El primer año de gobierno del presidente Alberto Fernández termina en claroscuro. Después de varios años de crisis económica, y de la explosión de la deuda pública internacional a manos de su predecesor, Mauricio Macri, el regreso del peronismo a la Casa Rosada, sede la presidencia de la República Argentina, auguraba un cambio en la lógica política en ese país. En particular, porque Alberto Fernández, contrariamente a su vice presidenta, Cristina Fernández, siempre ha sido considerado como una personalidad moderada y conciliadora dentro del Partido Justicialista. Su voluntad de reagrupar las diferentes alas del principal partido político de Argentina presagiaba una respuesta rápida al principal problema del país: la economía.
El armado imaginado por los estrategas del gobierno tenía un primer objetivo: obtener una renegociación rápida de la deuda pública frente a los acreedores privados, lo que le permitiría al ejecutivo recuperar un margen de maniobra en el plano económico y así impulsar el crecimiento a corto plazo.
Sin embargo, la pandemia llegó, y trastocó fundamentalmente la agenda que Alberto Fernández tenía en mente al asumir la presidencia hace un año. Paralelamente al atraso en las negociaciones entre los acreedores privados y el gobierno, el confinamiento decidido en marzo por el presidente en aras de proteger la salud de los argentinos se tradujo en una caída consistente de la actividad económica, lo que debilitó la posición de la Casa Rosada frente a los mercados y frente a sus electores. La pobreza en Argentina alcanzó al 44.2% de la población durante el tercer trimestre del año, según la última medición del Observatorio de Deuda Social de la rgentina. Se trata del dato más alto de la década, aunque fue atenuado por la asistencia que brinda el Estado durante la crisis sanitaria. Durante el último año, la pobreza medida en subió del 40.8% al 44.2%, totalizando 18 millones de personas, dos más que en 2019. Sin embargo, los analistas de la UCA advierten que en realidad hubo un movimiento intenso de entrada y salida, y habría caído en la pobreza el 13.7% de la población, es decir unos 5.4 millones nuevos pobres. La indigencia también mostró un salto y en el tercer trimestre del año marcó 10.1%, por encima del 8.9% de 2019.
Frente a este escenario socialmente catastrófico, el Estado acrecentó sus políticas sociales. A las transferencias de ingresos, programas de empleo y ayudas alimentarias ya existentes, se sumaron mecanismos compensatorios como Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), bonos extraordinarios a las familias, así como también refuerzos extra en la entrega de carne y paquetes de alimentos para las personas de escasos recursos. El 47.4% de hogares recibió alguna de estas asistencias sociales en 2020, lo que significa que alrededor del 55.5% de los hogares percibieron alguna transferencia de ingresos o ayuda alimentaria. Para financiar estos programas, el gobierno decidió crear un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que grava por única vez los patrimonios superiores a los 2.5 millones de dólares. El porcentaje de aporte varía entre el 2% y el 3.5%, cuando la fortuna declarada ante el fisco supere los 35 millones de dólares. El Ejecutivo espera recaudar unos 3 mil 500 millones de dólares que prometió volcar a planes productivos y sanitarios.
Con estas cifras negativas en el plano económico – según la última previsión de la OCDE, el PIB tendrá una caída del 12.9%, la mayor para un país integrante del G20–, y sanitario –Argentina es el noveno país con más cantidad de casos de coronavirus, con 1.5 millones de contagios y casi 40 m il muertos– queda claro que el calendario político imaginado por Alberto Fernández caducó, a pesar de haber obtenido durante el verano el acuerdo de los acreedores privados de Argentina. Ante las elecciones legislativas de medio mandato que se avecinan (diciembre 2021), queda claro que Alberto Fernández tendrá que reinventarse.

* Director Ejecutivo del Obser-vatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada