el mismo sentido, puede ser que el propio presidente Vicente Fox –o alguno de sus colaboradores cercanos– le haya anticipado al gobernador con precisión el sentido en que vendría la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De ese modo Torreblanca comprendería de qué tamaño son y hasta dónde están dispuestas a llegar las fuerzas con las que se enfrentan Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores.
Si el presidente ya sabe qué van a decidir los magistrados, mejor me hago a un lado, concluiría el gobernador.
Porque eso que dice de que gobierna para todos, de que no le toca actuar como el presidente del PRD, de que su función es la de armonizar los esfuerzos de los guerrerenses es pura retórica. Pura bisutería. Y si se atreve a desestimar la movilización de la primera fuerza electoral en el estado, es porque supone que de allí no saldrá nada que lo afecte, pues los líderes del PRD, sus futuros diputados federales y senadores, le harán caso al presidente Vicente Fox: no jugarán con fuego y terminarán por ceder y abandonar cualquier tentación de ruptura con el sistema.
Tal vez por eso el desparpajo con el que Torreblanca declara un día sí y otro también en contra del movimiento que encabeza López Obrador. Todas sus recientes y confusas referencias al “momento político” –como eufemísticamente le llama a la crisis poselectoral que ocupa todos los días los principales espacios en los medios– van dirigidas a justificar lo que los perredistas califican de fraude electoral, y la actuación de funcionarios que ellos mismos tildan de enemigos de la democracia.
El viernes pasado, por ejemplo, se le preguntó su opinión sobre la manifestación de los perredistas un día antes en el aeropuerto de Acapulco, y Torreblanca respondió: “No tengo ningún comentario, ya conocen mi posición”.
Luego los reporteros le preguntaron si avala la estrategia de López Obrador de acciones de resistencia civil, y respondió: “No hago ningún comentario, pregúntenme de gobierno”, y cortó.
Ese mismo día, a otra pregunta en torno a su declaración de que algunos quisieran un “divorcio” de su gobierno con el de Fox, respondió que no se refería a nadie en especial pero repitió su afirmación y la remató con un “no lo lograrán”.
A mayor abundamiento, destacó que Fox “ha volteado los ojos a Guerrero” y que esperaba “que lo siga haciendo quien vaya a ocupar la Presidencia de la República”.
Pero no es cierto que los guerrerenses conozcamos la opinión del gobernador sobre la demanda del movimiento lopezobradorista de que se cuenten todos los votos, ni sobre la estrategia de resistencia civil ni en particular sobre los campamentos que se instalaron el domingo 30 de agosto en avenidas principalísimas de la ciudad de México. En ningún momento se ha referido a ellas en sus escasas apariciones públicas después de esa fecha, aunque podemos inferir de algunos giros que simplemente está en contra de todo lo que sus “compañeros” están haciendo.
El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, por ejemplo, ya dijo claramente que apoya el recuento voto por voto, pero que reprueba los bloqueos en el Paseo de la Reforma. El gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño –que también gobierna un estado que vive del turismo– ha participado en las asambleas informativas en el Zócalo de la ciudad de México, lo que también ha hecho la gobernadora de Zacatecas Amalia García, quien además estuvo apenas en la de este domingo, que sucedió al fallo del Tribunal. Y no se diga el caso del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, que ha resistido con dignidad la andanada para que desaloje con violencia los bloqueos, y ha sostenido que es más importante la lucha por la democracia, y que con ésta se defiende mejor a las instituciones.
Anecdotario. El 7 de julio de 1977 miles de policías del Distrito Federal ocuparon la Ciudad Universitaria para así romper la huelga de los maestros que demandaban el reconocimiento del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UNAM. La operación, solicitada por el rector nacido en Iguala, Guillermo Soberón Acevedo, dejó a cientos de estudiantes, maestros y empleados golpeados y detenidos. Uno de los que fueron maltratados y subido a un camión de granaderos que lo llevaron a los separos fue el profesor José Woldenberg, a la sazón uno de los dirigentes del sindicato magisterial.
Casi 30 años después, ambos –Soberón y Woldenberg– aparecen en la lista de abajo firmantes del “desplegado de 130 intelectuales” –como fue presentado por la campaña mediática– que constituyó un apoyo de facto al candidato presidencial del PAN Felipe Calderón, y una presión para los magistrados del tribunal electoral, pues apareció publicado en la víspera del fallo de éste en torno a la impugnación presentada por la coalición de Andrés Manuel López Obrador.
Por cierto que otro de los detenidos de entonces fue el tres veces rector de la UAG, Rosalío Wences Reza, a la sazón profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con quien en 1976 tomé la clase de Desarrollo Económico y Social de México I, si no mal me acuerdo.
PD: Este artículo lo escribí antes de conocer el llamado a la concordia nacional, a “subordinarse a la voluntad popular” y a no abusar de las libertades que hizo ayer en Tixtla el secretario de Finanzas Carlos Álvarez, en nombre del gobierno del estado, y que es la confirmación de la ruptura de éste con el movimiento de resistencia civil que encabeza Andrés Manuel López Obrador.