Habló el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, y habló claro: “no estudiamos para perseguir delincuentes”, “la seguridad interior no es responsabilidad de la Defensa Nacional ni de la Marina, es de Gobernación”, estamos cumpliendo con “funciones que no nos corresponden porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”.
El general secretario se quejó de que actualmente, en el papel que se ha asignado a las fuerzas armadas, “se está desnaturalizando” la función que deben cumplir, de ahí que el pasado jueves 8, en un desayuno con los reporteros de la fuente, don Salvador Cienfuegos preguntara: “Qué quieren los mexicanos que hagan las fuerzas armadas?  ¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”.
De lo dicho se desprende que las tareas que ahora desempeñan nuestros uniformados son anticonstitucionales o por lo menos paraconstitucionales, si cabe la palabra. Los militares reciben órdenes de un superior y se supone que deben cumplirlas, por absurdas que puedan ser. Las fuerzas armadas han estado en las calles porque recibieron órdenes de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. En ellos recae la inmensa responsabilidad de lo que está ocurriendo.
Pese a lo anterior, resultan discutibles algunos aspectos de lo dicho por el general Cienfuegos, quien refirió que “los soldados ya mejor piensan si le entran a enfrentar grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel, acusados de violar derechos humanos, o que sean procesados por desobedecer órdenes”.
En el cumplimiento de las órdenes, los soldados no tienen por qué dudar si las indicaciones que reciben están acordes con la Constitución y las leyes, pero, como dice el general secretario, ellos no estudiaron para perseguir delincuentes ni tampoco es su función. Los militares están hechos para el combate frontal y éste, cuando se realiza contra fuerzas irregulares, implica operaciones que pueden no ajustarse a lo dispuesto por la legislación.
Sin embargo, ni siquiera eso justifica que se violen derechos humanos o que se actúe al margen o por encima de las leyes, las cuales, por supuesto, al igual que todos los mexicanos, deben conocer los militares. De ahí que no parezca aceptable la solicitud de que el Congreso elabore un marco legal exclusivo para “proteger” a los militares a quienes malamente se ha inmiscuido en tareas de seguridad pública.
Lo que procede es que los uniformados regresen a sus cuarteles, lo que tendría que realizarse en forma paulatina pero debidamente programada. Pero esa decisión, por supuesto no la tomará un gobierno civil débil, sin apoyo social, sin brújula y sin ideas. Al día siguiente del discurso de Cienfuegos Zepeda, el presidente Enrique Peña Nieto salió a declarar en forma tajante que los militares seguirán cumpliendo las tareas que ahora tienen asignadas, lo seguirán haciendo porque nuestras fuerzas armadas tienen un alto concepto del patriotismo y la obediencia al superior, pero el precio será un mayor desgaste por obvias razones.
Se dice que los uniformados no pueden volver a los cuarteles porque las policías no están capacitadas, pero igualmente se puede preguntar cuándo estarán preparadas si los militares siguen haciendo su tarea, en cuyo caso resulta más cómodo para el gobierno civil dejar que transcurra otro sexenio sin entrarle a ese toro que le corresponde lidiar a Miguel Ángel Osorio Chong, según estableció el general Cienfuergos.
Para que los uniformados regresen a sus tareas constitucionales, un gobierno con mayor sentido del patriotismo tendrá que adoptar medidas radicales, como la despenalización reglamentada para uso lúdico de la mariguana y otras drogas, y no quedarse, como lo hacen ahora diputados y senadores, en las medias tintas de siempre, poniendo por delante sus miedos y conveniencias y no los intereses de México.
Si los civiles son incapaces de gobernar, si no pueden ofrecer seguridad a las personas y sus bienes, si ponen por delante sus prejuicios, las fuerzas armadas tendrán que seguir asumiendo tareas que no les corresponden, como la seguridad pública, la administración de las aduanas y todo lo que venga. Así ocurrió en el Uruguay de los años setenta hasta desembocar en un gobierno castrense.  Ojalá lo tenga presente nuestra corrupta e ineficiente clase política.