Es conocido el maléfico control que la delincuencia organizada tiene en el transporte público en Guerrero. En cada región los transportistas viven amenazados de diferentes formas. Los delincuentes suelen extorsionarlos, les cobran piso, los amenazan, controlan muchas rutas, queman unidades del transporte público, asesinan a sus conductores e imponen sus reglas de manera brutal. También suelen movilizarlos o desmovilizarlos de manera forzada para promover sus intereses, según sus conveniencias en tiempos y territorios.
En días pasados vivimos en Acapulco una crisis generada por la desmovilización del transporte público, en la que pudimos dimensionar el poder de la delincuencia sobre la sociedad y sobre los gobiernos. Por las amenazas de la delincuencia, los transportistas decidieron parar, generando una desmovilización del transporte público, que duró casi una semana. Sí, la delincuencia organizada ha ido acumulando poder en la medida en que se ha enquistado en el gobierno, en la sociedad y en los territorios.
Es cierto que la Guardia Nacional ha estado resguardando la seguridad en esta ciudad desde el huracán Otis, pero lo que pudo hacer durante esta crisis fue sustituir a los transportistas en sus tareas, convirtiendo sus vehículos y los vehículos de las policías locales en transportes de pasajeros. La solución no la tenía la Guardia Nacional ni las policías locales o estatales, simplemente porque la solución es de carácter político.
Sabemos que tanto en el ámbito federal está establecida la Mesa de coordinación para la construcción de la paz y en el ámbito estatal está, a su vez, la Mesa de coordinación para la construcción de la paz correspondiente, que son los espacios políticos específicos que atienden los temas de la seguridad y de la violencia. Son espacios de información, de análisis y de toma de decisiones políticas relacionadas con estos temas, en los que los gobiernos federal y estatal proyectan sus respuestas ante las violencias que se desarrollan en el país y en el estado de Guerrero.
Acapulco vivió su propia crisis desde la desmovilización del transporte público; a la vez que cada ciudad y cada región tienen sus propias crisis a partir de sus propios contextos. Hay crisis de seguridad en la Sierra, en la Tierra Caliente, en las zonas Centro y Norte y también en las costas. Y, ¿qué hace la sociedad ante las crisis? Aguantarse y enojarse cada día más. Y, ¿qué hacen los gobiernos ante las crisis? Intervenir para apagarlas como si fueran bomberos con los aparatos de seguridad, ya policiacas o militares. Y así, han estado definiendo sus tareas como “apaga-crisis”, algo que condena a la sociedad a vivir siempre al borde de las crisis.
Si la delincuencia organizada está enquistada en los gobiernos, en la sociedad y en los territorios y va generando crisis, una tras otra, no puede ser abordada sólo desde los gobiernos, como hasta ahora ha sido, sino también desde la sociedad y desde los territorios. De esta forma, los gobiernos solos no han podido ni podrán manejar estas crisis, de manera proporcional, según sus dimensiones. Lo vimos ahora, cuando los elementos de la Guardia Nacional están ubicados en cada esquina de esta ciudad, su contribución no fue ni suficiente ni proporcional a la crisis que tuvimos. Sí, necesitamos a la Guardia Nacional, pero su recurso no es suficiente ni decisivo.
Los gobiernos anteriores y los actuales no han considerado la contribución de los ciudadanos, de las comunidades, de los pueblos y de las organizaciones. Han creído que ellos pueden, y han mostrado que no han podido por una razón. Sin la sociedad, los gobiernos seguirán fracasando. Las Mesas de coordinación para la construcción de la paz, la federal y la estatal, atienden los problemas sólo desde los gobiernos y no han considerado la contribución de la sociedad y han tenido actitudes de desprecio hacia las organizaciones sociales y hacia las comunidades. Un ejemplo: el que hayan tomado la Casa de la Cultura para construir un cuartel de la Guardia Nacional muestra un desprecio a la cultura y el arte como ámbitos necesarios para la construcción de la paz. ¿O creen que solo quienes utilizan las armas (policías y militares) pueden hacerlo? Es penosa esta actitud autoritaria que prolongará por tiempo indefinido la inseguridad y la violencia en el país.
Tenemos que pensar en una ruta social para la construcción de la paz, vinculada a la ruta política, para abrir caminos, de manera creativa, no sólo para lograr mayor seguridad pública sino enfocándonos verdaderamente hacia la paz.
Ya no queremos vivir así, de crisis en crisis, porque nos enferman y van socavando el alma de México, ya que la normalidad se ha convertido en vivir en el miedo, en la desconfianza y en la zozobra. Sabemos que la delincuencia siempre le ha apostado a cultivar el miedo en la población mediante sus artimañas, al grado de que ya vivimos colectivamente enfermos de miedo y hasta de terror.
¿Por qué no abrir un horizonte democrático para la construcción de paz? Un horizonte que cuente con la participación de todos; con todas las voces, con la diversidad de voces. Porque la democracia no sólo consiste en elegir a nuestros representantes, sino en participar en las decisiones que tienen que ver con el presente y el futuro de nuestro país. Vemos que los gobiernos no escuchan, ni saben ni quieren escuchar. La escucha es una base fundamental del camino hacia la democracia para entrar en un fecundo diálogo entre todos.
Por esta vía democrática, aunque haya dos estrategias, una política y otra social, vinculadas entre sí y escuchándose recíprocamente, podríamos encontrar un sendero que permitiera avanzar para mejorar las condiciones necesarias para la paz. Es necesaria una ampliación de fondo de la estrategia gubernamental, pues se basa sustancialmente en un concepto militar y policiaco de la construcción de la paz, que es demasiado restringido, para dar paso a un concepto integral de la misma.