El ciclo electoral en curso en América Latina está dando paso a un realineamiento político histórico. Tras la victoria de Andrés Manuel Lopez Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y una eventual victoria de Luis Inacio Lula Da Silva en Brasil, cambiaría el horizonte político de la región. Si bien no se trataría de la primera vez en que América Latina da un giro hacia la izquierda –pensamos en particular en lo sucedido en los años 2000–, el hecho de que este proceso sea concomitante en tanto países (inclusive, en países como Colombia que nunca habían sido gobernados por este campo político anteriormente), deja augurar un potencial de transformaciones en el plano de la integración regional, que siempre ha dejado que desear en América Latina.
Paradójicamente, la región dispone de numerosos mecanismos formales de integración regional. De la Organización de Estados Americanos (OEA) a la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac), pasando por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad Andina (Can) y el Mercado Común de América del Sur (Mercosur), numerosos son los foros que han sido creados a lo largo de los años. Ahora que la izquierda está de regreso, ¿se crearán nuevos mecanismos de integración, o por el contrario se intentará potenciar los mecanismos ya existentes? Esa es la pregunta que numerosos analistas se hacen ahora.
Las respuestas no están del todo claras. Desde la perspectiva de algunos países, como México y Argentina, América Latina debería apostar a consolidar la Celac, que por el momento no es una organización internacional, que no dispone de una institucionalidad jurídica, para reforzar sus prerrogativas y así aumentar los proyectos de cooperación.
El formato de este mecanismo de integración regional, que incluye a la totalidad de los países de América Latina y el Caribe –salvo Brasil–, cuyo gobierno suspendió su participación hace unos años, tiene la particularidad de distinguirse de la OEA, que ha sido vista por buena parte de los dirigentes políticos latinoamericanos de izquierda como el brazo político de Washington en América Latina.
Sin embargo, para otros países de la región, este formato es demasiado grande (y los intereses de los países, tan diversos) para que pueda traducirse en políticas públicas concretas. De ahí la idea de algunos ex ministros de gobiernos anteriores, que tienen como objetivo recrear política y jurídicamente a la Unasur, que sí fue el objeto de un tratado internacional, que disponía de un presupuesto propio y de un secretariado permanente. En este sentido, se trataría de apostar a mecanismos de integración regional en materia de salud, defensa, energía, transición verde, entre otros, para generar economías de escala y ahorros para los gobiernos. Sin embargo, si existe una focalización en el continente sudamericano, está claro que los países centroamericanos (junto con México) se quedarían aislados de este proceso –de ahí su falta de empeño para retomar esta agenda de integración.
Otra perspectiva podría ser la del aumento de la capitalización del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, antigua Corporación Andina de Fomento). Este banco de desarrollo, del cual México forma parte como socio pleno desde hace un par de años, ha sido el único que ha aumentado su presencia y su actividad de fomento al desarrollo en América Latina tras la pandemia. Se trata de una de las pocas instituciones regionales que funcionan. En este sentido, podría ser del interés de estos nuevos gobiernos incrementar el capital del banco para que más proyectos de desarrollo puedan salir a la luz.
Ahora bien, para que todo esto pueda llevarse a cabo, es necesario que Lula gane la presidencia de la República brasileña frente a Bolsonaro. Y todavía pueden pasar muchas cosas de aquí al 2 de octubre, día de la primera vuelta.

* Director Ejecutivo del Observatorio Politico de America Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

Twitter: @Gaspard_Estrada